PROCESO DE PAZ
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"Muchos van a pedir que se limiten poderes de la JEP": experto en justicia transicional

Agosto 08, 2017 - 11:30 p.m. Por:
Por: Olga Lucía Criollo / reportera de El País 
Camilo Sánchez

Camilo Sánchez, experto en justicia transicional.

Especial para El País

"No es cierto cuando se dice que al exministro Diego Palacio se le negó su entrada a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP", explica el profesor de la Universidad Nacional y experto en justicia transicional, Camilo Sánchez, al explicar cómo ha funcionado hasta ahora la nueva instancia judicial creada en el marco de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las Farc.

En su opinión, la Corte Constitucional ha mostrado mucha independencia, por lo que no es posible anticipar si va a avalar o no el Acto Legislativo que creó la Jurisdicción y la Ley de Amnistía. Eso sí, expresa la necesidad de que se precisen los alcances de la llamada responsabilidad de mando tanto para los guerrilleros como para las Fuerzas Militares.

En la pasada legislatura se aprobó la llamada arquitectura de la JEP, ¿en la práctica, en qué consiste eso?

Se aprobaron dos cosas: la inclusión de la JEP en la Constitución, porque como se va a crear un nuevo sistema de justicia con nuevos jueces, con nuevas competencias para juzgar y condenar personas, es necesario que vaya en la Constitución y por eso se hizo una reforma que crea la Comisión de la Verdad y sobre todo la JEP. En segundo lugar, se aprobó la Ley 1820 o de Amnistía.

Por toda la polémica que ha habido, es claro que la amnistía para los miembros de las Farc ya está operando. ¿Para los otros actores implicados en el conflicto también?

Sí. Más de mil personas de lado y lado han solicitado libertades y han sido concedidas varias, como fue el caso de la persona que puso la bomba en El Nogal o la del general Uscátegui. Lo que pasa es que los que van a decidir si estas personas se comprometieron con la justicia, participaron en el conflicto y van a medir qué tanta verdad van a dar, son los jueces de la JEP, que todavía no están funcionando.

Porque se ha criticado que haya jueces que estén tomando decisiones a partir de la JEP sin que se hayan nombrado los magistrados...

Lo que dice la ley es que, para efectos de la libertad, las decisiones las van a tomar jueces ordinarios. Por eso no es cierto cuando se dice que al exministro Diego Palacio se le negó su entrada a la JEP. Lo que sucedió es que él dijo que quería entrar a ella y ahí mismo pidió una libertad condicionada, y el juez decidió no otorgársela, pero los únicos que van a decidir si entra o no, son los jueces de la JEP, una vez estos se creen. Allí lo único que se decidió es si él esperaba en su casa mientras el proceso se surtía.

Pero el caso contrasta con el guerrillero condenado a 40 años por el caso de El Nogal y quien sí salió con libertad condicional. ¿Qué garantías hay de que sí se va a acoger a la JEP?

Individualmente, estamos diciendo que en la JEP, si se presenta y dice la verdad, podría cambiar su condena de 40 años por una pena entre 5 y 8 años y no necesariamente tendría que ir a la cárcel, así que si no se presenta, va a perder esa posibilidad y si lo capturan tendría que volver a la cárcel a pagar su condena completa, lo cual es un incentivo grande para una persona que no tenía esperanzas de salir en menor tiempo por estar ya condenada. Ahora, las personas con libertad condicionada van a tener formas de monitoreo como las que tenemos en Colombia:
presentarse cada quince días ante un juez o brazaletes electrónicos. Pero también la guerrilla tiene que demostrar que hay compromiso de sus hombres para que el proceso siga adelante y entonces ahí un incentivo para que el grupo, como tal, busque que sus individuos no evadan la justicia.

El Gobierno acaba de radicar otro proyecto sobre la JEP, ¿qué es lo que falta por aprobar vía ‘fast track’?

La Ley Estatutaria, que es la que organiza y toma las decisiones sobre cómo se va a hacer el procedimiento y cómo van a funcionar los jueces. ¿Por qué? porque la administración de justicia es un derecho fundamental y la Constitución establece que estos se regulan así.
También falta otra ley que establezca los procedimientos más precisos, por ejemplo, cómo operarán los juicios, qué podrá hacer un abogado defensor, cuándo participa la Procuraduría, etc. El Gobierno ya radicó el nuevo proyecto de Ley de Estatutaria, es decir, el Congreso ya va a entrar a definir eso.

¿Y con eso ya quedará lista la JEP para empezar a operar en concreto?

No, por fuera del Congreso también faltan cosas: que la Corte Constitucional dicte sentencias y establezca si la Ley de Amnistía y el Acto Legislativo son o no constitucionales. Además, estamos esperando que el Comité de Selección seleccione a los magistrados de la Jurisdicción.

¿Y cree que la Corte sí los va a aprobar?

La Corte ha sido muy estricta en su juicio, es imposible saber cómo va a fallar. Hay discusiones jurídicas sobre algunas cosas, por ejemplo: cómo van a responder los comandantes frente a lo que hicieron sus subordinados, que se llama la responsabilidad de mando. Hay un gran debate porque como quedó la reforma constitucional, en parte mal interpretando o yendo más allá del Acuerdo, parecería establecer que va a haber menos responsabilidad de la que exige el derecho internacional de los comandantes, entonces es un asunto que va a tener que ver la Corte y eso va a significar mucho porque esas sentencias vienen cargadas políticamente. Es decir, si la Corte dice, los mandos tienen que responder, al otro día seguro va a haber una gran reacción de los militares.

Volviendo al proyecto de la JEP radicado por el Gobierno, cree que, tras los ajustes hechos por la Corte al ‘fast track’, ¿es posible que el Congreso lo cambie sustancialmente?

Todavía hay una enorme tensión entre qué tan independiente es la JEP y qué tanto debe coordinarse o hacer parte de la justicia ordinaria. Por ejemplo, que la JEP va a ser autónoma en su financiamiento y en la forma cómo va a disciplinar a sus funcionarios, no le gusta a la administración de justicia ordinaria, porque ellos quieren tener el monopolio sobre eso. Entonces ahí va a haber discusiones, porque a nadie le gusta perder poder y muchos centros de poder van a solicitar limitar esos poderes de la JPE. Otra cosa es que, dependiendo cómo salga la sentencia, otros van a intentar limitar la capacidad de la JEP para investigar o responsabilizar adecuadamente.

¿Y hacía dónde se encaminarían esos cambios?

Ya vimos el lobby que hicieron algunos para que esa idea de responsabilidad de mando atenuada quedara en el Acto Legislativo y otros que se movieron mucho para que la JEP realmente no tuviera muchos dientes frente a los terceros financiadores del conflicto, como por ejemplo, las empresas. Creo que esos debates y batallas que ya vimos en el Acto Legislativo los vamos a ver repetidos ahora que el tema vuelva al Congreso, y como la Corte dijo que los congresistas le pueden meter mano a los proyectos, eso va a incentivar que haya este tipo de proposiciones.

La oposición insiste en rechazar que un miembro del Secretariado de las Farc pueda hacer política pese a estar acusado de delitos de lesa humanidad. ¿Eso ya está definido o se podría modificar en el Congreso?

El Acto Legislativo dice que va a haber la posibilidad de que ellos hagan política, es decir, el Congreso ya aprobó que lo hagan.

¿Entonces no puede ser reversado?

No, porque la ley no puede modificar la Constitución. Tendrían que volver a modificar el Acto Legislativo. Lo que podría pasar es que la Corte lo tumbe, pero el Congreso no lo puede modificar en este proyecto.

Pero queda abierta la puerta para que la Corte Penal Internacional, CPI, pueda intervenir sobre esas personas directamente...

Sí, porque lo que ha dicho la Fiscal de la Corte es: a mí me parece que el diseño en general de la JEP está bien, pero le voy a hacer seguimiento para ver si realmente aplican lo que dice ahí, y si no, voy a considerar que ustedes están buscando impunidad y yo podría entrar. Por eso creo que es importante que la Corte regule lo de la responsabilidad de mando, porque si no lo hacemos acá, los casos que se lleguen a abrir van a hacer por esos comandantes que no respondan y creo que es mucho mejor hacerlo en la JEP que en la Corte Penal Internacional.

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