Plebiscito, la prueba de fuego que viene para la Paz

Mayo 29, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Alejandra Bonilla, Colprensa.
Plebiscito, la prueba de fuego que viene para la Paz

Corte Constitucional.

Cómo y quién hará la divulgación, qué participación tendrán las víctimas, zonas ‘grises’ alrededor de la consulta.

"La guerra la hemos vivido en carne propia, se ha ensañado en contra de los negros, los indígenas y los campesinos y, sin embargo, el Plebiscito va a someter el derecho a la paz, a la vida y a la libertad y a la seguridad en nuestros campos, a la tiranía de una mayoría predominantemente urbana que está lejos de sentir y vivir lo que ha sido el horror de la guerra”.

Las palabras son de Odorico Guerra, vocero de la Mesa Nacional de Víctimas,  el espacio que la Ley de Víctimas creó para la participación de las personas que han sufrido de forma directa los estragos del conflicto y que reune  1033 mesas municipales, 32 departamentales y la Mesa Nacional.

Las palabras de este afrodescendiente nacido en Aracataca, retumbaron en la Corte Constitucional durante  la audiencia pública citada en medio del estudio de la ley que regula el Plebiscito por la Paz, como mecanismo para que los colombianos refrenden los Acuerdos de Paz a que lleguen el Gobierno y las Farc en Cuba.

Y sorprendieron, pues fue la única organización social que se declaró en contra del Plebiscito porque, según ellos,  limita la participación de las víctimas. Otras como el Colectivo de Abogados, Redepaz o la Comisión Colombiana de Juristas, dedicadas a defender a las víctimas y a salvaguardar los derechos humanos, señalaron algunos reparos, pero defendieron la consulta.

Organizaciones sociales como la Alianza Cinco Claves o Sisma Mujer sí creen que los acuerdos de paz deben ser refrendados mediante el Plebiscito, así sea una iniciativa de Gobierno por ahora. “Esperamos que con la venia de la Corte y del Congreso se convierta en una política de Estado. Creemos que hay que pasar ciertos trámites, hay que hacer partícipes a las instituciones y a la sociedad para que realmente la paz sea una política de Estado como los queremos todos”, dijo ante la Corte Linda María Cabrera Cifuentes, integrante de  la Alianza.

En su criterio, este Plebiscito entonces debe ser considerado  especial por la Corte, a fin de que se deje de lado la discusión jurídica existente que señala que los plebiscitos solo pueden someter a consulta del pueblo políticas del Gobierno de turno y temas que no impliquen reformas a la Constitución y a la Ley.

Este debate no es menor porque, por ejemplo, para el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo es claro que el Plebiscito no es realmente el mecanismo a utilizar. No obstante, en vez de pedir el hundimiento del mismo, lo que pidieron a la Corte fue que cambie la palabra “Plebiscito” por “mecanismo especial de refrendación de los acuerdos de paz” y así dejar viva la consulta al pueblo. Y es que para el Colectivo de Abogados, la política de paz es más que una política de Gobierno, sino del Estado en su conjunto.

Pero para Cinco Claves y Sisma Mujer la consulta, si bien necesaria, no es suficiente, pues deben creerse espacios de participación para las mujeres víctimas de acuerdo con mandatos de las Naciones Unidas, como elemento fundamental para la garantía de la paz y su mantenimiento.

Esto se podría hacer, propuso este colectivo, si la Corte en su fallo fija mecanismos diferenciales para la participación en la refrendación. “Estamos recogiendo lo que nos han dicho las mujeres en las regiones, las dudas que tienen sobre cómo se está manejando el proceso de paz y en el proceso electoral, de los riesgos y los temores que tienen”.

La vocera abogó por un equilibrio de información sobre las mujeres víctimas y de un proceso que no solo está creando justicia transicional para la guerrilla, sino también para los agentes del Estado, los militares, pues ambos han sido sus victimarios.

“La violencia sexual ha sido perpetrada por todos los agentes armados y por tanto, en las directrices que la Corte dé sobre la campaña y el mecanismo de votación, se debe garantizar el equilibrio de información, dando información veraz y fidedigna sobre lo que ha ocurrido con las mujeres en el conflicto”, precisó Cabrera.

La Mesa se opone

Sin embargo, La  Mesa Nacional de Víctimas  considera que una consulta ciudadana puede poner en riesgo el proceso de paz que se adelanta en Cuba. Así, según expuso Odorico Guerra ante la Corte, habría un camino a recorrer claro en el Congreso, sin Plebiscito, que implique participación de las víctimas. 

El punto  de la consulta previa fue una de las pocas que se escuchó en la audiencia de la Corte. La otra, en cabeza de la Procuraduría y la congresista opositora Paloma Valencia, consistió en pedir a la Corte que cambie el Plebiscito por un referendo que permita a los colombianos votar uno a uno los contenidos del Acuerdo de La Habana.

 La otra propuesta, de la Procuraduría, es que la divulgación de los Acuerdos la haga la Registraduría y no el Gobierno, para que sea imparcial.

Igual estimó la Universidad de La Sabana: “Resulta problemático que el Gobierno mismo sea quien dirija e impulse la divulgación de los acuerdos (…) Se debe garantizar la  imparcialidad, de tal forma que los medios de divulgación y publicación no se empleen para hacer campaña a favor del acuerdo final”.

La posición de Odorico Guerra reflejó  el temor de que todos los esfuerzos de paz queden a un lado y dijo que aunque para la Mesa Nacional puede ser democrático someter los acuerdos a votación, en realidad no lo es. En su opinión,  derechos como los de la minorías sexuales, de los pueblos indígenas y afros o de las mujeres, también podrán ser sometidos mañana  a un mecanismo de refrendación.

El riesgo mayor que señaló Guerra sobre el Plebiscito es la poca información, la falta de compromiso para la Paz, y la poca divulgación de los acuerdos, sin posibilidad de espacios de debate en los territorios lejanos, debate organizado de forma autónoma y sin influjo externo o del Gobierno. 

Por eso, solicitó a la Corte recursos para la divulgación de los acuerdos y pidió que no quede en manos del Gobierno y de los partidos políticos.

Mientras el debate por el Plebiscito por la Paz lleva al tradicional choque Gobierno Vs.  Procurador General, Alejandro Ordóñez, y la oposición, quienes reclaman una refrendación  punto por punto de los acuerdos de Paz, dos aspectos cruciales han quedado alejados del debate: la posición de las víctimas y la forma cómo se hará la divulgación de los acuerdos antes de acudir a las urnas.

¿Quién hará la divulgación?

Mesa Nacional pide:1. “Todos y cada uno de los puntos tendrán que convertirse en leyes y actos legislativos en el Congreso, donde sí se deberían abrir amplias audiencias ante de la legalización de dichos acuerdos”.2. “Dichas leyes tendrán que ser revisadas en su constitucionalidad por esta honorable Corte, sea por vía directa o por demandas ciudadanas”.3. “En los territorios ancestrales indígenas y afrodescendientes, toda aplicación de los acuerdos de paz deberá surtirse bajo el derecho a la consulta previa, libre e informada y de implicar una afectación libre e informada, deberá acudirse a nuestro consentimiento”.

 

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