"Hemos alcanzado un nuevo acuerdo de paz": Gobierno y Farc

Equipos negociadores firmaron un nuevo acuerdo final este sábado con modificaciones y precisiones de acuerdo a las observaciones de los líderes del No.

Mes y medio después de la victoria del No en el plebiscito, el Gobierno Nacional y las Farc firmaron este sábado un nuevo acuerdo final para la terminación del conflicto armado en Colombia.

El texto fue suscrito en La Habana, Cuba, por los jefes negociadores Humberto de la Calle, representante del Gobierno, y alias Iván Márquez delegado de las Farc.

El nuevo acuerdo, dijeron los dos negociadores, recoge en gran medida las peticiones hechas por los representantes de los grupos que rechazaron el primer acuerdo durante el plebiscito del pasado mes de octubre.

Las partes anunciaron que los ajustes incorporados al texto se podrán leer en el sitio web www.mesadeconversaciones.com.co, así como en los otros portales de internet del Gobierno Nacional.

Sin embargo, De La Calle anticipó varios de los ajustes que acordaron las partes luego de más de dos semanas de renegociación.

Según dijo, se acordó que durante el proceso de dejación de armas la guerrilla dará a conocer un inventario de los bienes y activos que posee y que destinará a la reparación material de las víctimas. 

Por otro lado, se hicieron varios cambios de fondo al capítulo relacionado con la Jurisdicción Especial para la Paz.

El más importante de ellos es que el nuevo acuerdo precisa de manera concreta las características y mecanismos que se usarán para que los jefes de la guerrilla y los responsables de delitos de lesa humanidad paguen cárcel de manera efectiva. 

Según De La Calle, el tamaño de los espacios territoriales específicos para el cumplimiento de las sanciones no será mayor al de las zonas veredales acordadas para la concentración de los combatientes de la guerrilla.

También se acordó que el tribunal especial de paz, reponsable de juzgar a los guerrilleros que se desmovilicen, no estará integrado por jueces extranjeros.

Esos magistrados, además, serán los responsables de definir en cada caso puntual si se considera al narcotráfico como un delito conexo al de rebelión.

Queda claro que entre la normatividad aplicable se incluye el Código Penal Colombiano y que las normas procedimentales deberán ser incorporadas al ordenamiento legal.

Serán de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz las conductas de financiación o colaboración con actores del conflicto en que hayan incurrido los terceros no combatientes que tuvieron una participación activa o determinante en los crímenes más graves.

Los principales cambios que recoge el nuevo acuerdo comprenden la publicación de un inventario de los bienes de las Farc, precisiones sobre el enfoque de género, las características de la restricción efectiva de la libertad, la conexidad del narcotráfico con el delito político, entre otros.

Según el comunicado leído en La Habana, el objetivo del nuevo acuerdo responde a la construcción de una paz estable y duradera, con el compromiso de contribuir a superar la polarización, recogiendo todas las expresiones políticas y sociales.

El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, aclaró que si bien había dicho que el acuerdo del pasado 21 de septiembre era el mejor logrado, ahora reconocía con humildad que este acuerdo es mucho mejor, porque resuelve más inquietudes de los colombianos.

Se acordó eliminar la incorporación del acuerdo a la Constitución Política y al llamado bloque de constitucionalidad, teniendo la buena fe como principio general de garantía de cumplimiento del acuerdo por  ambas partes.

Sobre el enfoque de género, tema que fue tergiversado y polemizado por la oposición, el nuevo acuerdo explica que dicho enfoque se refiere al reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno.

Se reconoce que el conflicto ha impactado de manera diferenciada a la mujer y que, en consecuencia, se requieren acciones distintas y específicas para restablecer sus derechos.

También responde a los llamado de diversos sectores religiosos del país, por lo que se estipula el respeto a la libertad de cultos y cualquier manifestación de religiosidad.

Sobre el punto de Desarrollo Agrario Integral, se enfatizó que nada de lo establecido en dicho punto deberá afectar el derecho a la propiedad privada.

Aunque las Farc ya habían aclarado que romperían cualquier vínculo con las drogas, el nuevo ajuste precisa las características de la cooperación de la guerrilla en el tema y se indica que quienes acudan a la Jurisdicción Especial para la Paz - todos, no solo las Farc- deberán informar de manera exhaustiva y detallada sobre las informaciones de las que dispongan para atribuir responsabilidades.

Las partes se comprometieron con respetar el principio de sostenibilidad de las finanzas públicas, por lo tanto se deberán contener las fuentes de financiación de inversiones que implique el Plan Marco para el proceso de desmovilización.

"Estamos convencidos de que este documento señala caminos viables y posibles", para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo que que deja unos 260.000 muertos, casi siete millones de desplazados y unos 45.000 desaparecidos, señaló De la Calle.

Destacó que "los ajustes y precisiones que hemos realizado, no  sacrifican las convicciones que le dieron forma al primer acuerdo".

Por su parte, el principal negociador de la guerrilla, Iván Márquez, dijo que en las negociaciones con el Gobierno las Farc hicieron su "mejor esfuerzo por responder a los anhelos de paz, porque "al nuevo acuerdo el único camino que le espera es su implementación".