Opinión: Aún sin verdad, justicia ni reparación

Opinión: Aún sin verdad, justicia ni reparación

Abril 12, 2017 - 02:59 p.m. Por:
Ángela Giraldo | Especial para El País

Ese 11 de abril de 2002, hace quince años, -minutos después de confirmar que mi hermano Francisco Javier había sido secuestrado por las Farc y que “los militares” que él me acababa de decir por celular lo estaban evacuando eran guerrilleros que se lo llevaban para siempre-, me llené de valor y me dirigí al Gaula para pedir que me orientará en lo que debía hacer.

Ángela Giraldo

Ángela Giraldo, hermana del diputado Francisco Javier Giraldo, asesinado por las Farc en 2002.

Foto: Archivo El País

Ellos me aseguraron que los tenían rodeados y que podía estar tranquila pues en 48 horas los diputados estarían de regreso al seno de sus hogares. ¿Por qué no lograron rescatarlos si los tenían rodeados?
El Gobierno Nacional adquirió el compromiso “de apoyar la realización de actos de reconocimiento y de contrición en los cuales el Gobierno, las Farc-Ep y diferentes sectores de la sociedad que puedan haber tenido alguna responsabilidad en el conflicto, reconozcan su responsabilidad colectiva por el daño causado y pidan perdón, asumiendo cada uno lo que le corresponde, como expresión de voluntad de contribuir a un definitivo Nunca Más”. Así quedó consignado en la página 178 del Acuerdo Final suscrito el 24 de noviembre de 2016, en Bogotá D.C.

Por consiguiente, esperamos que el Estado colombiano nos informe por qué no atendió la solicitud de aumentar las medidas de seguridad que hicieron por escrito los diputados días antes del secuestro. Los diputados fueron conscientes de su vulnerabilidad, lo advirtieron, pero el Estado no tomó las medidas pertinentes. El secuestro se hubiese podido evitar si el Estado actúa oportunamente cuando se lo solicitaron.

Ese gobierno que se opuso rotundamente al Acuerdo Humanitario nunca presentó alternativa alguna para salvaguardar la vida y la libertad de esos doce ciudadanos colombianos como era su obligación. No diseñó ni planeó ni ejecutó ninguna acción de rescate militar exitosa, como sí lo hizo en el caso de Íngrid Betancourt, los contratistas norteamericanos y los militares, rescatados en la Operación Jaque. Ni autorizó una intermediación política, como en el caso de otros que fueron liberados tras los buenos oficios de la excongresista Piedad Córdoba, quien actuó con el aval y bajo la coordinación del Presidente. Esperamos que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición contribuya al esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los diputados, ofrezca una explicación amplia de la complejidad de lo relacionado con esos hechos y contribuya al establecimiento de la responsabilidad de quienes participaron en ellos.

Quince años después de esa fatídica fecha que quisiera borrar para siempre de mi memoria, las Farc aún no terminan de narrar todo lo sucedido, los demás actores involucrados no han asumido su responsabilidad y no hay un compromiso de TODOS con la NO REPETICIÓN. Tampoco se ha concretado indemnización alguna, ni por daños morales ni por el lucro cesante ni por el seguro de vida de los diputados del Valle del Cauca. ¿Cuántos años más tendremos que esperar?

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