Los ires y venires del proceso de paz con el ELN

Secuestro de Odín Sánchez, a quien la guerrilla “busca hacerle un juicio político”, fue uno de los obstáculos.

Aunque el 2016 fue el año de la paz con las Farc, definitivamente no lo pudo ser con el ELN, ya que no fue posible que se iniciara la mesa pública de negociaciones con esa guerrilla.

Así quedó confirmado con el comunicado expedido el miércoles por la delegación del Gobierno desde Quito, que servirá de sede para los diálogos, en el que se notificó la suspensión del proceso  hasta enero de 2017.

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Lo primero que dejó en claro el nuevo aplazamiento de la instalación pública de la mesa es que la liberación del dirigente político del Partido de La U Odín Sánchez es incierta y que, pese a lo dicho por voceros del ELN, como alias Pablo Beltrán, su regreso es un asunto que deberá ser discutido por la misma guerrilla.

“Tras una solicitud del ELN de ir a consultas internas, que fue aceptada por el Gobierno, se ha determinado que las conversaciones para concretar de manera definitiva la fecha de instalación de la mesa pública se retomarán el próximo martes 10 de enero de 2017”, reza exactamente el comunicado al respecto.

Sin embargo, la delegación oficial, encabezada por Juan Camilo Restrepo, planteó que se espera que durante estas cinco semanas se adelanten las consultas necesarias para que “se produzca en el menor tiempo posible la liberación del señor  Odín Sánchez para que esté al lado de su familia”.

Quedó también en evidencia que, a diferencia de las Farc, en el ELN no hay una unidad de mando, lo que contradice posiciones expresadas por comandantes  como Nicolás Rodríguez, alias Gabino, quien ha expresado que todos están identificados con la decisión de sentarse a negociar con el Gobierno.

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Ires y venires

En marzo pasado, en Caracas, Venezuela, se informó al mundo que las partes ya habían llegado a un entendimiento para abrir la fase pública del proceso de paz.

Pero  por la imposición del Gobierno de no instalar la mesa hasta que no fueran liberados todos los secuestrados de esa guerrilla se aplazó hasta octubre, cuando se notificó que todo estaba listo para que el 3 de noviembre arrancaran los diálogos en Quito.

Incluso se anunció un cronograma de trabajo de cinco semanas en las que se esperaba avanzar en el tema de cómo vincular a la sociedad civil en la construcción de la paz, ya que esa participación desde el inicio de la fase  pública es clave para el ELN.

Además, la  expectativa en octubre pasado con respecto al diálogo fue mayor a la de meses anteriores, debido a que, tras la mediación de una comisión de la Iglesia Católica, liderada por el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, esa guerrilla empezó a liberar a varios de los secuestrados que tenía en su poder, entre ellos a tres arroceros, pero  no sucedido lo mismo con Sánchez.

Otro punto que frustró el inicio del proceso fue la insistencia de parte de la guerrilla  para que el Gobierno libere a dos de sus miembros para hagan las veces de facilitadores de paz, como supuestamente se convino por las partes en octubre pasado.

Al respecto, el comunicado del miércoles indicó que “el Gobierno es categórico ante la opinión pública sobre los indultos a dos de los militantes de esta guerrilla que fueron acordados el 6 de octubre en Caracas: los casos que serían objeto de este procedimiento deben cumplir estrictamente con las condiciones que dispone la ley vigente”.

Responde el ELN

Este jueves el Ejército de Liberación Nacional aseguró que en las últimas sesiones de la mesa el Gobierno “fijó posiciones inamovibles con las que cerraron las posibilidades de diálogo, dejando la mesa en un punto de estancamiento”, lo que lleva a la delegación “a ir a  instancias superiores”.

En el Comunicado 003 también se indica que ambas delegaciones acordamos retornar a la mesa en enero, “en la expectativa que cada parte repiense sus posiciones actuales y traiga propuestas de aproximación que permitan resolver las diferencias e instalar, acá en Quito, la fase pública de conversaciones, para desarrollar la Agenda de 6 puntos pactada el 30 de marzo de este año”.

El miércoles en la noche, en la vereda Cañaguata, en Boyacá,  se registró un ataque al sistema petrolero que también fue atribuido al ELN  por las autoridades.

Al ELN le “preocupa el escalamiento de la persecución política contra los líderes sociales y de la izquierda; agresiones que el Estado observa impasible y permite, sin investigar y perseguir a la ultraderecha violenta que las comete”.

Y agrega que “para las fuerzas insurgentes, que estamos por sacar la violencia de la lucha política, el presente escalamiento de la persecución política nos indica que el régimen dominante no está interesado en la solución política del conflicto”.

 Esas “señales negativas también las vamos a analizar durante las consultas que inicia esta delegación”, aseguraron.

Juicio a Sánchez

En el comunicado, el ELN indicó que las  partes están de acuerdo en agilizar la puesta en libertad en forma simultánea de Odín Sánchez y de los presos políticos de esa guerrilla que serían indultados por el Gobierno, pero que hay una diferencia con respecto a esos delitos, la cual esperan resolver cuando se retome la mesa.

Sin embargo, también agrega que “la retención de que es objeto Odín  Sánchez busca hacerle un juicio político a él y a su clan por los delitos cometidos contra la sociedad chocoana; por lo que está en debate cuáles de tales delitos son indultables”.

En otro aparte dicen que  las principales víctimas les son la población no combatiente y marginada, “que de tiempo atrás también sufre el robo de los bienes públicos, por parte de los clanes corruptos y paramilitares, como el de la familia Sánchez Montes de Oca”.