Los cuestionamientos que hay sobre el Tribunal de Paz

Los cuestionamientos que hay sobre el Tribunal de Paz

Marzo 06, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Olga Lucía Criollo, reportera de El País
Los cuestionamientos que hay sobre el Tribunal de Paz

La Jurisdicción Especial para la Paz fue publicada el 15 de diciembre de 2015, luego de que sus lineamientos fueran acordados el 23 de septiembre.

Expertos reconocen que la escogencia de los integrantes y su reglamentación serán definitivos para que reciba aval del derecho orbital. Análisis.

Tal como quedó  planteado, el acuerdo de justicia convenido con las Farc es defendible ante las cortes internacionales, sostiene el juez español Baltasar Garzón, pero al jurista le preocupa que no se dice cómo va a operar el Tribunal de Paz ni cómo se van a escoger a los magistrados, y ahí puede estar la diferencia.

La ‘sentencia’ de  Garzón hace unas semanas en la Universidad Javeriana de Cali prendió las alarmas sobre los vacíos que tiene la Justicia Especial para la Paz, JEP, dada a conocer el pasado 15 de diciembre como parte del punto 5 (Víctimas) de la agenda convenida entre el Gobierno  colombiano y las Farc para terminar el conflicto interno.

Ante la inquietud de quien lleva más de 30 años investigando crímenes de lesa humanidad en varios países y es reconocido por apoyar el proceso de La Habana, El País consultó a expertos nacionales para analizar los cuestionamientos y la forma de resolverlos para que el sistema de justicia transicional, acordado por las partes negociadoras, esté realmente blindado ante la Corte Penal Internacional, CPI.

Lo primero que hay que recordar es que el Tribunal de Paz es solo una de las instancias que conformarán la JEP, ya que  esta  incluye también las llamadas salas de Reconocimiento, que a su vez darán paso a las de Aministía o de Revisión, según la persona acepte o no su participación en hechos relacionados con el conflicto armado, y la Unidad de Investigación.

Los expertos coinciden en estimar, teniendo en cuenta lo convenido en Cuba, que  todas las instancias sumarían  una veintena de magistrados, a razón de entre tres o cinco por cada Sala y el Tribunal, partiendo de la premisa de que un número impar “pemite dirimir controversias”.

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Quiénes deben ser 

Donde realmente está el meollo del asunto es en la forma en que seleccionarán esos magistrados y en el perfil que tienen que cumplir para alcanzar los estándares que exige la justicia internacional. “Se sabe que va a haber una Comisión de Selección, pero ni siquiera eso quedó claro en el acuerdo porque todavía es  un tema en discusión”, plantea Juan Diego Duque, politólogo de la Universidad Javeriana experto en justicia transicional.

Y tiene razón porque, pese a que ya está consignado en el punto 65 del acuerdo de Víctimas, hace dos semanas, en medio de la polémica por lo sucedido con ‘Iván Márquez’ en La Guajira, el presidente Juan Manuel Santos reiteró: “Bajo ninguna circunstancia los miembros del Tribunal podrán ser sugeridos por las Farc”.

“El Presidente  está diciendo que la Comisión no se va a crear por votos o cuotas de las partes, sino  por consenso, y así tiene que ser porque los magistrados que  escojan tendrán que ver cómo eligen a los directores de la Unidad de Investigación, de la Sala de Reconocimiento y de  las demás”, agrega.

En los 75 puntos que contienen la Jurisdicción Especial para la Paz también se reglamenta la Comisión de la Verdad, adonde acudirán quienes de manera voluntaria acepten su participación en el conflicto.

Pero Juan David Velazco, asesor de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, va más allá y asevera que “se supone que el primer principio que debe tener en cuenta un juez es la imparcialidad”, pero “tanto Gobierno como  Farc quieren incidir en  la escogencia de los magistrados”.

En su opinión, se deben seleccionar personas que hayan tenido experiencia en algún tribunal de justicia transicional, sea nacional o internacional, “porque la experiencia en Justicia y Paz ha demostrado que la curva de aprendizaje de un magistrado se demora entre tres y cinco años”.

Añade que ayudaría que los aspirantes certifiquen publicaciones académicas o sentencias judiciales que revelen su postura sobre Derechos Humanos, el conflicto armado y los crímenes de lesa humanidad, “porque tenemos que evitar que, por oportunismo, favores políticos, sesgo ideológico o venganza, estos magistrados  puedan vincular  penalmente a políticos o empresarios sin tener todos los requisitos para ello”.

Para  Nelson Camilo Sánchez, investigador de Dejusticia, el comité de selección de los magistrados no tiene que estar compuesto necesariamente por abogados, pero sí por conocedores de Derechos Humanos y pone como ejemplo al expresidente de Costa Rica y premio Nobel de Paz Óscar Arias. 

“Para los magistrados deberían aplicarse los requisitos que la Constitución establece para escoger el Defensor del Pueblo, y sí debería haber participación internacional, pero  con mayoría colombiana”, añade.

"Actualmente, la Fiscalía  investiga a 15.000 civiles por su participación en el conflicto, pero de las Farc no sabemos cuántas personas van a ser procesadas, entonces la  asimetría que hay es impresionante”, Juan David Velazco, asesor de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

Antes de la  firma

La reglamentación de la JEP  se tiene que hacer antes de la firma del acuerdo y antes de la refrendación “porque sería un engaño para la ciudadanía que salga a votar a favor o en contra del acuerdo de paz, teniendo vacíos de información”, dice Juan David Velazco, asesor de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

Nelson Camilo Sánchez, de Dejusticia,  indica que sería “muy  razonable que antes del acuerdo se establezca con claridad cómo va a ser la ley de aministía. Creo que eso ya es un punto de partida y muy pronto se reglamente lo demás, porque no puede suceder que haya dejación de armas y los guerrilleros no sepan dónde presentarse. Eso sería muy costoso para el proceso”.

”Los acuerdos no son jurídicos sino  políticos, entonces la Comisión Legislativa y el Gobierno tienen que transformarlos  en jurídicos, mediante proyectos de ley, y ahí es cuando se van a poner los detalles que faltan”, plantea el analista Juan Diego Duque.

Otros peros

Otro de los puntos que preocupan a los analistas  es  la delimitación de los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad y la verificación de las penas impuestas, ya que de no reglamentarse ningún control “se podría pensar que, a pesar de que hubo un juicio, no hubo sanción y estaríamos en contra del derecho internacional”.

Sánchez también señala que en diversos escenarios jurídicos del mundo  se ha determinado que los comandantes deben responder por los hechos de sus subordinados, bien porque les dieron una orden precisa o porque teniendo la posibilidad  de prevenir que ellos cometieran  violaciones no lo hicieron. “Si acá se se decide  que  los comandantes solo responderán cuando se les compruebe que dieron una orden expresa, habría una violación”.

Y Velasco anota que la Fiscalía General de la Nación tiene que hacer públicos los criterios con los que define quién es máximo responsable de un delito, “porque es un concepto muy subjetivo”. 

“Si nos atenemos a que los máximos responsables de esos crímenes fueron los miembros del Secretariado de las Farc de la  época,  sí habría impunidad, porque la mayoría  de quienes participaron en  las pescas milagrosas, por ejemplo, ya están muertos. Solo  quedan unos pocos y ya están muy viejos, como el ‘Sargento Pascua’, que tiene 80 años y su expectativa de vida es poca”, puntualiza.

Es por eso que Duque sostiene que el juez Baltazar Garzón  tiene razón cuando plantea que por ahora la Corte Penal Internacional  no puede dar un  concepto oficial de aceptación o rechazo sobre el sistema de justicia transicional acordado por las Farc y el Gobierno colombiano.

 “La Corte solo interviene  cuando el país no tiene la voluntad de hacerse cargo del proceso de justicia y en este caso no lo sabe porque el Tribunal de Paz ni siquiera ha empezado a funcionar”, puntualizó.

JEP, modelo internacional

“El acuerdo de justicia entre el Gobierno y las Farc no viola las normas internacionales porque ellas obligan a que el Estado de manera seria  investigue y procese a las  personas que han cometido las más graves violaciones y el acuerdo dice que estas van a ser objeto de un procedimiento judicial, con una investigación imparcial e imposición de una pena”, señala Néstor Camilo Sánchez, de Dejusticia.

Ahora bien, con respecto a las reiteradas críticas de José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, los analistas coinciden en afirmar que obedecen a que su concepción de justicia no admite una pena distinta a la cárcel.

“Uno podría discutir la severidad, pero en ningún tratado internacional se establece que esa pena debe ser cárcel. Ahí es  donde estoy en desacuerdo con Vivanco cuando dice que los acuerdos serían contrarios al derecho internacional porque las personas podrían no pasar ni un día en la cárcel” insiste.

A su vez, Juan Diego Duque, experto en justicia transicional, destaca que la JEP no es solo el Tribunal, sino que incluye tres salas (de Reconocimiento, de Amnistía y de Revisión de Situación Jurídica y  de Sentencias).

“Es un sistema totalmente innovador a nivel internacional, porque lo que siempre se crea es un tribunal, como el de Yugoslavia o Ruanda, pero nunca había habido un conjunto de organizaciones que se sienten a hacer justicia. Lo más parecido es la Corte Penal Internacional, que tiene una Corte y unos jueces, pero también una Fiscalía. Pero ser innovador lo  hace más complejo”, puntualizó.

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