Las dudas sobre el 'blindaje' al acuerdo de paz

Las dudas sobre el 'blindaje' al acuerdo de paz

Mayo 15, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País

Expertos en derecho constitucional creen que existen varios vicios de ilegalidad en lo anunciado por el Gobierno y las Farc.

Fiel a la manera cómo se ha polarizado el país desde el inicio de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc, el anuncio hecho esta semana por las partes de llevar directamente al bloque constitucional los acuerdos de La Habana dio pie a un nuevo debate.

Aunque hay quienes consideran que es sano evitar que lo acordado pueda ser modificado a discrecionalidad del Gobierno de turno, varios expertos en derecho constitucional aseguran que existen serias dudas sobre el soporte jurídico de lo que anunciaron las partes.

Sobre todo que el Congreso deba avalar un articulado que nadie conoce o que se incluya en el estudio del marco jurídico para la paz un parágrafo transitorio estando ya en séptimo debate cuando eso lo prohibe la Carta Magna.

O que se incluyan primero los acuerdos a la Constitución y luego se consulte la voluntad de los colombianos. “Van a poner a los ciudadanos a votar, pero no a decidir”, dijo al respecto el procurador Alejandro Ordóñez.

Están son algunas  dudas que rondan el acuerdo  anunciado desde Cuba.

La principal crítica al anuncio de elevar el resultado de las negociaciones a un acuerdo especial, es que Gobierno y Farc habrían dado un golpe a la Constitución porque el mecanismo para modificarla es a través de una Asamblea Constituyente o el Congreso.

“Automáticamente Gobierno y Farc se volvieron constituyentes y están sustituyendo al pueblo, que es el constituyente primario, y están convirtiendo el Congreso de la República en simple notaría para registrar y darle trámite formal al proyecto que busca implementar lo acordado en La Habana”, indicó el senador Alfredo Rangel, del Centro Democrático.

Apreciación que no comparte Jorge Alberto Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, quien indicó que “no se está suplantando una Constituyente porque estamos hablando de dos mecanismos distintos. Este es un mecanismo novedoso de cambio constitucional y diría que aún incomprendido, pero no por eso quiere decir que sea contrario a la Constitución; además porque será la Corte Constitucional la que revise y determine si es exequible o no”.

Ese es, según el constitucionalista Jaime Castro, el primer gran punto de preocupación en relación al Congreso porque le están pidiendo que diga, “en un artículo redactado en La Habana, que lo acuerden o que firmen en adelante, que nadie conoce, hará parte del bloque de constitucionalidad”.

“Le van a dar fuerza jurídica de texto constitucional al acuerdo final y quedará valiendo tanto como lo que valen los 380 artículos de la Carta Política y resulta que el acuerdo final no existe y no lo conocen ni quienes van a firmarlo porque es un acuerdo clandestino. Eso es un cheque en blanco”, dijo Castro.

No obstante, el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, aseguró que “es carreta eso de que los acuerdos no se conocen; hay cuatro puntos que son públicos sobre tema agrario, participación en política, narcotráfico y jurisdicción especial para la paz”.

“Es el Congreso el que tiene que hacer el articulado para convertirlo en ley y el Gobierno cuenta con las mayorías y será aprobado fácilmente. Además, ese es el único mecanismo que les da tranquilidad a las partes”, aseguró Ávila.

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Otra duda que ronda en el ambiente es si tendrá alguna relevancia el eventual plebiscito si en él los colombianos rechazaran los acuerdos de La Habana.

En opinión del analista Vicente Torrijos, esa decisión “sería prácticamente ignorada porque se apelaría al criterio de que no es de obligatorio cumplimiento esa voluntad popular y sencillamente quedaría como un acto consultivo y que se toma nota, pero  que no tiene una real incidencia”.

Pero el exfiscal Francisco José Sintura indicó que no es que este acuerdo convierta a Gobierno y Farc en constituyentes ni eleve lo acordado a norma constitucional “eso no es jurídicamente posible porque sería darles el mismo estatus de constituyente primario, que es el pueblo, o de constituyente secundario que es el Congreso; por consiguiente, si  la gente lo rechaza, se cae todo lo acordado”.

El analista Diego Luis Sánchez considera que es sana la iniciativa de las partes en La Habana de querer blindar el acuerdo que resulte de la negociación, pero que el país al menos debe conocer lo que se va a blindar.

“Claro que es importante garantizar que el acuerdo que avalen los colombianos y la Corte Constitucional no vaya a quedar a discreción del gobierno de turno. Pero uno no puede llegar a un taller a pedir que le blinden algo que no existe”, dijo Sánchez.

Sin embargo, el senador Alfredo Rangel cree que lo que están buscando Gobierno y Farc es evitar que un nuevo gobierno revise y ajuste los defectos de este acuerdo, que tiene el rechazo mayoritario del país.

Quieren espantar el temor de que un gobierno próximo interprete el repudio del pueblo a los acuerdos de impunidad y de elegibilidad para criminales de guerra y de lesa humanidad y revise lo que se ha acordado en La Habana”, explicó el congresista.

Para algunos sectores de oposición, el interés de llevar lo acordado al plano internacional no es otro que el de bajarle el tono a nivel mundial a una negociación que contiene una alta dosis de impunidad para los integrantes de la guerrilla de las Farc.

“Los delitos de lesa humanidad si no son juzgados internamente, la Corte Penal Internacional tiene competencia subsidiaria y puede ejercer jurisdicción. Casos como secuestros, ejecuciones y reclutamiento de menores son imprescriptibles en la justicia internacional y no pueden ser amnistiables”, dijo el exfiscal Sintura.

El analista Ariel Ávila explicó que “los crímenes de lesa humanidad y genocidio irán a la jurisdicción especial para la paz y tendrán cuatro salas cada una con tres jueces colombianos y dos extranjeros. Aquí no habrá cárcel, pero si más justicia que en Ralito”.

Aunque lo que ha dicho el Jefe Negociador del Gobierno es que con el acuerdo especial se favorecen todos: “el país, el Gobierno y las Farc porque es la manera de lograr una paz estable y duradera”, los analistas consultados no ven el blindaje tan claro.

“Con esta decisión creo que no se está favoreciendo nadie. Por el contrario, considero que se está afectando aún más la credibilidad y la confianza de los colombianos en el proceso de paz porque se están tomando medidas para avalar a como dé lugar lo acordado y sin sustento jurídico”, indicó el analista Diego Luis Sánchez.

“No se están favoreciendo ni las Farc, como dicen algunos, porque están quedando varios cabos sueltos y que seguramente, sin bases legales sólidas, se van a caer o van a ser rechazados en el mismo Congreso o en la revisión que realice la Corte Constitucional por improvisados”, agregó.

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, cree que incluir ese articulado en un proyecto  a punto de terminar “violenta el principio de consecutividad que tanto defiende la Corte Constitucional porque a la iniciativa solo le resta un debate de comisión en Cámara y uno en plenaria de Senado para reformar la Constitución y por más constancias que se haya dejado en debates anteriores no veo viable incluir ahora una modificación de tal calado y profundidad en nuestra Constitución Política”.

El constitucionalista José Gregorio Hernández agregó que “si el Congreso aprueba ese parágrafo transitorio, estaría violando la Constitución porque el Artículo 375 es sumamente claro al señalar que en los actos legislativos no se puede incluir en segunda vuelta algo que no se discutió en la primera; por eso se debe publicar en diario oficial.

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