Procuraduría pide a la Corte dar aval a 'Ecomun', la cooperativa de las Farc

Julio 08, 2017 - 01:13 p.m. Por:
Colprensa
Actos culturales 53 años Farc 2

Cerca de 200 personas conmemoraron en La Elvira el aniversario 53 de la guerrilla.

Foto: Raúl Palacios | El País

Por considerarla urgente y necesaria para promover el proceso de reincorporación de los integrantes de las Farc, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que dé su visto bueno a la recién creada organización de Economías Sociales del Común, Ecomun.

Así lo indicó en concepto enviado a la Corte Constitucional que actualmente estudia el Decreto Ley 899 de 2017 que crea una serie de medidas para la reincorporación económica y social, colectiva e individual, de los integrantes de las Farc que hagan su tránsito a la vida legal.

“En consideración a que la organización de que tratan los mencionados artículos estará sujeta a la regulación vigente en materia de organizaciones solidarias y será vigilada por la Superintendencia Nacional de Economía Solidaria, las disposiciones precedentes se encuentran ajustadas al ordenamiento constitucional”, dice el documento.

El decreto establece, por ejemplo, las medidas para la reincorporación de menores de edad, así como la entrega de un beneficio de 2 millones de pesos que se dará, una sola vez, a cada guerrillero desmovilizado una vez finalicen las Zonas Veredales Transitorias de Normalización.

Lea también: 'Estos son algunos de los decretos de los acuerdos de paz que revisará la Corte'.

Igualmente, dispone una renta básica por dos años, equivalente al 90 % de un salario mínimo, para cada uno de los guerrilleros, una vez que se surta el proceso de tránsito a la vida legal, así como estándares para la cotización al sistema de seguridad social en salud, entre otros.

“El Ministerio Público estima que se trata de una medida justificada en consideración a que los miembros de las FARC-EP son personas, que en su mayoría, no han tenido oportunidades laborales ni de formación educativa, lo cual reduce considerablemente las opciones de que generen los ingresos básicos para su subsistencia en un periodo inmediatamente posterior a la dejación de armas y a la reintegración a la vida civil, por lo que en aras de garantizar los derechos de dicha población y sus familias, el Estado acordó entregar un apoyo económico para la subsistencia en condiciones dignas mientras reciben algún tipo de formación que les permita ser competitivos en el mercado laboral”, agrega el concepto.

La Procuraduría estimó que el decreto no tiene vicios de formación y que estas medidas buscan materializar el Acuerdo de Paz alcanzado con las FARC.

VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad