¿Podrán los partidos romper el blindaje del acuerdo con las Farc?

¿Podrán los partidos romper el blindaje del acuerdo con las Farc?

Octubre 15, 2017 - 07:55 a.m. Por:
Eduardo Bonces / Colprensa
Armas Farc Acuerdo firma

Analistas creen que la Corte Constitucional no fue lo suficientemente clara y la implementación, a futuro, dependerá sin duda del nuevo Congreso y del Presidente de la República.

Agencia EFE

PorLa Corte Constitucional avaló por unanimidad el pasado miércoles el Acto Legislativo 02 de 2017 que compromete a los siguientes tres gobiernos a mantener el acuerdo de paz como una política de Estado. Asimismo, asegura que las instituciones deberán cumplir de buena fe el mismo.

Pero en el mundo político las posiciones al respecto están divididas. Los partidos de la coalición de Gobierno (La U, Liberal, Conservador) y otros como la Alianza Verde celebraron el hecho y aseguraron que los acuerdos están blindados.

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Sin embargo, Cambio Radical, Centro Democrático y algunos sectores de los liberales y conservadores sostienen que los acuerdos no están escritos sobre piedra y que pueden estar sujetos a modificaciones.

La sentencia de la Corte aún no se ha publicado, sin embargo, los magistrados leyeron un comunicado de prensa en donde aclararon las líneas generales en las que está enfocada la ponencia. La gran pregunta que deja la disposición del alto tribunal es si la sentencia modificó las posiciones políticas de los partidos que ya iniciaron campaña.

Varios analistas consultados sostienen que el fallo de la Corte en vez de zanjar las diferencias y blindar los acuerdos, lo que hizo fue obligar a que los partidos cerraran filas en torno a sus posiciones.

Nelson Camilo Sánchez, coordinador de investigaciones del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (Dejusticia), asegura que la Corte no determinó una línea específica sobre cómo implementar el acuerdo, simplemente determinó que el Congreso de la República deberá hacer normas en ese sentido.

El artículo transitorio busca asegurar que, durante los tres próximos períodos presidenciales completos, los acuerdos de paz tengan estabilidad jurídica.

“Es decir, el Congreso siguiente deberá implementar normas frente al acuerdo de tierras y establecer cómo se hará la distribución de la tierra en Colombia. Sin embargo, el Legislativo es autónomo en manejar el enfoque de esa política. Lo que no puede hacer es desentenderse de realizar una reglamentación al respecto”.

Y agrega que la posición de la Corte Constitucional no es una camisa de fuerza, pues “es equivocado ese triunfalismo del Gobierno, de ver la decisión como la consolidación del acuerdo. Lo fortalece, pero si el acuerdo no tiene legitimidad política, nada nos garantiza que se cumpla. Es una idea muy ingenua”.

De hecho, Rubén Sánchez, profesor de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario, sostiene que la posición de la Corte lo que busca es ponerle un orden a la aprobación de futuras normas en torno al acuerdo. “Lo que dice es que hay que anteponer la responsabilidad del Estado de buscar la paz sobre la convicción política de los partidos”.


Sin embargo, Mauricio Jaramillo, profesor de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario, sostiene que si bien la Corte Constitucional trató de blindar los acuerdos, esto no es una garantía absoluta. “El Estado está obligado a cumplir con la paz. El acuerdo tiene un valor político pero no normativo. Es decir, se tiene que desarrollar de alguna forma y ahí es cuando la Corte deja un margen de interpretación”.

En mayo pasado el Congreso de la República aprobó el acto legislativo 02 de 2017 mediante el cual se incorpora un artículo transitorio a la Constitución.

Jaramillo sostiene que “los partidos del Gobierno toman esto como una victoria para el proceso de paz, pero para Cambio Radical, el Centro Democrático y algunos sectores del conservatismo, implica tener que acomodarse y negociar con el próximo Congreso. Ellos van a tratar de interpretar qué significa implementar el acuerdo”.

El analista agrega que “la Corte no está diciendo que el Estado tiene que aprobar ciertas disposiciones, sino que está obligado a cumplir con la paz, que es un valor abstracto, y deja unos márgenes amplios en términos de interpretación”.

De hecho, cabe recordar que en la pasada campaña del plebiscito, los partidos que apoyaban el No aseguraron que no estaban en contra de la paz, sino que se oponían a la implementación que estaba haciendo el Gobierno Santos. “Paz Sí, pero no así”, gritaban en las calles.

Los analistas coinciden en que esa consigna y el margen de la interpretación que da la Corte Constitucional puede, con el nuevo Congreso, cambiar la implementación del acuerdo.

“El acuerdo está protegido, lo que busca la Corte es que el Estado cumpla con lo prometido. Lo pactado se respeta como dijo el presidente Santos debido a que Colombia debe tener seguridad jurídica, el Estado no puede cambiar reglas con las que él se comprometió. Sin embargo, decir salvemos la paz en términos de espíritu deja libre el campo para un margen interpretativo muy alto. Recordemos que el Centro Democrático puede interpretar el acuerdo promoviendo la paz pero, como ellos dicen, no la paz de Santos”, dice Jaramillo.

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Por otro lado, Enrique Serrano, profesor universitario y escritor, sostiene que no está tan clara la independencia de la Corte en estos temas, pues “desde hace varios años los fallos carecen de neutralidad.
Me parece que es una intervención indirecta en la política que es negativa. Se nota el sello y la tendencia marcada en los fallos de la Corte y eso vicia una serena disputa política para el año entrante”.

Serrano agrega que él no cree que el Presidente de la República le diga a la Corte qué hacer, “pero hay un acuerdo entre ellos. Igual el fallo busca aclarar lo que no quedó claro en la negociación y es si era un asunto de Estado o de Gobierno. Sin embargo, yo creo que los acuerdos de ninguna manera reemplazan la Constitución y eso es lo que queda claro”.

Sobre el fallo

La Corte precisó que el Acuerdo de Paz en sí mismo no puede ser considerado un mandato constitucional, ni hará parte de la Constitución, ya que es un acuerdo de índole político. No obstante, sí es referente obligatorio para todas las normas que se expidan para implementar el Acuerdo de Paz.

“El Acuerdo no tiene en sí mismo un valor normativo, sino que requiere su incorporación a la Constitución a través de reformas constitucionales, leyes aprobadas por el Congreso y los decretos”, dijo el presidente de la Corte Constitucional, Luis G. Guerrero.

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