Las víctimas Lgbti del conflicto armado ya no quieren ser invisibles

“No tengo problema con que me tomen la foto, ya me cansé de esconderme”, dijo antes de ponerse de pie y mirar al lente de la cámara.

La primera vez que tuvo que escapar tenía 15 años y no le alcanzó el tiempo para despedirse de los cafetales que rodeaban su casa en Falán, un municipio del norte del Tolima, donde muchos de sus habitantes han vivido de la agricultura, como lo hacía su familia; pero en plena efervescencia de su adolescencia Dumar Rico ya era visible en la vereda El Mango por participar de actividades sociales y encuentros deportivos.

A esa edad tuvo que llegar a Bogotá en busca de ayuda de familiares lejanos, escapando de las amenazas que paramilitares le habían lanzado en su pueblo, y cuya justificación sabía que no era su emergente liderazgo, sino todo eso que lo hacía “diferente a lo demás”. Hoy a sus 40 años y desde el norte de Cali, la ciudad en la que finalmente se instaló después de tanto escapar, puede decir que ser gay lo hizo blanco del hostil poder que los grupos al margen de la ley tenían en su territorio.

Sabe sembrar café, cosecharlo, limpiarlo, trillarlo y todo el proceso que termina en la bebida por la que son conocidos los colombianos, pero en la urbe le tocó aprender varios oficios y terminó dedicado a la belleza y el cuidado personal en una peluquería que tiene en la parte frontal de su casa, porque lo mejor para su seguridad era mimetizarse entre los transeúntes y ser invisible.

Permanecer el anonimato como lo hizo Dumar es al parecer una opción que decidieron seguir muchas víctimas del conflicto armado que se identificaban como población Lgbti, según lo han señalado informes como los publicados por Colombia Diversa, por la falta de datos precisos que se tienen para identificar los diferentes hechos victimizantes padecidos por este sector poblacional tras más de 50 años de guerra.

Solo 2.515 víctimas del conflicto se han reconocido como personas Lgbti, de los 8.421.627 víctimas en todo el país, de acuerdo al Registro Único de Víctimas con corte a mayo del 2017. El desplazamiento, las amenazas y los homicidios, son los hechos que más han padecido estas personas por parte de guerrillas, paramilitares y otros grupos armados al margen de la ley.

De hecho, el informe ‘Cuerpos excluidos. Rostros de impunidad’, realizado por Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación, da cuenta que las denuncias de personas Lgbti se dan en la mayoría de los casos en zonas donde hay fuerte presencia de grupos armados ilegales. En el 2015, por ejemplo, se recibieron 47 denuncias, un 50% más de las reportadas en el 2014 y ocurridas en municipios de Bolívar, Cundinamarca, Sucre, Atlántico, Antioquia, Valle y Magdalena, golpeados por el conflicto.

“Necesitamos seguridad. Como Lgbti estamos expuestos y como víctimas también. Es muy difícil, acceder a los beneficios, y con ello me refiero a la justicia, reparación y verdad, y poder continuar con vida”, cuenta Marisela Rivera, directora de la Corporación Colombia Somos Todos y Todas, entidad que trabaja por los derechos de las personas diversas, especialmente en pleno posconflicto.

Marisela aclara que no todas las víctimas Lgbti lo son por su orientación sexual o identidad de género, sino que algunos lo son porque han estado en territorios donde se vivió el conflicto; sin embargo asegura que las personas Lgbti merecen especial protección ya que “cuando se supo de nuestra orientación sexual, independientemente del conflicto armado, pero más durante el mismo, hubo víctimas de violencia sexual, hubo una discriminación histórica”.

Reconoce que a la mayoría de las personas que reportan su condición de víctima no se les pregunta el enfoque diferencial (género y orientación sexual), pero “otros tampoco lo decíamos, porque muchas víctimas aún temen reconocerse y asumirse”.

Dumar tardó 20 años en reconocerse como una víctima Lgbti del conflicto armado. Cerró tanto las puertas de su identidad que nunca ha votado en ninguna elección popular, por miedo de que vean su cédula y puedan identificarlo. “Yo salí de mi vereda porque decían que era un guerrillero, cosa que no es cierta. Mucho tiempo después volví, visité a unas amigas y estaba prestándoles servicio de peluquería, cuando llamaron a un familiar a decirle que ya me habían visto, y que no me querían ver allí. No pasé ni día y medio en el pueblo”.

Esto se ha visto reflejado en la poca participación que tienen en las mesas de víctimas regionales. Mauricio Garcés, enlace Lgbti de la Gobernación del Valle, señala que varias personas de orientación sexual diversa vienen de contextos rurales, con falencias en su formación educativa relacionadas con el conflicto y otras temen reconocerse.

“Ocurre que cuando declaran ante la Unidad de Víctimas, algunos pueden no saber qué significa ser Lgbti o por cuestiones personales no reconocen públicamente su identidad de género. Hay personas que sienten que su orientación sexual lo hizo responsable del daño que ha sufrido, y naturaliza esa violencia, creen que es su culpa y que por eso pusieron en riesgo a su familia”, puntualiza.

Garcés dice que los hechos victimizantes contra la población Lgbti aún están por documentar, pues es poco lo que se conoce de los abusos sexuales contra mujeres Lgbti, los reclutamientos de hombres para que “sea más hombre”, entre otros casos que han revelado las víctimas en todo el país.

Pero el acuerdo alcanzado entre las Farc y el Gobierno por ahora no pone fin a la discriminación en Colombia. “Es indiscutible que las Farc nos lesionaron como población, pero hubo otros grupos armados. Hoy ocurre la desmovilización de las Farc, pero además están ahora los grupos religiosos, que en nombre de su Dios nos discriminan y nos agreden”, dice Marisela Rivera.

Su comentario se hizo evidente con la tergiversación del enfoque de género que incluía el acuerdo de paz con la guerrilla, y que durante la campaña por el plebiscito fue presentado como “ideología de género” por grupos políticos y religiosos, que incidieron en erróneas ideas sobre la inclusión de la mujer y de la población diversa para el posconflicto.

“Nos cogieron como caballito de batalla para olvidar lo importante del plebiscito. Porque el conflicto no se dio por la población Lgbti, nosotros estábamos en medio del problema, y resaltar nuestros derechos solamente es hacer justicia”, añade Rivera, quien es madre de 2 hijos, con una familia homoparental conformada con Yovana Patiño, quien también es consultora y defensora de los derechos humanos.

El activista caleño Luis Felipe Rodríguez, dice que el gran reto del Gobierno en el posconflicto es evitar que la inclusión de personas Lgbti en la mesa de víctimas no sea un “saludo a la bandera”, sino que se vean la intención de reparación integral y que los involucrados, como las Farc, pidan disculpas por lo causado a la población Lgbti.

Dumar aún no cree plenamente en el proceso de paz. Aunque ahora está decidido a ser visible y contribuir con su talento a ayudar a otras víctimas y personas Lgbti que viven en barrios populares de Cali, cree que hacen falta acciones concretas de construcción de paz.

“Hasta ahora solo me he visto beneficiado con el sistema de salud. Yo he luchado por mi cuenta para salir adelante, pero sé que hay muchas otras personas gay a las que siempre les han cerrado las puertas hasta para conseguir empleo, y otros espacios, solo por ser afeminados”.

Y aunque duda de la voluntad de los actores armados ilegales por abandonar el crimen, quiere perder el miedo que lo ha atormentado por tanto tiempo. Ahora está listo para dejar que le tomen una foto.

Cali ha sido la ciudad a la que han llegado varías víctimas del conflicto armado, entre ellas las de la población Lgbti.

Sin embargo, la falta de reconocimiento y los temores ha impedido que se tenga un consolidado exacto de cuántas víctimas Lgbti viven en la ciudad.

La Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Cali tiene un reporte de 31 personas. Julián Cardona Arturo , coordinador de la Oficina de Diversidad Sexual de la Alcaldía, lidera el comité interinstitucional Lgbti que busca articular procesos de atención desde diferentes entidades de la Administración para las personas Lgbti de la ciudad.

*Este artículo se publica gracias a la beca '200 años en paz, storytelling para el posconflicto', apoyada por la Escuela de Periodismo de El Tiempo, la Embajada de Suecia, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Universidad de La Sabana. Puede visitar el especial completo aquí.