¿Qué se pactó en La Habana? Recuento de los acuerdos para alcanzar la paz

Agosto 24, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Alfonso Ospina Torres | Editor de Colprensa
¿Qué se pactó en La Habana? Recuento de los acuerdos para alcanzar la paz

Las negociaciones para pactar los acuerdos que ponen fin al conflicto con la guerrilla de las Farc iniciaron en 2012. A la mesa fueron invitados en su momento expertos en los distintos temas a negociar.

Conozca el abecé de los acuerdos en Política de tierras y desarrollo agrario, participación política de las Farc, Narcotráfico y cultivos ilícitos, Víctimas y justicia transicional y Fin del conflicto y refrendación.

La firma de fin del conflicto entre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño alias Timochenko, le pone punto final a una agenda trazada en el 2012 bajo el nombre del 'Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz duradera'.

La existencia de ese documento permitió mantener un orden en la negociación que durante más de tres años sostuvieron las delegaciones del Gobierno y de las Farc (en Noruega y en Cuba) para buscar una salida a un conflicto armado que inició hace más de medio siglo.

La Agenda fue el resultado de los encuentros exploratorios y secretos (también con sede en La Habana) que precedieron al diálogo formal y en cuyo desarrollo tuvieron especial incidencia el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, y el hermano del presidente, Enrique Santos Calderón.

Esos contactos fueron adelantados desde el 23 de febrero de 2012 y se hicieron públicos el 26 de agosto de ese año, cuando el acuerdo de negociación fue firmado por dos delegados plenipotenciarios del gobierno colombiano: Frank Pearl y Sergio Jaramillo; seis delegados plenipotenciarios de la guerrilla (Mauricio Jaramillo, Ricardo Téllez, Andrés París, Sandra Ramírez, Marco Calarcá y Hermes Aguilar); cinco testigos nacionales (Enrique Santos, Álvaro Éder, Jaime Avendaño, Lucía Jaramillo y Elena Ambrosi) y cuatro testigos internacionales (los cubanos Carlos Fernández y Abel García y los noruegos Dag Halvor Nylander y Vegar Brynildsen).

Todos ellos avalaron el documento que se ha discutido desde entonces y que tenía los siguientes seis puntos por resolver: (1) Política de desarrollo agrario integral; (2) Participación política; (3) Fin del Conflicto; (4) Solución al problema de las drogas ilícitas; (5) Víctimas e (6) Implementación, verificación y refrendación. Finalmente, los acuerdos 3 y 6 se unieron en la presentación y redacción del documento. 

Los puntos no se estudiaron en ese mismo orden, sino que se fueron resolviendo de la siguiente manera:

Fue firmado, luego de anunciar la primera tregua unilateral de las Farc, el 26 de mayo de 2013. Sus aspectos fundamentales son definir el acceso y uso de la tierra, la formalización de la propiedad, establecer una frontera agrícola y promover la protección de zonas de reserva, así como generar programas de desarrollo con enfoque territorial y mejorar la infraestructura y adecuación de tierras. 

También propone potenciar el desarrollo social basado en la salud, educación, vivienda y la erradicación de la pobreza y brindar estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa mediante la asistencia técnica, subsidios, créditos, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral.

"Lo que hemos convenido en este acuerdo será el inicio de transformaciones radicales de la realidad agraria de Colombia. Está centrado en la gente, el pequeño productor, el acceso a la tierra, la lucha contra la pobreza, el estímulo del campo. Busca que los habitantes del campo sin tierra, o con tierra insuficiente, pueda acceder a ella con el Fondo de Tierras para la paz", leyó en ese entonces Carlos Fernández de Cossio, representante del gobierno de Cuba en la mesa de diálogos.

Entre los aspectos clave de este acuerdo están:

Fondo de tierras para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y plan masivo de formalización de la propiedad para aquellos que tienen tierra pero no escrituras.

Actualización y modernización del catastro rural, y que el uso de la tierra concuerde con su vocación.

Protección de las áreas de especial interés ambiental.

Jurisdicción agraria para resolver conflictos entorno a la tierra.

Infraestructura, vías terciarias, distritos de riego y drenaje, electrificación y conectividad a internet. Salud, educación, acceso a crédito, vivienda y agua potable.

Lea el acuerdo sobre política de tierra y desarrollo agrario

Fue anunciado el 6 de noviembre de 2013, con un documento en el que quedaron firmados los derechos para el ejercicio de la oposición política en general y las garantías de protección a guerrilleros que se vinculen a la democracia. 

Entre esos acuerdos alcanzados se encuentran las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, una forma de participación para promover la inclusión de zonas especialmente afectadas por el conflicto, de manera que tengan una representación de sus intereses en el Congreso de la República; la creación de una comisión para el estatuto de garantías y de una misión de expertos para que evalúe la organización y el régimen electoral en el país.

Es considerado el acuerdo más espinoso del proceso de paz, por las curules que recibirían miembros de las Farc en el Congreso.

"Este acuerdo expone las garantías de la participación, las curules que tendrán los miembros de las Farc que participen en política y las condiciones en las cuales se llevará a cabo el tránsito hacia la vida en política por parte de los subversivos", dijo el jefe negociador Humberto de la Calle en noviembre del 2013.

Los puntos clave de este acuerdo son:

Facilitar la creación de nuevos partidos políticos, sin poner en riesgo los avances en la consolidación del sistema de partidos.

Fortalecer los mecánismos para promover la transparencia en los procesos electorales así como promover una mayor participación electoral.

Creación de Circunscripciones transitorias especiales de paz en las regiones más golpeadas por el conflicto, para garantizar una mejor integración de estas zonas y una mayor inclusión y representación política de sus pobladores.

Busca que nadie pueda utilizar las armas para promover o silenciar una causa política y que quienes las hayan dejado para transitar a la política tengan todas las garantías de que no serán objeto de violencia.

Fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales y creación de un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia.

Lea el acuerdo sobre participación política aquí.

Se hizo público el 16 de mayo de 2014. Incluye convenios sobre desminado, entrega de rutas, nueva política anti-restitución y estrategias para bajar el consumo de drogas. Se estipula dar vía libre al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, para eliminar de manera definitiva y sostenible ese tipo de sembradíos.

Así mismo, se acordó crear una política que concentre sus capacidades en la investigación, judicialización y sanción de los delitos asociados a cualquier organización criminal relacionada con el narcotráfico, en especial aquellas que en los territorios constituyan una amenaza para la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

Se propuso la creación de una nueva estrategia contra los activos involucrados en el tráfico de drogas y el lavado de activos, que incluya "el mapeo de la cadena de valor del narcotráfico sobre la base de un nuevo modelo, basado en el trabajo de un grupo de expertos".

También se creará un nuevo estatuto de prevención y lucha "contra las finanzas ilícitas"; rediseño de nuevas instancias de "investigación, supervisión o control financiero de las redes de crimen organizado asociadas al narcotráfico", una campaña contra el lavado de activos; y una estrategia para garantizar la aplicación de la extinción de dominio.

Los puntos clave de este acuerdo son:

Creación del Programa Nacional Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo de la mano de las comunidades afectadas por los cultivos y con las autoridades nacionales, departamentales y locales.

Este programa será un capítulo especial dentro del acuerdo de Reforma Rural Integral, ya que hace parte de la inclusión social del campo colombiano a nuevas dinámicas de desarrollo.

Creación de una estrategia integral para desarticular y judicializar, de manera focalizada, las redes de narcotráfico en el territorio.

Fortalecer la lucha contra el lavado de activos en todos los sectores de la economía y establecer estrictos controles a la producción y tráfico de insumos para la producción de narcóticos.

Plantear nuevas acciones de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico.

Lea aquí el acuerdo sobre sustitución de cultivos ilícitos

Fue firmado inicialmente el 23 de septiembre de 2015, pero ratificado el 15 de diciembre, pues el primer texto dejó muchas dudas, fue anunciado de manera prematura y necesitó una larga discusión adicional.

Ese acuerdo habla de la adopción de un sistema de Justica Transicional que cobijará a guerrilleros, agentes del Estado y civiles; obliga a la declaración de verdad sobre lo sucedido en el conflicto y pone como objetivo satisfacer los derechos de las víctimas sobre verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición.

La Jurisdicción crea una serie de salas de justicia, para los temas de amnistía e indulto y un tribunal para la paz, que se encargará de administrar justicia e investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

A petición de las Farc y el Gobierno, los magistrados del Tribunal de Paz serán escogidos por el secretario general de la ONU, Ban-ki Moon, el Papa Francisco, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional, ICTJ, y la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado. 

Los puntos clave del acuerdo son:

El reconocimiento de las víctimas: Es necesario reconocer a todas las víctimas del conflicto, no solo en su condición de víctimas, sino también y principalmente, en su condición de ciudadanos con derechos.

El reconocimiento de responsabilidad: Cualquier discusión de este punto debe partir del reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto. No vamos a intercambiar impunidades.

Satisfacción de los derechos de las víctimas: Los derechos de las víctimas del conflicto no son negociables; se trata de ponernos de acuerdo acerca de cómo deberán ser satisfechos de la mejor manera en el marco del fin del conflicto.

La participación de las víctimas: La discusión sobre la satisfacción de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario con ocasión del conflicto, requiere necesariamente de la participación de las víctimas, por diferentes medios y en diferentes momentos.

El esclarecimiento de la verdad: Esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto, incluyendo sus múltiples causas, orígenes y sus efectos, es parte fundamental de la satisfacción de los derechos de las víctimas, y de la sociedad en general. 

La reparación de las víctimas: Las víctimas tienen derecho a ser resarcidas por los daños que sufrieron a causa del conflicto. Restablecer los derechos de las víctimas y transformar sus condiciones de vida en el marco del fin del conflicto es parte fundamental de la construcción de la paz estable y duradera.

Las garantías de protección y seguridad: Proteger la vida y la integridad personal de las víctimas es el primer paso para la satisfacción de sus demás derechos.

La garantía de no repetición: El fin del conflicto y la implementación de las reformas que surjan del Acuerdo Final, constituyen la principal garantía de no repetición y la forma de asegurar que no surjan nuevas generaciones de víctimas.

Principio de reconciliación: Uno de los objetivos de la satisfacción de los derechos de las víctimas es la reconciliación de toda la ciudadanía colombiana para transitar caminos de civilidad y convivencia.

Enfoque de derechos: Todos los acuerdos a los que lleguemos sobre los puntos de la agenda y en particular sobre el punto 5 'Víctimas' deben contribuir a la protección y la garantía del goce efectivo de los derechos de todos y todas.

Lea el acuerdo sobre víctimas aquí

El último acuerdo conocido, el 23 de junio pasado, definió que la ONU recibirá la totalidad de las armas de las Farc así: en los primeros 60 días el armamento hechizo y los explosivos y en 180 días, el resto. Que los guerrilleros se van a ubicar en  23 “zonas veredales transitorias de normalización” y ocho puntos transitorios de normalización, donde adelantarán la dejación de las armas y preparan su proceso de reintegración. Así mismo, la ONU encabezará un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación con delegados del Gobierno Nacional y las Farc. 

Y también incluye medidas de seguridad y protección como: Pacto político nacional, Comisión nacional de garantías de seguridad, Unidad judicial especial, Cuerpo élite de la Policía Nacional, Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, Instrumento de prevención y monitoreo de las organizaciones criminales, Mecanismo nacional de supervisión e inspección territorial a los servicios de vigilancia y seguridad privada, Medidas de prevención y lucha contra la corrupción.

A partir del día en que se firme el acuerdo final de paz, las tropas de las Fuerzas Armadas reorganizarán sus esquemas de operación para permitir que los guerrilleros procedan a concentrarse en esas zonas. Según lo estipulado, cinco días después, se iniciaría esa movilización de las fuerzas de la guerrilla hacia los sitios acordados en todo el país.

Puntos clave sobre el acuerdo: 

?Lea aquí el acuerdo de fin del conflicto

Acuerdos de confianza

Además de los puntos de la agenda original, en casi cuatro años de negociaciones, las partes también llegaron a acuerdos especiales, sobre el desminado humanitario (del que se adelantan dos planes piloto, con asesoría de Noruega), firmado el 7 de marzo de 2015; sobre la búsqueda e identificación de desaparecidos (con liderazgo de Medicina Legal), firmado el 18 de octubre pasado; y sobre la desvinculación de menores de edad de las filas guerrilleras, firmado el 15 de mayo de este año.

 

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