¿Qué tan viable es elevar el texto final de paz a un acuerdo especial?

Expertos explican implicaciones que tendría esa decisión que busca blindar lo pactado en La Habana.

El consenso en La Habana (Cuba) entre los negociadores del Gobierno y las Farc  para blindar el Acuerdo de Paz a que se llegue, despertó  inquietudes  en  juristas, quienes hablan sobre la legitimidad de la estrategia. Lea también: Siete claves para entender el mecanismo que 'blinda' los acuerdos de La Habana.

El punto álgido tiene que ver con la introducción de un artículo nuevo, transitorio, en el proyecto de Acto Legislativo que cursa en el  Congreso  para implementar los acuerdos, y que ya va en séptimo debate en la Cámara de Representantes.  Dicho artículo establece que el Acuerdo para la terminación del Conflicto es un Acuerdo Especial en los términos del artículo tercero común a los Convenios de Ginebra.  El peligro para la estrategia del Gobierno consistiría en la inclusión de ese artículo sin que haya sido debatido antes. Esto podría generar un vicio de forma que haría inevitable que la Corte Constitucional tumbara dicho cambio.  Sobre este punto, hay sectores que indican que sí hubo algún debate al respecto durante la primera vuelta, pero para otros, no solo se trata de una disposición que viene ordenada desde Cuba, marginando la discrecionalidad del Congreso, sino que no pasa de meras constancias.  Así lo cree que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, para quien   ya hay  jurisprudencia marcada en estos casos.  Pero, para Ibáñez, el problema de este blindaje jurídico es que los acuerdos de paz no son un “acuerdo especial” porque estos versan sobre el incremento del umbral de protección de las víctimas y la población civil en un conflicto interno (no internacional) como el colombiano, tal y como señala el Artículo 3 común de los Convenios de Ginebra.  “Un Acuerdo Especial es una figura del Derecho Internacional Humanitario que tiene que ver con conflicto no internacional y tiene como propósito ampliar el umbral de protección de la víctima. Es cualquier acuerdo a que se llegue entre las partes en un conflicto sobre temas a la protección de las víctimas. Por ejemplo, lo de los derechos de la víctimas sí haría parte pero no el narcotráfico, las tierras, ni el tema del modelo económico o el tema de las estructuras jurídicas para los juicios”, dijo Ibáñez.  Contrario opina el exfiscal  Eduardo Montealegre, quien celebró los alcances del blindaje jurídico ya que se trata, prácticamente, de la misma posición que plasmó en la demanda ante la Corte Constitucional a fin de que esta eleve a la categoría de tratado internacional el Acuerdo para la Terminación del Conflicto.  “La decisión me da la razón en el sentido de que la naturaleza de los acuerdos de La Habana  es la  de especiales según el DIH y que firmados los acuerdos, se trata no solo de hechos políticos, sino jurídicos y que estos acuerdos van a entrar en el ordenamiento jurídico  como normas constitucionales”, aseguró.  Para Montealegre, esta fórmula no vulnera la Constitución puesto que  antes de entrar en vigencia, los acuerdos deberán pasar por el control de la Corte Constitucional.  Lo mismo opina el expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, para quien el sometimiento de los acuerdos y de posteriores leyes ordinarias que los desarrolle al control de la Corte, protege la iniciativa.   Además, precisó que no se estaría introduciendo en la Constitución nada que afecte la garantía de brindar justicia.  “Las normas que rigen el DIH no amparan en ningún caso los delitos de lesa humanidad, ni los crímenes de guerra, de manera que no quedan incluidos. Ni se desconoce la Constitución Política, ni se está garantizando impunidad”, aseguró Beltrán.  Quien considera lo contrario es el Procurador General, Alejandro Ordóñez. Esa postura se ve plasmada en la  carta que dirigió al presidente Juan Manuel Santos en la que asegura que se está prácticamente haciendo una Constituyente desde La Habana, y dándole un status constitucional a una organización guerrillera responsable de genocidios, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, así como del cultivo, fabricación y exportación de droga a todo el  mundo.  Al exmagistrado Augusto Ibáñez, quien fuera uno de los negociadores por Colombia para firmar el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, este blindaje lo deja  preocupado.  “Yo soy afecto al diálogo,  a los procesos de paz. Pero en este caso estoy muy preocupado porque se esta realizando una gestión que no tiene fundamento y que está imponiendo sus decisiones de manera unilateral porque la contraparte de las Farc, desde el punto de vista político, es el pueblo colombiano que opina, manda o decide sobre lo que está pasando allá”, dijo.