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Los guerrilleros de las Farc que estén sindicados o condenados por rebelión o delitos conexos podrán solicitar los beneficios que otorga la Ley de Amnistía e Indulto. | Foto: Oswaldo Páez | El País

FARC

Inicia aplicación de ley de amnistía a las Farc

Fiscalía General ya tramitó beneficios a 4 guerrilleros. En estudio hay 72 solicitudes de libertad condicional.

28 de febrero de 2017 Por: Redacción de El País y AFP

La Fiscalía de Colombia anunció que otorgó las primeras cuatro amnistías a miembros de las Farc, en el marco de la aplicación del acuerdo de paz sellado entre esa guerrilla y el Gobierno Nacional el año pasado. Lea también: Fiscalía otorgó las primeras amnistías a miembros de Farc

Según un comunicado del ente investigador, en cumplimiento de las leyes aprobadas “como resultado del proceso de paz con las Farc, la Fiscalía General de la Nación informa que al 23 de febrero de este año la entidad ha recibido 98 solicitudes de amnistía”.

“Después de verificar los diferentes sistemas de información la Fiscalía General de la Nación tramitó las primeras cuatro solicitudes: una en Paz de Ariporo (Casanare), y tres en Neiva (Huila)”, detalló el organismo.
La Fiscalía presentará las solicitudes ante un juez, como se estipula en el decreto que reglamenta la Ley de Amnistía, quien decide.

Los guerrilleros de las Farc que pueden ser objeto de amnistía son aquellos señalados únicamente de rebelión o delitos conexos.

Otros rebeldes, no obstante, han optado por solicitar libertad condicionada porque han pagado más de cinco años de pena por delitos que no son directamente amnistiables.

La Fiscalía dijo además que “tramita 72 solicitudes de libertad condicionada presentadas por desmovilizados de las Farc”. Las decisiones sobre estas peticiones, deberá emitirlas en los próximos días el Tribunal Superior de Bogotá.

“Los miembros de las Farc que se hagan acreedores a la libertad condicionada, deberán suscribir un acta de compromiso, sometiéndose libremente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tendrán que informar todo cambio de residencia y no podrán salir del país sin previa autorización”, añadió el ente investigador.

La JEP es el sistema judicial que se creará para dictaminar sobre los delitos cometidos en medio de la confrontación armada de más de medio siglo y cuya conformación fue acordada por gobierno y guerrilla en el acuerdo de paz firmado en noviembre.

En cumplimiento del pacto, 7000 miembros de las Farc se encuentran concentrados en 26 puntos del país, donde dejarán progresivamente sus armas bajo supervisión de la ONU y se prepararán para volver a la vida civil.

Corte pide concepto a la CPI

De otra parte, la Corte Constitucional le solicitó ayer a la Corte Penal Internacional. CPI, con sede en La Haya, un concepto sobre el Decreto 277 del 17 de febrero pasado mediante el cual el Gobierno Nacional reglamentó la aplicación de la Ley de Aministía e Indulto para los guerrilleros de las Farc.

El pedido forma parte del estudio y control automático constitucional que debe hacer esa corporación a las leyes que se tramitan el Congreso de la República para la implementación del proceso de paz mediante el mecanismo del ‘fast track’ o vía rápida. 

La Corte Constitucional también le pidió a la Fiscalía General de la Nación y al Gobierno Nacional que le haga hagan llegar el listado de los guerrilleros que son investigados y los condenados por delitos indultables.

Asimismo, le solicitó a la Corte Suprema de Justicia la lista de las condenas emitidas en ese sentido.

El estudio de este tema le correspondió al magistrado Jorge Iván Palacio, pero este termina su periodo mañana, razón por la cual el mismo pasará a manos del magistrado Iván Escrucería Mayolo, quien lo reemplazará en calidad de encargado.

La Ley de Amnistía en Indulto quedó aprobada el pasado 28 de diciembre. La norma, según lo aprobado, no otorga beneficios a los responsables de delitos considerados de lesa humanidad, genocidio, violaciones sexuales, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Otros que se benefician

La Ley de Amnistía e Indulto también permitirá adoptar tratamientos penales especiales para civiles y agentes estatales que hayan sido sindicados, procesados o condenados por incurrir en conductas punibles por causa del conflicto armado.

Esta norma, en el aparte de la renuncia a la persecución penal y libertad provisional, permitirá dar solución jurídica a 5000 integrantes de la Fuerza Pública.

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