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Los temas que aún están pendientes antes de la firma de la paz

Entrega de armas de las Farc tardaría entre seis y siete meses. Habría al menos diez zonas de concentración para los desmovilizados.

22 de mayo de 2016 Por: Olga Lucía Criollo | Reportera de El País

Entrega de armas de las Farc tardaría entre seis y siete meses. Habría al menos diez zonas de concentración para los desmovilizados.

Tras los anuncios sobre el blindaje jurídico del acuerdo final y la salida de los menores de la guerra, el tema que trasnochará a los negociadores de La Habana es el fin del conflicto.

Y dentro de ese tercer punto de la agenda, hay dos que destacan por su complejidad: ‘Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo’, y ‘Dejación de las armas. Reincorporación de las Farc a la vida civil -en lo económico, lo social y lo político-, de acuerdo con sus intereses’.

De allí que, aunque se han hecho avances importantes, los analistas creen que el acuerdo final entre  el Gobierno y las Farc “no es cuestión de semanas”.

¿Cómo sería el desarme?

Cuántas armas entregarían -o dejarían, según ellas- las Farc es  una de las preguntas fundamentales que, sin duda, ya debe estar resolviéndose en la mesa de conversaciones.

Sin embargo, los expertos no se atreven a dar una cifra exacta al respecto. De hecho, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, sostiene que “se estima un número mayor de combatientes al de los cálculos oficiales, sobre la base de que en todos los procesos de desmovilización siempre se tiende a subestimar el tamaño de las fuerzas y las armas a entregar”.

Aun así, el también profesor de la Universidad Javeriana plantea que “si como dice Inteligencia Militar, hay 15.700 hombres de las Farc, entre milicianos y combatientes, y suponiendo que cada hombre tiene un fusil, eso daría por lo menos 20 mil armas”.

Lo cierto es que algunos cifran hasta en 40 mil los artefactos que saldrían de las manos de la subversión, la mayoría de ellos de largo alcance -fusiles, ametralladoras, rifles  y lanzacohetes-, pero también de corto alcance como pistolas, revólveres y granadas.

Ahora bien, lo que se ha podido establecer es que el cronograma de dejación de armas que están negociando Gobierno y Farc contempla que esta no se haría ni una sola vez ni en un solo sitio, sino que sería de manera progresiva -mediante actos no públicos- en cada zona de concentración.

Para Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, el desarme podría tardar entre seis o siete meses y podría tener una alternancia cercana a los 20 días para cada entrega.

“Pero el otro tema es cómo se va a proveer seguridad dentro de las zonas y se están discutiendo diferentes modelos: que las Farc se queden solo con el 5 % de las armas, con el 10 %, con el 20%, es decir con qué porcentaje de las armas se van a quedar” para custodiar a los jefes de la guerrilla.

 Así lo explica el analista, teniendo en cuenta que, como ocurrió cuando los procesos de paz con el M19 y las AUC, serán algunos de los mismos desmovilizados quienes   los protegerán.

“Las Farc tienen el temor justificado de que los paramilitares se tomen sus territorios. El Gobierno sabe que es una preocupación válida, pero no sabe cómo combatirla y por eso le dio la capacidad al Ejército para que los bombardeara”, agrega aludiendo a otro componente del punto tres de la agenda.

A su vez, Eduardo Álvarez Vanegas, coordinador de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz, llama la atención sobre las decisiones que falta tomar sobre la disposición final del armamento.

Como se sabe, está claro que las Farc  harán dejación de las armas, pero que no será mediante actos públicos “porque para ellas eso es una suerte de  humillación”.

“Pero para el Gobierno y para diferentes   sectores debe haber una destrucción verificable,  que se le pueda dar cuenta a la sociedad colombiana, mediante mecanismos de rendición de cuentas, que las armas se están destruyendo para evitar todos los riesgos que pueden tener arsenales escondidos o encaletados o que nunca sean realmente destruidos”, indica el experto.

No obstante, el otro punto tiene que ver precisamente con definir si la fundición  en siderúrgicas será el último destino que tendrán esos artefactos, pese a que, según los especialistas, es uno de los  métodos más costosos y demorados de destrucción de armas.

Según ellos, existen al menos quince formas de hacerlo, tales como el hundimiento  en cuerpos de agua, cortándolas  con láser, retirando y rompiendo algunas de sus partes o enterrándolas y tapándolas  con cemento.

“Pero la idea es que sea en las zonas de ubicación de los desmovilizados o que se lleven desde allí, habiéndolas resguardado en bodegas con claves tripartitas”, explica Álvarez Vanegas.

 Zonas de concentración

También llamadas zonas campamentarias, constituyen  otro de los temas finales que discuten actualmente los negociadores plenipotenciarios en Cuba.

Las Farc han planteado que sea una por cada frente, por lo que oscilarían entre 60 y 70, mientras que el Gobierno propuso 7. “Yo calculo 20”, supone Ávila, mientras que otros analistas no difieren mucho de él.

Por ejemplo, el experto de la Fundación Ideas para la Paz, a partir de un mapeo de los sitios donde la guerrilla ha hecho presencia tradicionalmente, sostiene que una de estas zonas de seguro estará ubicada en el Nudo de Paramillo, otra en el Catatumbo, al menos tres más estarán en el Oriente, otra en el Cauca y una más en la Serranía del Perijá, de manera que en total sumarían diez o doce (ver mapa).

“La pregunta es: ¿los frentes de las Farc que están en zonas campamentarias actuales están dispuestos a dejar esos territorios? Por ejemplo, una zona crítica es la frontera del Putumayo con Ecuador, donde están los frentes 48 y 32, y donde habría otra, pues son frentes de mucha tradición, entonces, ¿cómo llegar a acuerdos sobre de qué tamaño van a hacer las nuevas zonas campamentarias?”, plantea.

Y retomando al asunto de la seguridad en esas zonas y en general sobre la entrada en vigencia del cese al fuego y de hostilidades, el Director del Cerac resalta que “si hay un grupo violento y gente que puede tener dificultades con eso es el crimen organizado. Por eso es muy importante que desde ahora haya una ofensiva en su contra por parte de  la Fiscalía General y de la Policía”, como tampoco niega el riesgo de que hay zonas en las que se ha registrado presencia conjunta de las Farc y el ELN.

“Creo que la verificación de la ONU debe tener muy claro que en Colombia hay un problema muy serio de extorsión, por lo que deben haber protocolos para la identificación de los responsables de los casos de ese delito en cooperación  con quienes dentro del sistema judicial tienen que investigar esos casos”, anota el experto, corroborando que si bien hay muchas razones para creer en el pronto vuelo de la paloma de la paz, todavía  hay nubarrones que pueden oscurecer su horizonte.

Otras cuestiones por definir antes de la firma

Aunque, según los expertos, Colombia acumula ya una valiosa experiencia en la organización de procesos de desmovilización, son varios los temas que están pendientes por acordar y que requieren de una logística muy minuciosa.

Uno de ellos es el levantamiento de las órdenes de captura de los desmovilizados: mientras el Gobierno plantea que estas solo deben ser levantadas en las zonas de ubicación, las Farc sostienen que deben ser en todo el territorio.

El País también pudo establecer que durante los últimos días en la mesa se ha analizado la forma en que se permitirá el acceso de los medios de comunicación a las zonas de concentración.

Mas no es la única ‘minucia’ que deben acordar los negociadores plenipotenciarios.

  “¿En las zonas de ubicación se van a comprar o hacer las casas para que los guerrilleros vivan? ¿Se van a comprar las fincas de la zona?  Eso es lo que se está definiendo”, comenta el analista Ariel Ávila.

Y agrega otros interrogantes: cómo va a llegar la comida a esas zonas, cada cuánto va a llegar y qué tipo de comida será? 

De igual forma, se deberá acordar el vestuario que se les proporcionará a los guerrilleros reunidos en las zonas de concentración y cada cuánto recibirán ‘mudas’.

Con base en ese inventario de ‘pendientes’, el experto plantea: “Yo creo que estamos cerca (de la firma del acuerdo final), pero no es una cosa de unos días, yo creo que estamos a unos dos meses o un poco más, faltan muchos detalles”.

Por su parte, Jorge Restrepo, director del Cerac y profesor de la Universidad Javeriana, llama la atención sobre que el punto seis de la agenda “no se ha comenzado siquiera a discutir, e incluye todo lo que tiene que ver con la refrendación ciudadana, pero también con la implementación de los acuerdos. Es decir, qué se va a hacer, cómo y cuándo y quién lo va hacer”, afirma.

Y recuerda que, de igual manera, falta convenir todos los ‘asteriscos’ que han quedado pendientes en los cuatro puntos que ya han sido abordados en la mesa: víctimas y justicia transicional, desarrollo rural, participación política y cultivos ilícitos.

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