Los obstáculos del proceso de paz para cumplir la fecha de acuerdo final

Noviembre 17, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Olga Lucía Criollo | Reportera de El País

Según expertos, el afán y la falta de consenso serían los mayores obstáculos para que Gobierno y Farc cumplan su compromiso de firmar el acuerdo final el 23 de marzo de 2016. Análisis.

[[nid:466774;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/563x/2015/09/a2podsep15n1photo01.jpg;full;{Las conversaciones entre el Gobierno Nacional y las Farc se reanudarán este miércoles, luego del receso habitual.Foto: Archivo El País}]]

El próximo jueves las delegaciones del Gobierno colombiano y de las Farc cumplirán tres años de estar negociando la paz en  La Habana. Lea también: Los puntos acordados en la negociación con las Farc y los temas pendientes

Sin embargo, la que podría haber sido una fecha de grandes aplausos, parece condenada al anonimato por cuenta de los nudos gordianos que mantienen estancado el proceso y que hacen ver cada vez más lejana la posibilidad de que el 23 de marzo de 2016 las partes firmen el acuerdo final.

No solo porque la semana pasada el país supo que los relojes del presidente Juan Manuel Santos y el jefe de esa guerrilla, ‘Timochenko’, no están sincronizados en  la cuenta regresiva de seis meses con la que las partes se comprometieron el 23 de septiembre en Cuba, sino por todos los desacuerdos que han surgido desde ese día.

Desavenencias que pasan por la letra menuda del sistema de justicia transicional pactado, pero también por  las condiciones para el cese al fuego bilateral, por el desarme y la participación  política de las Farc y por la refrendación de los acuerdos, aspectos que El País  analizó con varios  expertos.  

Quienes le apuestan a la reconciliación del país aseguran que  lo importante es la consecución de la paz y no la fecha en la que se firme, por lo que es probable que, como ha  ocurrido en estos  diálogos, el plazo de los seis meses  “se vaya diluyendo entre múltiples anuncios” necesarios para  la terminación de las negociaciones.

Otros, por el contrario, reconocen que el 52 % de aprobación que los colombianos le dan hoy  al proceso, según la última encuesta de Gallup, no obedece solo al apretón de manos que Santos y ‘Timochenko’ se dieron a instancias del presidente cubano Raúl Castro, sino a la fijación de una fecha para la finalización del conflicto.

En este último segmento se ubica Ángela Robledo, quien hace parte de la Comisión de Paz del Congreso y sostiene que “es muy importante mantener esa fecha” por el positivo  efecto que tuvo en el país y porque lo contrario “sería darle argumentos a los adversarios de la paz”.

De hecho,  el senador opositor Alfredo Rangel está convencido de que ese será el sexto incumpliento del Gobierno en cuanto a la finalización de las conversaciones con las Farc: “No solo es un plazo irreal, sino que todavía hay 28 temas pendientes de los puntos que supuestamente ya cerraron”.

“Creo que ambas partes se apresuraron en estimar una fecha porque con eso se están autopresionando”, dice Juan  Diego Duque, politólogo   investigador de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, que agrega que reconocer que no habrá paz el 23 de marzo implicaría un costo político muy alto para el Presidente, pero  no descarta que las partes  “sorprendan” al país.

El sociólogo  de la Universidad del Valle Jesús Alberto Valencia lo dice de forma contundente: “Fue un gran error no haber hecho la presentación del acuerdo sobre justicia transicional con el documento final listo”.

Y coincide con otros analistas en que esa equivocación ha sido especialmente costosa para el Gobierno, cuya posición parece haberse debilitado en la mesa al ceder públicamente en aspectos de los cuales no le sería fácil retractarse -como lo concerniente a la extradición y las penas aplicables a los desmovilizados-, pese a que algunos sectores lo han  exigido.

No obstante, el politólogo de la FIP anota que es claro que las críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz y al proceso en general no van a disminuir una vez se logre el acuerdo, “como nunca cesaron contra la Ley de Justicia y Paz” que se usó como marco para la desmovilización de los paramilitares.

Por ello los analistas llaman al país a “tener paciencia” mientras los negociadores llegan a acuerdos de  la Comisión de abogados, “que resultó ser muy eficiente para acelerar el tema de la justicia transicional”.

 La última semana de octubre los colombianos recibieron la buena noticia de que antes de terminar el 2015 se podría decretar el fin de las hostilidades entre las Farc y la Fuerza Pública, lo que sellaría una evidente disminución de  los ataques de la guerrilla, producto de la tregua unilateral con la que se comprometió  meses atrás.

Pero de nuevo los anuncios no lograron traducirse en hechos concretos, porque la concentración de los subversivos y la obligación de que abandonen otros delitos como la extorsión, surgieron como obstáculos insalvables.

“Se está relacionando el cese al fuego con la concentración total de las fuerzas de las Farc y eso solo se dará tras la firma del acuerdo”, conceptúa Camilo González, director de Indepaz, mientras que Rangel, en nombre del Centro Democrático, recalca la obligación constitucional de no paralizar el Ejército y en   la condición perentoria de que los guerrilleros se reúnan “en uno o varios sitios donde se cuente con una robusta verificación internacional”.

Aun así, expertos como  Ariel Ávila, subdirector académico de la Fundación Paz & Reconciliación, no descartan que en diciembre se registre un descenso aún mayor   de las acciones violentas de  parte y parte, con el fin de mejorar el ambiente en torno al proceso.      

Para los expertos, es claro que no todos los colombianos han comprendido que   negociar con las Farc implica   aceptar que sus integrantes puedan hacer política, lo que no permite que la discusión se limite a quiénes y en qué condiciones debe darse esa participación, y  en las garantías que el Estado debe brindarles.

“La participación en política debe tener como condición haber arreglado cuentas con la justicia transicional, es decir, muchos líderes guerrilleros tendrían que esperar de cinco a ocho años antes de lanzarse a una elección popular”, plantea Valencia, quien propone que “en cambio, podrían recurrir a personas no comprometidas en crímenes atroces para que los representen en las corporaciones públicas”.

Sobre todo porque, de acuerdo con los expertos, la participación política de una persona condenada por un crimen atroz es muy difícil de presentar ante la opinión pública, “algo de lo que las Farc deberían ser conscientes, ya que una  proporción inmensa de la población  las odia por los crímenes cometidos contra ella”.

Sin embargo, para Rangel es evidente que el “Gobierno está contra las cuerdas y que la guerrilla está aprovechando para hacer exigencias como el otorgamiento desbordado de  curules a dedo”, lo que, creen otros expertos, tiene sentido en la medida en que los primeros años la subversión no podría acceder fácilmente a concejos o asambleas por la vía electoral.

El informe ‘El desarme de las Farc: claves y propuestas para un proceso viable, exitoso y transparente’, elaborado por  la FIP, plantea que “más allá de las discusiones sobre lo que representa la entrega de las armas para cada  parte, se requiere que el proceso se haga siguiendo  protocolos con procesos que permitan que se entreguen todas las armas y que estén aseguradas para que no sean usadas posteriormente”.

 Y agrega que solo puede lograrse “con reglas claras sobre la recolección, el registro, el almacenaje, disposición final y verificación” del armamento, el cual debe ser destruido totalmente y en el menor tiempo posible para evitar “el desvío y la reutilización de las armas y municiones por parte de disidentes del proceso u otros grupos armados ilegales”.

Para el director de Indepaz, “no tiene sentido proponer una Constituyente  para refrendar los acuerdos”, tal como lo ha planteado la guerrilla, que, opinan  expertos, se ha empecinado en rechazar todas las iniciativas surgidas por fuera de la mesa, lo que ha implicado un desgaste legislativo del oficialismo.

  Para Duque, este  se explica por el  evidente afán del Gobierno “para que apenas se firme la paz, existan los instrumentos inmediatos para implementar los acuerdos”, por lo que propone que “primero se acuerden bien las cosas entre las dos partes, sin afanes, y después sí se defina jurídicamente el procedimiento”, que con las mayorías de la Unidad Nacional tendría garantizado el éxito en el Congreso.

Así, el punto a favor que el presidente Santos creyó anotarse el 23 de septiembre, cuando logró comprometer a ‘Timochenko’ con una cuenta regresiva para la firma de la paz, lo ha llevado a iniciar una contrarreloj que podría convertirse, junto con la falta de consenso, en los principales obstáculos para lograr una paz real y duradera con las Farc.

Pedagogía, tarea pendiente  De acuerdo con los expertos, si el Gobierno no desarrolla una intensa pedagogía sobre la paz en todo el país, no logrará que los colombianos respalden los acuerdos a los que se lleguen con las Farc. Para Ariel Ávila, subdirector académico de la Fundación Paz & Reconciliación, esa pedagogía es imprescindible porque “la gente quiere  que se termine el conflicto a cambio de nada”. Esa misma necesidad ha sido expresada en diversas ocasiones  por la representante Ángela Robledo, quien aseguró que aunque el Frente Amplio por la Paz ha asumido esa función, la mayor responsabilidad recae sobre el Gobierno.   Según Ávila, otro de los puntos en los que deben trabajar las partes para garantizar el éxito del proceso de paz con las Farc es el  modelo de seguridad más adecuado para el posconflicto. “En muchas zonas del país hay presencia de otros actores armados y el Gobierno lo sabe que ese es un gran problema por resolver, pero no aún no hay acuerdo sobre el modelo porque es claro que las Farc no pueden quedar armadas”, dijo.
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