¿Hay forma de 'desempantanar' el proceso de paz?

Junio 04, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
¿Hay forma de 'desempantanar' el proceso de paz?

Proceso de Paz se adelanta en La Habana, Cuba.

Expertos proponen explorar los alcances de la justicia transicional para acordar sanciones a los jefes de las Farc que vayan más allá de la cárcel convencional.

Para los guerrilleros, cero cárcel”: ‘Iván Márquez’, jefe negociador de las Farc. Febrero 22 de 2015. 

“La justicia no puede ser un obstáculo para la paz”, presidente Juan Manuel Santos. Febrero 28 de 2015.

Estas dos frases, pronunciadas desde  Cuba y España, respectivamente, con una semana de diferencia, evidencian que, más allá de la crisis suscitada por el recrudecimiento de la guerra, los diálogos de La Habana están ‘frenados’ desde hace varios meses, por cuenta de los   puntos 3 y 5 de la agenda conjunta,  que son los que están sobre la mesa.

La clave está en  justicia transicional, término que aunque no aparece en el ‘Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, que  las partes firmaron el 12 de agosto de 2012 en Cuba, es la nuez para destrabar o acabar de enredar el proceso entre Gobierno y Farc.

Incluso, aunque la discusión central sigue referida al punto 5, el de las ‘Víctimas’, hay que recordar que el 7 de junio de 2014 las partes anunciaron la creación de tres subcomisiones. Desde entonces,  la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas y la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto han lidiado con temas tan gruesos como las causas que originaron la guerra, su persistencia y su impacto, y, por otro, el diseño de fórmulas para el cese de fuego bilateral y definitivo, y la dejación de armas.

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Eso en el papel, pero en la práctica cada uno de esos temas, y los Derechos Humanos de las Víctimas y Verdad, incluidos en el ítem 5, están diametralmente atravesados por las penas que se les aplicarían a los guerrilleros que se desmovilicen tras un eventual acuerdo, y a los otros implicados en el conflicto.

Y ahí es Troya porque, más allá de lo que las Farc quieran exigir y de lo que el Gobierno esté dispuesto a ceder, ambos están ‘amarrados’ por el Estatuto de Roma, que desde 2002 le dio potestad a la Corte Penal Internacional, CPI, para juzgar a autores de crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad en 120 países que lo ratificaron, incluido Colombia.

Esa ‘guillotina’ es la que impide que  la guerrilla comandada por ‘Timochenko’, que claramente ha cometido varios de esos delitos, pueda recibir el mismo trato que obtuvieron hace 25 años la mayoría de los desmovilizados del  M-19, cuando no existía norma internacional que obligara a imponerles una pena -por mínima que fuera- a los responsables de secuestros, desplazamiento forzado, tortura y violaciones, entre otros crímenes.

“Lo primero que hay que decirles a las Farc es que se demoraron, que decidieron mantenerse en la guerra sin tener noción de lo que estaba pasando en la comunidad internacional y ahora son  víctimas de su propio invento”, dice Juan Carlos Palou, experto en posconflicto. Pero dado que esas normas también tienen contra la pared al Gobierno -consciente de que no puede conceder una amnistía general-, algunos analistas han empezado a proponer alternativas para desempantanar los pactos de La Habana.

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Camilo Sánchez, investigador de Dejusticia, plantea que “un acuerdo debe partir de un marco de discusión con un mismo lenguaje y ese lenguaje debe ser el de los derechos humanos de todas las víctimas. A partir de allí deben plantearse los asuntos más álgidos sobre justicia y responsabilidad inpidual”.

Y con respecto a la discusión sobre si los jefes máximos de las Farc deben pagar cárcel, plantea que se ha entendido que la sanción debe ser la más severa “y como en Colombia es la privación de la libertad, uno podría pensar que es esa. Pero existe una diferencia entre privación de libertad y cárcel entendida como modo de privación en establecimiento ordinario”.

A su vez, Humberto Vélez, profesor de la Universidad del Valle, dice que se podría pensar en una reclusión domiciliaria u otro sitio que no sea cárcel, o simbólica “como la realización por  un tiempo dado de alguna forma efectiva y consistente de ejercicio catártico con las víctimas o la realización en Zonas de Defensa Campesina de un trabajo sistemático en obras de beneficio comunitario”.

Para él, lo importante y equitativo “es que para los delitos de lesa humanidad  la penas alternativas cubran a los distintos tipos de victimarios de acuerdo con los grados y calidad de las responsabilidades”.

En el mismo sentido, Palou sugiere que, además por razones de seguridad de los excombatientes, estos sean confinados a sus pueblos de origen. “Por ejemplo, decirle: usted no puede salir del casco urbano de La Macarena por cinco años y va a estar con su familia y con trabajo para que el Estado no tenga que mantenerlo, y estará sometido a vigilancia,  porque la restricción  a su movilidad sería su sanción”.

Así, mientras algunos insisten en que los guerrilleros deben ir a la cárcel, otros, como el presidente Santos, sostienen que “la justicia no puede estar por encima de la paz”.

Qué es La justicia transcional  es  el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Las más aplicadas  son las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y la reforma de las instituciones.
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