Estos son los puntos más controvertidos del plebiscito que estudia el Congreso

El proyecto convierte en obligación la promesa presidencial de que los colombianos refrendarán los acuerdos de paz de La Habana. Sigue el debate.

El presidente Juan Manuel Santos desde el principio se comprometió a que los acuerdos que resultaran del proceso de paz serían refrendados y el momento para cumplir esa promesa está cerca. 

La duda ha estado siempre en cómo hacer dicha refrendación, y aunque la respuesta no convence a las Farc, terminó siendo el plebiscito, que en cuestión de semanas será aprobado por el Congreso.

El proyecto de ley estatutaria que plantea las modificaciones para este plebiscito especial no fue presentado directamente por el Gobierno Nacional, pero siempre ha contado con su aval. El texto pasará la próxima semana a las plenarias de Cámara de Representantes y de Senado, donde se espera que no haya mayores cambios.

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Hasta el momento la iniciativa contempla tres puntos clave: el carácter vinculante del resultado; el procedimiento de convocatoria para que sea aprobado (en el que se incluye la modificación del umbral) y la obligación de dar a conocer, previamente y por completo, los acuerdos realizados en La Habana (un artículo que agregaron las comisiones primeras de las cámaras). 

En el proyecto se hace oficial la obligación de llevar a cabo el plebiscito “para el desarrollo constitucional y legal del Acuerdo Final”, por lo que hacer la refrendación dejaría de ser una promesa de Santos y pasaría a ser su deber, pese a que para muchos es innecesario y complica la implementación de los acuerdos.

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De hecho, analistas como Ariel Ávila, de la Fundación Paz  y Reconciliación, piensan que la posibilidad de que los colombianos decidieran sobre si querían o no la paz ya se dio en las elecciones presidenciales, cuando se reeligió al actual Mandatario.

En la actualidad, los negociadores del Gobierno y las Farc discuten, en el ciclo 45 de conversaciones, el punto referido a las ´Víctimas’, sin que haya  una fecha de finalización.

Nuevos requisitos

En el proyecto que avanza en el Congreso se plantea el procedimiento necesario para llevar a cabo el plebiscito, que básicamente se resume en los siguientes pasos:

Primero, la autorización que debe pedir el Presidente de la República al Legislativo. El Mandatario tendrá que informar la intención de convocatoria y la fecha en la que se realizaría, teniendo en cuenta que no sea antes de un mes de haber hablado con el Congreso, pero tampoco luego de cuatro meses.Segundo, los congresistas deberán dar respuesta en un mes. Si están de receso, deberán asistir al Congreso para votar sobre la petición y allí la mayoría de quienes asistan podrán decidir si aceptan o no la convocatoria. Si se pasa el mes  y ni Senado ni Cámara se pronuncian sobre su rechazo, se entendería que la autorización está dada y se podría convocar al plebiscito.Tercero, vendría la votación. En este punto se incluye la modificación más importante: el umbral, es decir el mínimo de participación necesaria para que sea válido. 

El proyecto plantea: “Se entenderá que la ciudadanía aprueba el plebiscito por la paz en caso de que la votación por el ‘Sí’ obtenga una cantidad de votos mayor al 13 % del censo electoral vigente (4 millones 396 mil 625 votos) y supere los votos depositados por el ‘No’”.

¿Se puede bajar el umbral?

Dentro de la discusión que se ha dado por la modificación del plebiscito se ha propuesto que esas condiciones especiales no se den únicamente para el tema de la paz, sino se apliquen para todos los plebiscitos futuros. 

Sin embargo, la propuesta no cayó muy bien en las comisiones primeras de ambas cámaras y por votación se perdió la proposición.

“No me gusta que le cambiemos el umbral solo a este plebiscito, propusimos que todos los plebiscitos tengan un umbral más bajo. No se trata de manipular las reglas de juego, sino de reconocer la realidad”, dijo la representante Angélica Lozano, del Partido Verde, quien agregó: “Hoy la regla dice que deben haber 16 millones de personas votando, eso no pasa nunca porque nuestra abstención es muy alta”.

La negativa por parte de los congresistas se dio en especial por el miedo a que se hagan varias modificaciones constitucionales a partir de plebiscitos si se fija un umbral mucho más alcanzable y cercano, como el planteado para el caso de la paz con las Farc.

El viernes, el presidente Santos propuso un “cónclave” a fin de acelerar la concreción de los puntos  que están pendientes por negociarse entre las partes.

Para el experto en procesos de paz Álvaro Villarraga, “desde luego hay una discusión antecedente sobre ley de participación ciudadana, pero creo que es justo por el alto nivel de importancia, porque es un tema coyuntural, que se dé un tratamiento específico y un tipo de mecanismo específico para la refrendación”.

En cambio, el politólogo Pedro Medellín cree que “si se trata de modificar las reglas de juego de participación, pues hay que hacerlo de todo el aparato y no solo con respecto al plebiscito; entonces, si se trata de hacerlo, vamos a terminar en medio de una constituyente haciendo todos esos cambios”.

Agrega que lo actuado por el oficialismo hasta el momento alrededor del plebiscito para la paz “traerá todas las consecuencias negativas del caso, porque no se pueden cambiar las reglas de juego por más noble que sea el propósito. Después se va a encontrar otra razón para cambiarlas. No es sano, no es recomendable, no es democrático, no es político y no es ético cambiar las reglas de juego, por más noble que sea el motivo”.

Lo cierto es que, en medio de estas advertencias, el plebiscito avanza, aunque no se descarta que en las discusiones que se den en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes en quince días se reviva  la propuesta de aplicar la modificación del umbral para cualquiera de los temas que toque un plebiscito.

Sin divulgación, no habrá plebiscito

Fuera de la discusión sobre el umbral, durante el paso por las comisiones primeras, y como otro punto importante del proyecto, se fijó un artículo propuesto por la senadora del Partido Liberal Viviane Morales, que pone en papel lo que el Gobierno Nacional ha dicho que va a hacer: dar a conocer a todos los colombianos y en toda su extensión los acuerdos que se logren con las Farc en La Habana.

El nuevo artículo estipula: “El Gobierno deberá divulgar en su integridad el contenido del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, con todos sus anexos y documentos, 20 días antes a la fecha de votación del plebiscito”.

Y plantea que se debe crear una estrategia de comunicación que permita la difusión del acuerdo final en el que se tengan en cuenta sitios web, redes sociales, periódicos, emisoras, canales de televisión, así como la Urna de Cristal, transmisión televisiva que utiliza tradicionalmente el Gobierno Nacional.

No para la justicia transicional

Pedro Medellín advierte que hay una cuestión sobre la que no se ha ahondado mucho y es la aplicación del plebiscito en el punto de justicia transicional.

Según el politólogo, “el acuerdo que se firmó con las Farc en materia de justicia es de carácter especial y eso supone que no necesita ningún tipo de refrendación y entra en vigencia automática”.

Si esa tesis prevalece, el plebiscito, que en dos semanas  sería aprobado por el Congreso de la República, tocaría todos los puntos -desarrollo rural, víctimas, participación política-, pero no la justicia, justamente el tema que más ha causado diferencias entre las delegaciones sentadas en La Habana.

¿Es inconstitucional?

“El Gobierno se inventa un plebiscito a la medida de las Farc, rebajando los requisitos legales para su realización y evitando que los acuerdos de paz sean discutidos, aprobados, modificados o negados por medio de los canales democráticos, como el Congreso Nacional, una Asamblea Constituyente o un referendo”, expresa el senador del Centro Democrático Alfredo Rangel. 

Para él, “cuando Humberto de la Calle, justificando su plebiscito inconstitucional, señala que para alcanzar la paz hay que tener ‘dosis de realismo’, parece querer decir que, en aras de una paz indigna, todo vale: vale la impunidad, vale el aumento del narcotráfico (...) y, en fin, vale engañar a los colombianos y violentar las instituciones democráticas”. 

El debate de si es constitucional no se ha extendido, por ser un trámite que se está adelantando en el Congreso,  que tiene todas las facultades para hacer los cambios que se necesiten en la Constitución y las leyes, como lo señala el investigador Álvaro Villarraga.

“De ninguna manera (es inconstitucional), porque precisamente el Congreso tiene las facultades y esta es una situación extraordinaria, se necesitaron de 50 años de guerra para llegar a esto, cómo no va a ser una situación que merezca tales modificaciones”, dijo. 

A su vez, el analista Pedro Medellín señala que no es inconstitucional, pero “inconveniente en términos del ordenamiento constitucional, porque se juega dentro de las reglas de cambiar la Constitución”.