La guerra los sacó del Litoral del San Juan, en Chocó

“Quisiera que la gente se colocara en nuestros zapatos, ser víctima no es fácil. El Gobierno se olvida de nosotros. Acá nos miran raro. No tenemos casa, trabajo, nada. Mis hijos me piden que les dé plata para los zapatos o para el recreo y de dónde voy a sacar”.

-Por unos segundos cierre los ojos. Está en su casa con sus hijos y su pareja. Llegan hombres armados, los amenazan. Matan a sus vecinos, a esos que conoce de toda la vida, que vio crecer, que jugaron con sus hijos. Tiene minutos para huir. Coge una maleta, apretuja ropa, zapatos, algo de comida… lo que le quepa. Se montan en el carro y, junto con sus otros vecinos que sobrevivieron, huyen. Manejan por horas y llegan a otra ciudad, podríamos decir Palmira o Buga. O más lejos aún, Bogotá. Y allí llega a la casa de un tío, un primo o un amigo. Si no tiene a nadie, lo acomodan en un coliseo o una escuela-.

Ese día, a las 6:00 p.m., los hombres armados llegaron. Dañaron lanchas, patearon la casas de tabla. Gritaron. Amenazaron. Los llamaron ‘paracos’ y buscaron en las casas. Mataron a cinco jóvenes, a cuatro con tiros de fusil y el quinto murió ahogado cuando intentó escapar. Les dijeron que los iban a matar a todos. Dejaron una bandera del ELN colgando en una casa.

Las 13 familias del Consejo Comunitario de Carrá tomaron sus botes y salieron hacia Docordó, cabecera municipal del Litoral del San Juan. Unos durmieron donde familiares, otros en un albergue que está a punto de caerse.

Cuando llegó la ayuda, días después, les alquilaron casas o cuartos. En una misma casa de tres a cuatro familias, cada una con cuatro a seis miembros.

No era la primera vez que se desplazaban. Lo hicieron el 13 de junio de 2015 por unos combates. Un mes antes de la masacre, la población de Carrá se desplazó a Docordó por combates y los rumores de amenazas.

Según un documento de Human Rights Watch, el 19 de febrero la “Armada colombiana participó de un enfrentamiento armado durante 45 minutos detrás de la escuela de la comunidad afrocolombiana de Carrá”. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre el riesgo de esta población.

Cuentan los habitantes de esta población que las autoridades les dijeron que no pasaba nada, que podían regresar. Y así lo hicieron.

“Nunca quise vivir aquí, siempre venía de paso. Dejar la comunidad de uno y en esas condiciones, no se lo deseo ni a los que nos hicieron eso. Y ahora que estoy aquí, me miran raro, es como si uno no perteneciera a este municipio. Como una cucaracha, como si nosotros fuéramos los culpables”, dice uno de los sobrevivientes.

El País acompañó la semana pasada una de las misiones regulares que realiza la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) al Litoral del San Juan, para dar seguimiento a la situación humanitaria en la región.

Es que las comunidades del Litoral y del Bajo San Juan llevan años sufriendo la guerra, por lo que muchos de sus líderes se han capacitado para conocer sus derechos. Citan normas, leyes y decretos. Insisten en que la atención no es ayuda sino un deber del Estado (Alcaldía y Unidad de Víctimas). En la última década más de 15.000 personas han sufrido el desplazamiento en el San Juan.

En el recorrido visitamos comunidades de afros e indígenas Wounaan Nonam. También a los desplazados que están en Buenaventura y Docordó.

En esta última población nos reunimos con personas de Carrá y de otras poblaciones del Litoral del San Juan, como Pichima Playa o Togoromá. Estos últimos llevan desplazados entre cinco y tres años.

Fue una catarsis colectiva. Las palabras salieron atropelladas, todavía el dolor de la muerte de sus seres queridos sin cicatrizar. Heridas abiertas, sangrantes y sin curar. Desde la tragedia no han recibido atención psicológica.

Para los pobladores de Carrá lo más duro ha sido el señalamiento. El irrespeto por la memoria de sus muertos, de sus amigos, los muchachos con los que crecieron. “Los tildan de paracos, a todos nos tildan de eso. Esos pelados no tenían ni idea de la guerra, uno trabajaba con la Secretaría de Educación, les manejaba una lancha. Los otros con la madera”, dice.

En Buenaventura, una mujer de la población de Cabeceras también pide que a los jóvenes que mataron los recuerden con dignidad. “Vea, es que nosotros los conocemos desde niños. Los de Carrá y de Cabeceras somos de las mismas familias. Aquí hay hermanos y tíos de ellos. Esos pelados eran trabajadores, no se arrugaban para el trabajo. A unos de ellos les decíamos los porrudos por lo fuertes; otro era motorista de la lancha del colegio de Docordó. Y Julito, ese pelado sí que era querido. Siempre echaba chistes, siempre tenía una sonrisa. O Jimmy, que era tremendo futbolista”.

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De acuerdo con la Unidad de Víctimas del Valle, actualmente en Buenaventura hay 92 familias desplazadas provenientes del río San Juan.

Aparte de las personas de Cabecera, refugiadas en un coliseo están 60 familias de Chagpién Tordó y Chagpién Medio, de la etnia Wounaan, que permanecen hacinados en el Centro de Atención Integral a la Juventud. Ellos salieron de sus territorios en febrero pasado, luego de una serie de hechos de violencia.

Primero, un grupo armado reclutó a la fuerza a tres menores de su comunidad: dos niñas de 13 y 14 años y un adolescente de 17. Luego, llegaron los combates entre la Fuerza Pública y un grupo al margen de la ley.

Por temor, fueron saliendo de a poco en la última semana de febrero. Unos en canoas hasta La Palestina, donde tomaron la ruta (una lancha que va desde Docordó al Bajo Calima), otros en los botes de la comunidad. Una vez en el Bajo Calima, tomaron buses a Buenaventura.

Están a punto de cumplir cinco meses. Quieren volver a su tierra, pero saben que no pueden hacerlo. Añoran sus cultivos de papa china, de caña, de yuca. Las mujeres añoran tejer el werregue para sus artesanías. Las chaquiras que tenían para los collares ya se acabaron. Allá tenían el río para pescar. Acá, reparten un bulto de papas y algunos pollos del mercado que les dan de la Alcaldía. Una papa por persona. Un rollo de papel higiénico por familia.