¿Quién debería custodiar a los desmovilizados de las Farc?

Mayo 01, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
¿Quién debería custodiar a los desmovilizados de las Farc?

Los desmovilizados de las Farc ascenderían hasta 17 mil, pero solo los jefes tendrían escolta personal.

La pregunta ya trascendió la mesa de diálogos de La Habana y se la están haciendo miembros de las Farc en Colombia, el Gobierno, expertos en seguridad y hasta la Fuerza Pública.

¿Y ahora quién podrá defender a los guerrilleros desmovilizados? La pregunta ya trascendió la mesa de diálogos de La Habana y se la están haciendo  miembros de las Farc en Colombia, el Gobierno, expertos en seguridad y hasta la Fuerza Pública.

Solo que desde la semana pasada todas las miradas están en la Unidad Nacional de Protección, UNP, ya que su director, Diego Fernado Mora, estuvo en la isla contándoles  a los negociadores de la guerrilla cuál es la estructura de la entidad, su naturaleza jurídica y cómo funciona la ruta de protección de las poblaciones a las que cuidan.

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“Todavía nadie sabe, ni siquiera en la mesa, cuántos serán los desmovilizados que necesitarán algún esquema de protección”, sostiene Mora para advertir que todo será especulación hasta que la Subcomisión de Seguridad de La Habana no defina si en efecto esa tarea será encomendada a la UNP.

Sin embargo, asegura que la entidad “en su estructura, perfectamente puede asumir la administración y la operación de los esquemas que se necesiten”, partiendo de la base de que llegado el  momento “se tendrá que analizar cuáles son los elementos logísticos adicionales y el personal que se necesita” para realizarlo.

Todo porque si bien los $460.000 millones que suma el presupuesto de la Unidad para este año alcanzan para financiar a los 3300 escoltas que prestan sus servicios a cerca de 7500 protegidos con medidas fuertes o blandas, serían insuficientes para cuidar a los reinsertados que varios estimativos cifran hasta en 17.000.

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, sostiene que es claro que “los jefes de las Farc, como ‘Pablo Catatumbo’ o ‘Timochenko’,  van a tener esquemas de protección individuales o sino no duran vivos un día después de dejar las armas”.

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Calcula que ese sistema de seguridad tendría que cubrir al menos a un centenar de líderes guerrilleros y que, tal como ocurrió cuando se dio la desmovilización del M-19, el Quintín Lame o la Renovación Socialista, es imprescindible que  en  él se incluyan como escoltas a  algunos desmovilizados.

“Obvio que ellos van a meter su gente de confianza. Ahora, el tema es que lo combinen, que tengan dos de ellos y dos del mundo civil”, de la UNP, explica y precisa que esos esquemas personales tendrían que mantenerse al menos por  cinco o seis años e involucrarían a cerca de 500 reinsertados.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, coincide con Ávila en la necesidad de convertir a exguerrilleros en escoltas, pero difiere en que cree que el resto del equipo  debería estar conformado por miembros de la Fuerza Pública, porque, dice, la UNP está capacitada para amparar a los desmovilizados  en  la ciudad, “pero no tiene experiencia para proteger a los que estén en zonas rurales ni para protegerlos a través de esquemas colectivos”.

Plantea entonces que estos últimos deberían encargarse de manera conjunta a Policía y Ejército, “bajo el mando rotativo de hombres de las Fuerzas Militares, que es como se han hecho esos esquemas de protección antes”.

“Yo no creo que haya ningún recelo por parte de las Farc para que hombres de la Fuerza Pública les brinden seguridad. Si hay alguien en quien confían las Farc son las FF. MM. porque han sido sus enemigos y las conocen muy bien”, argumenta Restrepo, antes de precisar que esa tarea debe contar “con protocolos claros, a través de unas jerarquías establecidas y con el monitoreo y acompañamiento de la ONU”.

Sin embargo, aunque ambos analistas minimizan el hecho de que los desmovilizados que pasen a ser escoltas vuelvan a portar armas -dado que serían de corto alcance y legales-, la iniciativa tiene contradictores.

Jhon Marulanda, experto en seguridad, sostiene que “el objetivo final de este proceso de paz es convencer a las Farc de que depongan las armas, entonces no sería entendible que ellos mismos vayan a tener armas para garantizar su propia seguridad. Eso quiere decir que seguirían intimidando con ellas donde dicen que tienen influencia y más cuando vayan a hacer política”.

Según él, el problema más grave que enfrentará la guerrilla en materia de seguridad, una vez se desmovilice, es que “no solo es que no las quieren, sino que, debido a los desafueros que han cometido, tienen muchos enemigos incluso en los territorios que ellos consideran que dominan. Al estar allí sin las armas con las cuales han intimidado a tanta gente, lo que se ve es un ánimo revanchista y de linchamiento contra quienes por tanto tiempo se metieron a la fuerza a comunidades enteras”.

Así las cosas, la seguridad de los desmovilizados no deberá pasar solo por rígidos esquemas de protección sino por un cambio de actitud de todos los actores involucrados en el conflicto.

A la expectativa

”Los esquemas de protección son individuales y están diseñados para proteger  a la persona  beneficiaria, ya sea que estén en la ciudad o vayan al campo”, aseguró el director de la UNP, Diego Fernando Mora, al controvertir la hipótesis de que su experticia es solo urbana.

También aclaró que la seguridad en las zonas  de concentración de los desmovilizados no estaría a cargo de esa entidad.

Según el funcionario, en caso de que la mesa de La Habana decida que la Unidad  será la encargada de custodiar a los desmovilizados, esta tendría que recibir recursos de cooperación internacional o del Ministerio de Hacienda.

El caso del M-19

“En los procesos de paz desarrollados en  los años 90 (M-19, EPL y otros) se acordaron esquemas de seguridad compartidos, esto es con exguerrilleros ya desmovilizados (de buena formación política y militar) y  escoltas del Gobierno, del DAS en ese momento”.

De esta manera recuerda Diego  Arias, excombatiente del M-19, cómo se diseñó y ejecutó el sistema de protección para los integrantes de ese grupo subversivo.

En su opinión, “es razonable convenir estos esquemas conjuntos, puesto que generan confianza, especialmente en la guerrilla, pero debe ser claro que se trata de una labor profesional, debidamente reglamentada en cuanto a la prestación de este vital servicio  y adscrita a una entidad del Estado”.

Arias también plantea que “esto es parte de garantizar la vida y la acción política de una guerrilla ya desarmada, pero no es suficiente. Sino, ¿cómo es que pudieron matar a Carlos Pizarro dentro de un avión y con una fuerte escolta conjunta?”.

Algunos datos de prensa indican que para la época el excomandante del M-19 contaba con cerca de nueve escoltas, y que otros quince integrantes de esa guerrilla, de un total de 900 desmovilizados, habían recibido protección de parte del DAS, incluyendo escoltas oficiales y exsubversivos.

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