¿Quién le ha hecho más 'conejo' a la implementación del acuerdo de paz?

Agosto 27, 2017 - 07:55 a.m. Por:
Redacción de El País 
Proceso de paz

El 26 de noviembre de 2016, el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, jefe máximo de las Farc, firmaron el Acuerdo Final de Paz.

Archivo El País

- Cese el fuego y de hostilidades
- Construcción de 26 zonas veredales transitorias de normalización.
- Movilización de los guerrilleros a esos campamentos.
- Dejación de armas.
- Inventario de bienes de las Farc.
- Entrega de menores de edad.
- Garantías de seguridad.
- Conversión de los puntos del acuerdo en Ley.
- Aplicación de amnistías e indultos.
- Estructuración y ejecución de planes de reincorporación (salud, educación, vivienda, proyectos productivos)...


La lista es tan extensa como las 310 páginas que componen ‘El acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’ firmado el 26 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá.

Ayer se cumplieron nueve meses desde entonces y aunque la comunidad internacional resalte ese documento como uno de los mejores en la historia de la resolución de conflictos y el presidente Juan Manuel Santos sostenga que la dejación de armas se hizo “en tiempo récord”, son muchos los puntos grises, según expertos, que ha dejado la primera etapa de implementación.

Libertades, a medias

La primera Ley relacionada con los acuerdos de paz aprobada fue la de Amnistías e Indulto el 28 de diciembre pasado. Se suponía que 180 días después debían estar libres los 3400 presos de las Farc. Sin embargo, los plazos se fueron ampliando hasta el 15 de agosto. Pero hoy —pasados doce días— más de mil hombres y mujeres continúan en las cárceles del país.

Los tropiezos son múltiples, según las Farc, y la mayoría recaen sobre quienes administran justicia que “dilatan las decisiones argullendo cualquier cosa”.

A esto se suma que hay decenas de casos de personas que presentan documentos diciendo que pertenecen a las Farc para obtener los beneficios cuando en realidad la organización no los ha reconocido como tal, lo que congestiona los juzgados, replica una fuente del Gobierno.

La reincorporación

El senador del Polo Iván Cepeda, quien acompañó a las Farc en el proceso de paz, sostiene que esa organización hizo “un gran esfuerzo por cumplir la palabra empeñada” y que le preocupa que hasta ahora no haya una ruta clara en materia de reincorporación, que es la que le permitirá a los excombatientes mantenerse en la vida civil. Pero el senador uribista Éverth Bustamante, dice que esa reinserción a la sociedad está por encima de los $210 billones “cuando tenemos una crisis económica gravísima que está padeciendo el país y es muy difícil tener una recuperación en cinco años”.

Jairo Estrada, de Voces de Paz, refuta esta cifra y asegura que se trata de $129,5 billones pero para 15 años, que es el tiempo que tardaría el posconflicto.

Incertidumbre por seguridad jurídica

La presencia de Voces de Paz en el Congreso, la Ley de Amnistía y la participación política de las Farc ya son ley. Pero otro listado de compromisos de paz que deberán ser incluidos como reforma a la Constitución Política, están en veremos.

”Nadie habla de la reforma a la Ley Orgánica 142 de 1994, que obliga a que durante los siguientes dos gobiernos en el Plan Nacional de Desarrollo haya un capítulo específico para la implementación de los acuerdos. Eso es fundamental porque le da sentido al proceso hasta el 2026 y obliga a que se dispongan recursos del presupuesto”. Así lo dice Jairo Estrada, representante de Voces de Paz en el Senado.

Mientras que la fundación Viva la Ciudadanía, que integra cinco organizaciones civiles, indica a través de un estudio, que de los ocho proyectos que se presentaron en enero para su estudio, solo dos (la ampliación de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección y la reforma a las regalías para la financiación del posconflicto) fueron aprobados. Los otros están pendientes (innovación agropecuaria, adecuación de tierras, reforma electoral, circunscripciones especiales de paz, eliminación del paramilitarismo).

A juicio de Estrada, la responsabilidad le cabe al Gobierno porque “es débil” al no presentar los trámites con “celeridad” y también al Congreso que, en muchas ocasiones, “ha supeditado el desarrollo de los debates a sus pretensiones”. Pero el ministro del Interior, Guillermo Rivera, asegura que “el Gobierno no tiene afán”.

Lea también: Lista de bienes de las Farc es incompleta pero histórica: Mindefensa

Estrada explica que la incertidumbre jurídica corre por cuenta de la Corte Constitucional que debe decir si lo que hasta ahora se ha aprobado es exequible o no. Pero el senador del Centro Democrático, Everth Bustamante, dice que el “Gobierno ha lesionando la Constitución Nacional, ha sacrificado la institucionalidad para cumplirles a las Farc y ellos no están cumpliendo”

Cese el fuego, lo de mostrar

El último punto acordado entre las Farc y el Gobierno Nacional en La Habana fue el del fin del conflicto, sin embargo, con este se inició la implementación del acuerdo de paz.

Establecía el fin de las confrontaciones armadas, de las hostilidades, el desplazamiento a las zonas veredales de los hombres que integraban las Farc, su dejación de armas, garantías para su seguridad y reincorporación a la vida civil.

La primera parte se cumplió: En enero pasado más de siete mil hombres de las Farc llegaron a los 26 puntos campamentarios distribuidos en doce departamentos del país y el 27 de junio pasado esa guerrilla terminó el proceso de dejación de 8112 armas, 3957 granadas de mano, 1846 minas antipersonales, según el último reporte de Naciones Unidas.

Entre tanto, sigue la destrucción de las caletas que contienen material inestable. De 900 que fueron identificadas, más de 500 ya han sido detonadas.

Además, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación conformado por Naciones Unidas, el Gobierno y las Farc, da cuenta de incidentes menores, que no han cobrado vidas humanas.

El senador Roy Barreras, integrante del equipo negociador del Gobierno, dice que este es uno de los aspectos más importantes porque “después de dos años de cese el fuego, el número de muertos por cuenta del conflicto con las Farc es cero, las salas del Hospital Militar, después de muchas décadas, están vacías”.

Sin embargo, el tema de la seguridad para los excombatientes “ha sido un desastre”, según Rafael Guarín, exviceministro de Defensa Nacional, quien indica que desde 2016 cuando se inició la implementación de los acuerdos, han sido asesinados 180 líderes sociales. Mientras que la Defensoría del Pueblo da cuenta de 50 homicidios en lo que va corrido de este año.

“Pareciera que el Gobierno se ha quedado corto en lo que tiene que ser la garantía del derecho a la vida y las libertades porque estos de asesinatos han ocurrido en las zonas donde tenía presencia alta las Farc”, dice.

Precisamente, Santiago Cepeda, quien dirigió el frente urbano Manuel Cepeda Vargas, cuestiona permeabilidad de las bandas criminales y de paramilitares a lo que fueron las zonas veredales.

“Nosotros estuvimos todo el tiempo en esos territorios, cuando se fijaron las zonas se suponía que la Fuerza Pública iba a tener unos anillos de seguridad por eso no entendemos cómo llegó esa gente a unas zonas donde no estaban”, se pregunta Cepeda.

Bienes, reparación y narcotráfico, en gris

Las Farc tenían plazo hasta el 15 de agosto para entregar el inventario de bienes. Y esperaron hasta la medianoche de esa fecha para hacerlo llegar a la Fiscalía General de la Nación. Ocho días después, el país se sumió en un escándalo por cuenta de un informe que presentó el fiscal Néstor Humberto Martínez en el que le alertó al Gobierno Nacional que “ese documento se caracteriza por la indeterminación de los activos relacionados”.

En la carta, el jefe del órgano investigador relacionó vasos, platos, escobas, traperos, cirugías, hasta construcción de vías y hasta sal de frutas, lo que generó malestar en diferentes círculos del país.

Dos días después ‘Pastor Alape’, uno de los jefes de las Farc, en rueda de prensa, aseguró que los bienes identificados ascienden a cerca de un billón de pesos y que “no procede ridiculizar la presencia de determinado tipo de bienes y más aún magnificarla de manera malintencionada”. Y aseguró que “las Farc hemos continuado cumpliendo de manera estricta con lo acordado”.

Sin embargo, Rafael Guarín, exviceministro de Defensa, aseguró que esta es una muestra más de que las Farc no están cumpliendo y que el Gobierno debe tomar correctivos.

Además, preguntó por la razón para que se protejan los bienes individuales de esa organización y solo se presente un listado de bienes colectivos, así como los activos en el exterior.

Pero el senador Roy Barreras rescató que por primera vez se haga esa lista, pese a la polémica que se formó: “Hay mucha hipocresía en eso. Yo no he visto que un grupo armado haya entregado un listado nunca, pero también es cierto que personajes ’ejemplares’ que todos los días mienten en sus propias declaraciones de renta hoy se rasgan las vestiduras porque una organización ilegal durante 52 años entrega un listado incompleto. Eso nunca se le exigió ni a los paramilitares ni al M-19 ni al EPL ni a nadie”.

Sobre la actitud del Fiscal, Barreras indicó que Néstor Humberto Martínez es la “cabeza del ente acusatorio y su papel es ese: acusar, investigar, poner en duda para que la justicia determine la verdad”.

Sin embargo, el senador del Centro Democrático, Éverth Bustamante, dijo que las Farc tradicional e históricamente le han mentido al país. “Ellos no pueden ser tomados como un referente de verdad, han estado asociados a la ilegalidad y a la violencia contra el pueblo colombiano. Eso por lo menos a mí me genera dudas de su comportamiento”.

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