¿Por qué el Gobierno no acaba los diálogos de paz con el ELN?

¿Por qué el Gobierno no acaba los diálogos de paz con el ELN?

Febrero 18, 2018 - 08:48 a.m. Por:
Colprensa
Diálogos de paz con el ELN

Los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN se iniciaron, en Quito, Ecuador, el 7 de febrero de 2017. En ese entonces y durante once meses los lideró el exministro Juan Camilo Restrepo, quien renunció y fue reemplazado por el exvicepresidente Gustavo Bell.

EFE/ El País

Los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Gobierno Nacional están en su peor momento y, todo indica que nada ni nadie los puede salvar.

Así quedó demostrado esta semana cuando, pese al clamor del mandatario de Ecuador, Lenín Moreno, y del nuncio apostólico, Ettore Balestrero, en sus visitas a Colombia, el presidente Juan Manuel Santos se reafirmó en la posición de mantener las negociaciones suspendidas y de seguir combatiendo militarmente a esa guerrilla.

Santos ha sido enfático en que le ha exigido a ese grupo armado “que tenga un mínimo de coherencia entre sus palabras de paz y acciones”, y en que “mientras no exista esa mínima coherencia por parte del ELN, reanudar los diálogos va a ser muy difícil”.

No obstante la contundencia de los mensajes, el Gobierno no se atreve a romper definitivamente los diálogos en Quito, pese a que de manera tácita indica que volver a la mesa es prácticamente imposible.

Y es que desde la culminación del cese al fuego bilateral el pasado 9 de enero, el ELN ha realizado múltiples ataques a la población civil y las Fuerzas Militares. Además, acaba de realizar un paro armado en el que se cometieron más de 20 acciones delictivas, principalmente en los departamentos de Cesar, Antioquia, Norte de Santander, Arauca y Cauca.

Fueron los atentados contra tres estaciones de Policía en la Costa Caribe que dejaron como saldo siete personas muertas y más de 40 heridas, los hechos que más generaron rechazo entre la ciudadanía y lo que llevó al Jefe de Estado a suspender los diálogos el pasado 29 de enero.

Desde entonces, tanto la guerrilla como Santos no han dado muestras de pretender retomar las negociaciones en la capital ecuatoriana.

Pero, ¿cuál o cuáles son las razones que tendría el presidente Santos para no romper definitivamente con estos diálogos? Esa es la pregunta que se hacen desde varios sectores del país, que no logran entender que, aunque las conversaciones estén suspendidas, se mantenga la mesa en Quito.

Para los analistas políticos y en temas de seguridad, los motivos del Gobierno van desde costos políticos e históricos hasta presionar en el terreno militar para obligar al ELN a firmar un acuerdo.

Para el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, cuando Santos anunció la suspensión buscaba evitar “el peso histórico que significa una ruptura total del proceso de paz. En este punto, suspensión significa que el Gobierno se levanta de la mesa definitivamente, pero no lo dice porque no va a cargar con esa responsabilidad, pero es muy difícil que en este punto se continúen las negociaciones”.

Esta afirmación se ha ido ratificando con el pasar de los días. Recientemente, integrantes del frente Domingo Laín Sáenz, que se movilizaban en una motocicleta, interceptaron a un uniformado que desayunaba en un restaurante ubicado en el barrio La Unión, de Arauca, y le dispararon en repetidas oportunidades causándole la muerte.

Ante ese hecho, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que mientras el ELN continúe cometiendo acciones violentas contra la población civil y sin pactar un nuevo cese al fuego, las Fuerzas Militares seguirán persiguiendo y combatiendo a sus militantes.

Vicente Torrijos, analista político, dice que esta actitud del Gobierno Nacional significa que tiene la esperanza de que puede hacer lo mismo que pasó con las Farc en su momento, que “pese a los ataques, al final pudieron sacar adelante el Acuerdo de Paz.

“Sin embargo, cualquier pacto que se firme en estas condiciones es defectuoso, porque sería bajo los efectos de un condicionamiento, donde a mayor aplicación de fuerza por parte del grupo armado ilegal, más concesiones obtendría del Estado”, agrega.

Torrijos considera que el Mandatario no ha cancelado el proceso de paz definitivamente, porque pretende “terminar su gestión con dos acuerdos de paz vivos y con el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo. Es una especie de obsesión por la paz y así lo ha denominado el mismo Presidente. El Gobierno siente que si ahora se decide por la mano dura desdibujaría la paz que siempre ha defendido”.

Barranquilla Atentado

El pasado 27 de enero, la guerrilla del ELN atentó contra una estación de Policía en el barrio San José, en Barranquilla. Siete policías murieron.

Colprensa

Para el experto, cerrar definitivamente la puerta al proceso de negociación tendría un alto costo político para Santos, porque ha construido su nombre y concentrado sus esfuerzos alrededor de la paz.

“Pese a que las encuestas no lo favorecen, el Presidente insiste en hacer el último esfuerzo por continuar con su bandera, pero con esto está afectando la seguridad ciudadana, la infraestructura y las zonas fronterizas, porque hay mucha injerencia de Venezuela en las acciones del ELN”, añade.

Mauricio Jaramillo, experto en temas políticos, opina que el Gobierno tiene argumentos válidos para no dar por terminada la mesa, porque convencer a la sociedad de este proceso y conseguir una mediación como la de Ecuador no es fácil.

“El Gobierno está tratando también de presionar al ELN, como ellos lo están haciendo, para luego sentarse a negociar, porque les queda poco tiempo para hacerlo. Santos no ha dado por terminado el proceso, porque quiere hacer el último esfuerzo antes de cerrarlo definitivamente, ya que una vez se haga va a ser difícil volver”, señala.

De acuerdo con Jaramillo, “con las Farc, tras el rompimiento de El Caguán, las negociaciones solo se pudieron retomar en el gobierno de Santos. Pasaron muchos años. Por eso, si hacen una ruptura ahora, va a ser muy difícil volver a sentar a los miembros del ELN y Santos quiere, sí o sí, ser el presidente de la paz, por eso están tratando de convencerlo”.

Para el analista, el Jefe de Estado no perdería el mérito de ser quien firmó el Acuerdo de Paz con las Farc, pese a no lograr lo mismo con el ELN.

“En este punto yo me atrevería a decir que, aunque parezca poco probable, si ambas partes hacen el esfuerzo, es probable que lleguen a un principio de acuerdo, como sucedió con las Farc”, añade.

Ávila compara lo que está sucediendo con el ELN con el proceso de paz de Tlaxcala, en México: “Dijeron que lo iban a suspender temporalmente y nunca volvieron a sentarse. Ya este proceso de paz está muerto y el Presidente lo ha dicho. Él anunció que era muy difícil retomar las conversaciones y fue claro, pero si la gente está esperando que Santos salga a madrear, eso no va a pasar. Es un Nobel de Paz que firmó la paz con las Farc”.

“No veo por dónde se puede recomponer este proceso. Se va a quedar en una agonía por ambas partes, porque el Gobierno se va a mantener en su posición y el ELN seguirá cometiendo ataques. El enfrentamiento militar continuará”, continúa.

Ante este panorama, afirma Ávila, el ELN está esperando el nuevo Gobierno, pero además demuestra que no comprende el momento político que atraviesa el país. “No se da cuenta que con las acciones terroristas que está cometiendo, solo beneficia a la derecha, que aprovecha la coyuntura para ganar adeptos en el debate electoral”.

No obstante, agrega, no hay claridad sobre lo que va a pasar con el proceso de paz, porque si el Presidente que llegue decide suspenderlo, no va a pagar un costo político tan alto” como si lo hiciera Santos.

Alertan por desplazamiento

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas alertó este viernes que un centenar de personas se desplazaron enel Chocó por amenazas del ELN.

“Desde el 14 de febrero al menos 111 indígenas de la comunidad Vivícora, del Resguardo Tahamí, del municipio de Bagadó, se desplazaron por la presencia, amenazas y accionar permanente del ELN en la zona, además del riesgo de combates de ese grupo armado con la Fuerza Pública”, indicó el organismo internacional.

Otros 962 indígenas de ocho comunidades tienen restricciones en la movilidad.

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