Instauran acción contra Icbf y Gobierno por entrega de menores de las Farc

El candidato al Senado por Cambio Radical Julio César Mancera informó este jueves que interpuso una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en contra de la Presidencia de la República, el Instituto de Bienestar Familiar (Icbf) y el partido político de las Farc.

El recurso se presenta, según Mancera, por no identificar y entregar la totalidad de menores víctimas del conflicto armado y restablecer integralmente sus derechos, como lo establece la ‘Ley de Víctimas’ y el Acuerdo de Paz de La Habana.

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La acción de cumplimiento argumenta que existe falta de información confiable y suficiente sobre el número de menores reclutados, así como de la cantidad de entregados por el grupo guerrillero. Argumenta el documento que no se ha realizado una efectiva verificación de dicha entrega por parte del Gobierno, tal como se estableció en el compromiso con las Farc en mayo de 2016.

“Según el cronograma de los acuerdos finales para la paz, la entrega de todos los menores de edad reclutados por las Farc debió llevarse a cabo a mediados de 2016. El grupo armado dice que cumplió con la entrega de los menores. Sin embargo, resulta ingenuo creer esta versión cuando en su momento el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, reconoció que este grupo incumplió el acuerdo de menores”, dijo Mancera.

Argumenta el candidato al Senado que hasta le fecha se tiene conocimientos que las Farc ha entregado 88 menores víctimas del conflicto armado. No obstante, dice la demanda que “esta información dista gravemente no sólo de los 21 menores que estimaba las Farc en mayo de 2016, sino de los cerca de 11.556 menores que han sido afectados por este delito en los últimos 42 años y de la cifra de 3.609 menores en los últimos 17 años que tiene registrados el Icbf”.

Afirma el documento que el “Gobierno Nacional y el Icbf silenciaron e ignoraron el tema de la verificación de la entrega total y efectiva de los menores reclutados ilegalmente en las filas del grupo armado, no han restablecido sus derechos y omitieron un registro de los mismos desagregado por causa, zona, nombre, identificación, lugar de entrega y medidas de restablecimiento”.

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Agrega el texto que “no existen labores, protocolos y programas de verificación eficaces por parte del Gobierno tendientes a comprobar que los menores entregados por las Farc, correspondan a la misma cantidad de víctimas reportadas según estudios y registros en tal sentido y se compruebe que los derechos prevalentes de los menores afectados por el conflicto armado, fueron o van a ser restablecidos de acuerdo con el Código de la Infancia y la Adolescencia e instrumentos internacionales aplicables”.

De acuerdo con la demanda tanto el Gobierno Nacional, el Icbf como las Farc han omitido la aplicación de 10 artículos del Código de Infancia y Adolescencia, el artículo 190 de la ley 1448 de 2011 -Ley de Víctimas- y los compromisos contenidos en el punto 3.2.2.5 del acuerdo de paz.

Mancera aseguró que “Si bien es cierto que algunos de esos menores ya murieron otros han alcanzado su mayoría de edad, esto no supone que hayan perdido su condición de víctimas. El Estado, por ende, tiene la obligación inaplazable de exigir la entrega de los menores y velar por el restablecimiento de sus derechos constitucionales y el grupo armado de cumplir con su compromiso de identificarlos y entregarlos para su reincorporación a la vida civil”, agregó Mancera.

En el recurso jurídico se exige poner fin al reclutamiento de menores de 18 años, desmovilizar a los niños de todas las fuerzas armadas bajo su control y entregarlos al organismo nacional o internacional humanitario adecuados de conformidad con los acuerdos finales de paz.

También se solicita desarrollar y aplicar en los próximos seis meses políticas claras para identificar las víctimas del reclutamiento, reincorporar a la vida civil con programas psicosociales y garantizar que los afectados por este delito regresen de manera inmediata a sus hogares o a la custodia del Estado en los términos de los acuerdos finales de paz.

Las políticas de restablecimiento deben ser informadas a través de los medios de comunicación y se debe garantizar que los niños reclutados no afronten las represalias contra ellos o sus familiares por el fin del conflicto.

También se pide al tribunal que los responsables del reclutamiento de niños rindan cuentas, no concediendo inmunidad judicial a los miembros de la guerrilla o las fuerzas paramilitares responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario, que acudan a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para ventilar los casos de reclutamiento de menores de edad y llevar a cabo investigaciones, en la Fiscalía General, de los líderes de los actores criminales responsables de reclutar, violar y maltratar a niños menores de 15 años en sus fuerzas con carácter prioritario.