Ocho grandes críticas al acuerdo de paz y la respuesta del Gobierno a ellas

El Gobierno, sectores políticos y el propio presidente Santos han indicado que en todo proceso de paz en el mundo la gente se debe tragar algunos ‘sapos’. Estos son los que deberían tolerar los colombianos.

El Gobierno, sectores políticos y el propio presidente Santos  han indicado que en todo  proceso de paz en el mundo la gente se debe tragar algunos ‘sapos’. Estos son los que deberían tolerar los colombianos.

Narcotráfico: ¿delito político?

Según el acuerdo, “serán amnistiables los delitos conexos con el delito político  que  describan  conductas relacionadas específicamente con el desarrollo de la rebelión y cometidos  con  ocasión  del  conflicto armado, así como las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión”.

Varios sectores y las mismas Farc han dicho que los cultivos ilícitos y el narcotráfico han sido fuente de financiamiento de la rebelión, por lo que en  ley de amnistía, dicen los expertos, muy seguramente determinará que el tráfico de narcóticos fue solo una fuente para financiar la lucha política de las Farc.

Crítica: Según el expresidente Álvaro Uribe Vélez, “en Colombia el narcotráfico y el secuestro no han sido conexos con el delito político; han sido conexos con el terrorismo, con los delitos de lesa humanidad”.

También el procurador Alejandro Ordóñez ha hecho duras críticas a la posibilidad de que la ley de amnistía incluya como conexo al delito político el narcotráfico.

Explicación: Al respecto, lo que ha dicho el jefe de la delegación negociadora del Gobierno, Humberto de la Calle, es que “lo que se pactó es que una ley regulará la amnistía (obviamente, no para los delitos más graves, que no serán amnistiados, como lo prometimos)”.

Lo que sí es cierto, es que el acuerdo deja en claro que ninguno de los guerrilleros ni sus familiares podrá ser extraditados y varios tienen pedido por narcotráfico.

Descargue el acuerdo final entre el Gobierno y Farc

Entrega directa de curules

Crítica: El senador Alfredo Rangel, del Centro Democrático, manifestó: “Afros e indígenas son el 30 % de los colombianos y tienen solo 3 curules en el Congreso; las Farc no representan a nadie y tendrán 26 curules”. 

Las cuentas del senador Rangel se basan en que el partido político de las Farc recibirán, según el acuerdo, 5 curules en el Senado y 5 curules más en la Cámara, para un total de 10 curules. 

Las otras 16, aseguran quienes rechazan el acuerdo logrado entre el Gobierno y las Farc, hacen parte del compromiso que asumió el Gobierno de crear  16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en las zonas más afectadas por el conflicto armado, dominadas en su mayoría por las Farc, y que cada una de ellas tendrá una curul en la Cámara de Representantes durante dos periodos legislativos (2018-2022) y (2022-2026). 

Explicación: Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno, señaló que no habrá asignación de curules a dedo. El nuevo partido que surja del tránsito de las Farc a la vida política legal deberá participar en los procesos electorales de 2018 y 2022 para asegurar una representación mínima en el Congreso. El acuerdo garantiza una representación mínima de 5 senadores y 5 representantes a la Cámara durante los próximos dos períodos electorales. En todo caso solo se asignarán las que faltaren para completar cinco curules. Cuando la lista obtenga cinco o más, no tendrá alguna adicional.

Elegibilidad política

Los guerrilleros que reciban la amnistía y quienes hayan purgado sus penas de acuerdo a lo que establezca el Tribunal Especial de Paz, aunque hayan cometido delitos de lesa humanidad, podrán ser elegibles para ocupar cargos públicos o de elección popular.

Crítica: Este punto ha sido cuestionado por cuanto varios sectores hablan de impunidad. Sobre todo, en los delitos de lesa humanidad o que violan el Derecho Internacional Humanitario y en  relación con los miembros de la cúpula de las Farc.

Explicación:  Humberto de la Calle, citando el Protocolo II de Ginebra, norma vinculante para el sistema jurídico colombiano, señaló: “La obligación es que al terminar las hostilidades se conceda la amnistía más amplia posible” y precisó que “los delitos más graves no se amnistían, como tampoco los delitos comunes, los demás serán examinados por el Tribunal de Paz. La tradición en Colombia ha sido la de mantener la figura del delito político donde aparece la necesidad de dar el paso hacia la amnistía”.

Sin embargo, analistas consultados por El País aseguran que en las manos del Congreso estaría la posibilidad de que algunos de los jefes condenados por delitos de lesa humanidad puedan hacer política durante el día y pagar su pena punitiva en la noche. Lo que queda claro que ningún guerrillero quedará inhabilitado para ser elegido a cargos públicos o de elección popular.

Impunidad

Los guerrilleros que pasen por el Tribunal Especial de Paz y reconozcan su responsabilidad en delitos pagarán sus condenas en sitios especiales de reclusión y no en  cárcel convencional.

Crítica: “Los criminales en Cuba dijeron que como condición para firmar la paz tienen que excarcelar a todos los que están en prisión y que los que van a negociar no pueden ir a la cárcel”, ha señalado el expresidente Uribe.

Explicación: Según el Gobierno, no serán objeto de amnistía o indulto quienes están inmersos en delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, u otros delitos como la toma de rehenes, tortura, desplazamiento forzado,  desaparición forzada,  ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual.

Según el acuerdo, todos los guerrilleros pagarán penas entre cinco y ocho años y la sentencia tendrá un componente de restricción de libertad, pero  podrán pagarla con trabajos, obras y otras actividades.

Trato a las FF. MM.

Los militares que cometieron delitos en el conflicto irán al mismo tribunal y se juzgarán igual que los guerrilleros.

Crítica: El expresidente Álvaro Uribe indicó que es un error este punto y que se presenta a los miembros de las Fuerzas Militares como actores del conflicto iguales al terrorismo.

Explicación: El Gobierno ha dicho que los agentes del Estado vinculados con violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) no se les podrá dar una pena mayor a la que tendrán los otros actores vinculados en los hechos y que, por el contrario, tendrán derecho a un trato especial, diferenciado, simultáneo y equilibrado.

Serán juzgados a través del Tribunal Especial para la Paz y tendrán derecho a que dicho organismo revise las sentencias ya proferidas contra ellos por la justicia ordinaria. Además, sus acciones sean judicializadas bajo los preceptos del DIH, que es la legislación internacionalmente aceptada en los conflictos armados.

¿Sin reparación?

Una de las bases de cualquier acuerdo de paz es que exista verdad, justicia y reparación. Pero sobre este último punto, varios jefes guerrilleros han señalado que las Farc no tienen dinero para reparar a las víctimas.

Crítica: Sectores de oposición se han basado en informes de las revistas Forbes y The Economist que señalan que las Farc son uno de los grupos de narcotráfico más ricos del mundo. 

Explicación: Sobre el dinero que puedan tener las Farc, precisó De la Calle que se estableció la obligación de las Farc de reparar materialmente a las víctimas. En este caso el Tribunal para la Paz será el que defina cómo y en cuánto se dará esa reparación, y enfatizó en el término “material”.

De la Calle señaló que el Estado podrá continuar con la persecución de los bienes que hayan sido adquiridos por las Farc. “La guerra es mucho más costosa. Un solo bombardeo costó $25.000 millones y duró menos de un minuto”, agregó el senador Barreras.

Pérdida de soberanía

El Estado renuncia a su soberanía en las zonas veredales transitorias donde se concentrarán los guerrilleros.

Crítica: Se cuestiona en este caso que se pueda perder soberanía y se esté entregando territorio a la guerrilla, tal como ocurrió en el año 2000 con la zona del Caguán.

Explicación: Al respecto, señalan en la Casa de Nariño que “las Zonas Veredales Transitorias de Normalización tienen como objetivo garantizar el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas e iniciar el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de las estructuras de las Farc en lo económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses”.

Aseguran que serán temporales y que cada una de ellas contará con equipos de monitoreo. Además precisa que la salida de miembros de las Farc de los campamentos por cualquier razón referente al acuerdo de paz se hará sin armas y de civil. En todo caso, se aclara que por cada zona, las Farc designan un grupo de diez de sus integrantes que puede movilizarse a nivel municipal y departamental.

Millones a las Farc

Crítica: El Estado colombiano deberá entregar desde la creación del partido o movimiento político de las Farc cerca de $6000 millones para financiar esta nueva colectividad. Sectores de la oposición señalan que sería el partido con el presupuesto más alto en todo el país, casi a la par con el Partido de la U y los liberales y por encima del Partido Conservador.

Según el acuerdo, y “como una medida para facilitar el tránsito de las Farc a la actividad política legal” el partido o movimiento político que constituyan recibirá anualmente, entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2026, el 10% del presupuesto anual para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y un 5 % más de esa partida para financiamiento y divulgación de su plataforma ideológica y programática.

Explicación: El Gobierno ha argumentado la necesidad de facilitarles una salida digna a los reintegrados al dejar las armas y respaldarlos en la conformación de un eventual movimiento político en igualdad de condiciones a los ya existentes en el país.

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