Procuraduría intercede para que acto legislativo de creación de la JEP sea aprobado

El viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés, le solicitó a la Corte Constitucional que apruebe el Acto Legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz.

"La Justicia Especial para la Paz es un mecanismo necesario para avanzar en la implementación de los acuerdos y en la construcción de una paz estable y duradera", dijo.

Para Cortés, el análisis que haga la Corte debe tener en cuenta las particularidades del proceso de paz y las condiciones del tránsito necesario hacia la Paz.

De la misma manera, el funcionario señaló: "se ha solicitado que se eliminen los condicionamientos que existen para la participación del Ministerio Público en la defensa de las víctimas dentro del proceso de paz". 

La Procuraduría General de la Nación también le solicitó a la Corte Constitucional que avale en términos generales el decreto 898 de 2017, que reestructura la Fiscalía General de la Nación de cara al posconflicto.

Ese decreto crea al interior de la Fiscalía la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, "que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o políticos (...) o contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo".

Esto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final alcanzado con las Farc, que implica la reestructuración de la Fiscalía creando las delegadas para las Finanzas Criminales, contra las organizaciones criminales y fortaleciendo el CTI, para unificarlo a nivel nacional, entre otros.

Según explicó el propio Fiscal General, el primero de junio pasado, la Unidad quedó adscrita a su despacho, "tendrá autonomía para decidir sus líneas de investigación", podrá hacer comités y contará con 5100 fiscales y 8144 investigadores.

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En concepto enviado a la Corte, el Procurador Fernando Carrillo aseguró que el decreto cumple con los requisitos formales y es acorde a la Constitución todos los puntos relacionados con la puesta en marcha de la Unidad, salvo un aparte del artículo 24 donde se señala que los recursos para su funcionamiento deberán ser aportados por el Gobierno en el presupuesto anual de la Fiscalía, el cual se discute en el Congreso.

La Procuraduría estima que es contrario a la Ley orgánica imponerle una orden a la preparación del Presupuesto General y, por eso, pidió tumbar ese artículo en particular.

Para el Ministerio Público, se debe entender que la autonomía que tendrá la Unidad para investigar está enmarcada en la subordinación de la misma al Fiscal y pidió a la Corte condicionar la norma para que no se pueda entender de ninguna otra manera.

El estudio automático de este decreto está en manos del magistrado Alberto Rojas Ríos.