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"Firmado el acuerdo, las víctimas pueden llegar a 9 millones": Directora de Unidad de Víctimas

Paula Gómez, la Directora de la Unidad de Víctimas dice que hay muchos prejuicios en torno al proceso de paz por falta de información. El posconflicto, el gran reto.

16 de mayo de 2017 Por: Paola Andrea Gómez, Jefe de Información de El País.

En el Valle del Cauca hay actualmente 18 procesos de reparación colectiva; es decir que comunidades de hasta tres mil personas, como es el caso de Buenaventura, intentan levantarse juntas, tras sufrir una violación de sus derechos, atentados u oro tipo de daños colectivos. 

Este es uno de los grandes retos que, según la directora Territorial de Víctimas, Paula Gómez, enfrenta hoy el departamento: redimir y acompañar a cerca de medio millón de vallecaucanos que han sufrido en carne propia el conflicto armado.

¿Pero cómo logra una persona sanar las heridas de una violación, del reclutamiento o del desarraigo? ¿Somos capaces como ciudadanos de enfrentar los retos que se vendrían con la firma del acuerdo definitivo de paz? De estas y otras inquietudes habló la funcionaria para El País:

¿Qué tan preparados estamos en Cali y en el Valle del Cauca para asumir el posconflicto?

En este momento hay una gran voluntad institucional, la mayoría de planes de desarrollo están alineados con el componente de paz y posconflicto. Y luego siguen temas específicos como el mío, que es asistencia y reparación a la víctima. El 30 de junio los entes territoriales deben entregar ese capítulo específico de víctimas, contando qué se ha hecho. 

Hay quienes  confunden lo que significa construir paz y reconciliación con lo que significa atender integralmente a la víctimas.

¿Desde la sociedad civil, qué nos hace falta para estar listos, de llegar ese momento?

A mí me preocupa a veces  ver que la gente se queda con la información que oye en el día a día. Muchos no se preocupan por profundizar  y se llenan de prejuicios, sin entender la información.

Le pongo un ejemplo: las zonas de reservas campesinas están en el punto uno de los acuerdos de La Habana y tiene una amplia normatividad, pero la gente cree que nacen con los diálogos y además las relacionan solo con la incidencia de las Farc lo cual no es cierto.

Muchas veces hablan de las zonas de reserva  como repúblicas independientes donde el Estado no va a tener incidencia, cuando una de las cosas importantes  es que el Estado debe llenar estos lugares de manera prioritaria con su oferta. Entonces no se trata de estar o no estar de acuerdo sino de estar informado para poder crearse una opinión.

Una de las críticas que se hace a los entes regionales que trabajan  en la paz es que están desarticulados...

En general algo que tiene que mejorar el sistema colombiano es la coordinación y la articulación. Que específicamente sea algo que le falta a la Ley de Víctimas, yo diría que por el contrario, el sistema nacional de reparación de víctimas de alguna manera puso una presión en las instituciones, que les hizo dar un salto adelante para  articularse mejor.

Qué es la articulación ideal, no. Pero que hay una articulación mejor a otras políticas del Estado, sí.

¿Cambiará mucho el papel de la Unidad de Víctimas ahora que está cerca  la firma total de los acuerdos en La Habana?

Una vez firmado el acuerdo va a haber unos espacios de participación  para adecuar la ley y así hacerla más acorde a los retos que plantea esa nueva realidad. El punto cinco habla de la jurisdicción de paz, de la comisión de verdad, de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y creo que en esos aspectos se ahondará, además de agilizar las tareas que cada entidad tiene a su cargo. 

En el  balance de los cinco años de aplicación de la Ley de Víctimas se informó que hay ocho millones de víctimas en el país.  En Cali son 180.000. ¿Cuántas son en el Valle y cuál es su situación?

En el Valle hay registradas medio millón de víctimas; 180.000 están en Cali, alrededor de 180.000 en Buenaventura, cerca de 30.000 en Tuluá y el resto están repartidas en los otros entes territoriales.

Se calcula que el registro único de víctimas, firmado el acuerdo, más o menos va a llegar a nueve millones y esa es una cifra que representa un reto incluso mayor al actual.

Buenaventura, por ejemplo, es una de las zonas más afectadas porque allí llegan víctimas de  todo el Pacífico, además de sus veredas y de sus desplazamientos internos.

En el caso de Cali, la mayoría de esas 180.000 personas, generalmente del Pacífico, llegan a los barrios de mayor vulnerabilidad, donde también arriban personas que forman parte de bandas criminales; entonces en lugar de hallar un factor protector, su desplazamiento se convierte en un factor de riesgo.

¿El caso de Llano Verde en Cali, donde se dice confluyen víctimas, ex combatientes y grupos ilegales es un caso que se trata de manera especial, por su complejidad?

Llano Verde es un barrio donde hay todo tipo de población, pero por encima del 85 % son víctimas del conflicto armado. Allí además hay personas que han sido reubicadas del jarillón.  Y las víctimas también dicen que se han encontrado  con personas desmovilizadas. Pero ese no es el problema, porque Colombia es eso, en una  familia puedes encontrar una persona que fue del Ejército, una que se la llevo la guerrilla y una que se unió a los paramilitares.

Aquí el problema no es si en Llano Verde hay personas en proceso de reintegración, porque esa es una persona que ya le está haciendo una apuesta a una vida civil, sin armas. Aquí el problema es si en esos barrios hay grupos armados activos. 

¿Qué es lo que más trabajo le cuesta en el proceso de recuperación sicológica a una víctima?

La recuperación sicológica de una víctima es uno de los procesos más importantes, porque hay que mostrarle a un sobreviviente que está lleno de recursos y habilidades  para que restablecer su proyecto de vida. 

Creo que lo más difícil es recuperar el tejido social de la comunidad. En Llano Verde hay quienes tienen toda su familia en el Pacífico y uno no sabe cómo logra esa gente reincorporarse a esta vida acá y cómo mantener esos lazos con la familia, con las tradiciones y con todo lo que dejaron atrás.  La plata finalmente es un símbolo, pero recobrar su tejido social cuesta mucho más.

Usted lleva diez años trabajando con víctimas. ¿Qué historias le han dejado huella?

Son tantas… Me sorprendo tanto de la capacidad de las personas para salir adelante... Hace poco estuvimos en un encuentro en Tuluá y había un señor desplazado del Pacífico y él estaba reclamando que si lo íbamos a indemnizar o no y que se lo dijéramos ya, porque él necesitaba un pedazo de tierra. Decía, 'usted cómo cree que se siente un pajarito libre si lo meten a una jaula? Bravo. Se siente mal. Así yo me siento acá'.

Esa misma historia la he oído de muchas voces de gente del Pacífico. Gente que vivía en su finca, que tenía su potrillo, que iba a pescar, que tenía sus palmas de chontaduro, su familia, no se preocupaba por la comida, porque la comida se la daba el río o el mar y que de un momento a otro les tocó irse de allí, a vivir de pronto en una invasión, después de tener el río o el mar al lado...

Las historias de reclutamiento forzado me dan durísimo porque soy mamá. Madres que tuvieron a sus hijos escondidos en un clóset o debajo de una cama...

¿Y cómo enfrentan el caso de las víctimas de violencia sexual del conflicto, que por lo general callan, antes que exponer sus historias?

La violencia sexual me duele. Últimamente son recurrentes los casos de mujeres que después de un tiempo empiezan a hablar, a contar historias que son muy tenaces.

Me marcó mucho una historia en Barragán, de una joven que luego de un enfrentamiento entre guerrilla y paras, los paras se quedaron en las casas de los campesinos y a ella le mataron el marido, se le quedaron en la casa y los cuatro días que estuvieron ahí abusaron sexualmente de ella. Son casos como ese en los que uno dice, cómo hacen para volver a levantarse. Y lo logran. 

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