¿La paz con las Farc, un camino sin retorno?

Mayo 15, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Argemiro Piñeros Moreno, Colprensa
¿La paz con las Farc, un camino sin retorno?

El pasado jueves, las partes negociadoras en La Habana anunciaron un convenio para blindar jurídicamente y ante el Derecho Internacional el acuerdo final.

Las negociaciones tomaron una dinámica que hace pensar que la firma de los acuerdos finales se daría incluso antes de terminar este semestre.

Apenas dos meses atrás pensar que la terminación del conflicto armado que pactan  el Gobierno y las Farc en La Habana  se iba a lograr rápidamente  era muy difícil de creer.

El motivo fue el fantasma que quedó rondando desde el 23 de marzo pasado, fecha que desde septiembre de 2015 habían acordado el presidente Juan Manuel Santos y el jefe máximo de esa guerrilla alias Timochenko.

Pero en medio de ese nuevo momento de incertidumbre, en cuestión de cinco semanas el proceso empezó a tener una dinámica que hace prácticamente que el camino recorrido por las partes hace casi  cuatro años no tenga retorno, lo que llevará a que se firme rápidamente, incluso antes de terminar este semestre.

El anuncio hecho el jueves pasado, en que las partes pactaron un mecanismo jurídico que garantice y blinde  los acuerdos ratificó que los tiempos del proceso cada vez se van cerrando con éxito, lo que obliga a que desde otros escenarios se coincida en las decisiones.

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El senador y presidente de  la Comisión de Paz del Congreso, Roy Barreras, quien ha empezado a acompañar la mesa en las últimas semanas, resalta que “lo que firmamos es un paso a la legalidad, con la misma celeridad vamos a tener resultados en las próximas semanas con otros temas”.

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En la mesa

En los pendientes que están en la mesa de negociaciones de La Habana se encuentra en primer lugar  el cese bilateral del fuego. Los jefes guerrilleros ‘Iván Márquez’ y ‘Carlos Antonio Losada’ han indicado al respecto que “esperamos dar buenas noticias” en los próximos días.

Barreras coincide con esa posición: “Hay mucha esperanza de que podamos darle pronto más buenas noticias a los colombianos” y consideró que “falta el punto tres, que es el cese al fuego definitivo y dejación de armas, lo que implicará el paso real de la guerra a la paz”.

Incluso, durante las sesiones del ciclo 49, que se cumplió al cierre de abril, se daba como un hecho que el cese había   sido firmado, pero un motivo que  ha llevado a frenarlo han sido los operativos militares que en los últimos días se han incrementado contra esa organización guerrillera.

A la par, en la mesa de diálogos se está concretando el tema de las zonas de concentración. Si bien la figura ya se pactó, el Mandatario de los colombianos expresó que falta definir la forma cómo van operar.

 La ONU, que será la  encargada de  esa verificación, por intermedio de su secretario General, Ban Ki Moon, como lo dijo en abril pasado, está lista para empezar con esa labor.

Deberán anunciarse también el mecanismo concreto sobre cómo se hará la dejación de las armas, el sistema de protección que se le dará a los jefes guerrilleros cuando ya estén en la civilidad y quiénes serán los magistrados que harán parte del tribunal especial de justicia transicional.

El Congreso

En cuanto al Congreso de la República, su compromiso con el proceso de paz parecería estar cumpliéndose, al menos en cuanto a las mayorías se refiere.

Luego de haber aprobado la Ley de Plebiscito Especial en diciembre, ahora la Cámara de Representantes deberá dar paso a los dos últimos debates de la reforma constitucional que busca reglamentar los acuerdos.

Esta enmienda constitucional por términos de tiempo tiene cinco semanas para cumplir sus dos últimos debates.

La misma se tendrá que empezar a discutir desde la próxima semana en la Comisión I de la Cámara, en donde se debatirá si los cambios que plantea el Gobierno son legales o están por fuera del tiempo.

Según los cálculos, el proyecto llegará a la plenaria de la Cámara por tardar en la primera semana de junio. Las actuales sesiones ordinarias cerrarán el 20 de junio, y  por ser una reforma constitucional no puede votarse en un periodo de sesiones extraordinarias.

El  ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, recordó que en los seis debate anteriores se habían dejado constancias expresas para que lo pactado en la mesa se considera como un acuerdo especial.

Según el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco,  su colega, el senador Roosvelt Rodríguez fue quien se encargó de presentar en su momento la propuesta de darle esa categoría a la negociación.

La norma señala que en la segunda vuelta de un acto legislativo solamente se podrán incluir aquellos temas que se hayan planteado en la primera vuelta.

La Corte

Es claro que otro momento clave que se dará en cuestión de un mes alrededor del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc es la decisión de la Corte Constitucional sobre la Ley del Plebiscito, puesto que el alto tribunal ya incluyó el estudio de esta entre sus prioridades.

Al respecto, el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, señala que confía en que la Corte avalará la ley, y recordó que el trámite legislativo se cumplió con todo el procedimiento, lo que, según él, garantiza que no se podrá caer por vicios de trámite.

Una posición diferente es la que se plantea desde  el Centro Democrático, partido opositor  a las negociaciones en La Habana.

El senador José Obdulio Gaviria ha señalado que la aprobación de la misma no cumplió con la normatividad y se deberá caer en el alto tribunal.

El viernes anterior, el presidente Juan Manuel Santos hizo una férrea defensa de lo anunciado el jueves desde Cuba,  tras las críticas expresadas por la oposición.

Organización electoral

La suerte final del proceso de paz también dependerá de la Organización Electoral. 

De fallar positivamente la Corte Constitucional, el plebiscito pasará a manos de la Registraduría Nacional y del Consejo Nacional Electoral, CNE.

El registrador  Juan Carlos Galindo ya ha dicho que esta votación tendrá la misma seriedad y compromiso que si fuera una elección presidencial o cualquiera de las otras justas electorales que se realizan en el país.

Si la Ley del Plebiscito sale en mayo de la Corte Constitucional, como son las apuestas del Gobierno Nacional, la convocatoria de los colombianos a las urnas tomará entre tres y cuatro meses, de ahí que el presidente Santos y el Ministro del Interior hablen de que sería en septiembre.

Galindo sostiene que se alistará un proceso de votación con todas las garantías para que la población se pueda expresar en las urnas, a favor o en contra, aunque resalta que se tendrá muy poco tiempo para su organización.

Pero mientras que el futuro del plebiscito en la Registraduría está claro, no sucede lo mismo con el  CNE, en donde deberá ser reglamentado en lo que tiene que ver con la inscripción de los comités promotores y detractares del mismo.

El inconveniente que existe es que el Consejo Nacional Electoral, CNE,  ya completa cerca de ocho meses sin tener mesa directiva, debido a que hay una división interna, lo cual ha sido aprovechado por el Centro Democrático y el Partido Conservador para no lograr un consenso respecto a este mecanismo de refrendación de los acuerdos pactados entre el Gobierno y las Farc en Cuba.

Lo acordado hasta ahora

Desarrollo agrario: se creará un fondo de tierras de distribución gratuita, además de una formalización de la propiedad rural, se entregarán subsidios y se creará una jurisdicción agraria, entre otros puntos.Participación política: se establecerán mecanismos para la creación de nuevos partidos políticos, así como circunscripciones especiales en las zonas más afectadas por el conflicto, donde se podrán elegir parlamentarios extras a los ya existentes; todo en el marco de lo que las partes denominaron una “nueva apertura democrática”.Drogas ilícitas: se desarrollará la sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos y se tratará como problema de salud pública el consumo de sustancias ilícitas, además de intensificar la lucha contra el narcotráfico.

Justicia transicional: se creará una jurisdicción especial para la paz, que será integrada por magistrados colombianos y de otros países, quienes examinarán los delitos cometidos por los actores del conflicto. Los combatientes que se desmovilicen dentro de los 60 días siguientes a la firma de los tratados de paz y confiesen sus delitos podrían enfrentar penas de hasta ocho años, en condiciones especiales de restricción a la libertad.

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