"El triunfo del No no significaría el retorno a la guerra": senador Iván Duque

Agosto 19, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País

Iván Duque, senador del Centro Democrático.

Duque afirma que "jugar con una justicia hechiza puede abrir fisuras para que los acuerdos puedan ser cuestionables".

Si la única opción que se quiere para el país es el Sí, pues entonces han debido poner una sola casilla, pero si el Gobierno nos invita a un plebiscito y da la opción del Sí y el No, debe tener absolutamente claro qué pasa si Sí y si No”, dice el senador Iván Duque al rechazar que su partido, el Centro Democrático, sea el responsable de que la guerrilla vuelva a su accionar violento si la mayoría de los colombianos rechaza en las urnas los acuerdos de La Habana. Para el codirector de la campaña por el No en el uribismo, esa posibilidad no implicaría “el retorno a la guerra sino el reclamo de la ciudadanía a decir ‘corrijan  cosas de los acuerdos’”. ¿El Centro Democrático está a favor de la guerra? La Constitución, en el Artículo 22, dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Aquí lo que está en discusión es si los acuerdos son buenos o los acuerdos son malos. Y además, como el Gobierno lo puso en un todo o nada, entonces es: o usted acepta integralmente los acuerdos o no los acepta, por eso el triunfo del No no es el retorno a la guerra sino el reclamo de la ciudadanía a decir corrijan  cosas de los acuerdos. ¿Cuáles? El artículo 60 del acuerdo de justicia dice: ‘si usted dice toda la verdad y participa en la pedagogía, no hay cárcel’. Es explícitamente, ninguna pena tendrá cárcel o privación de la libertad.  Segundo, la elegibilidad política,  la Constitución la prohíbe para quienes han cometido delitos distintos al político. ¿Pero  si   se  prohíbe que los guerrilleros de las  Farc sean elegidos, cómo se les pide que hagan la paz? Que haya simpatizantes de las Farc que aspiren a tener representación política está bien, pero el que haya cometido crímenes de lesa humanidad, pues obviamente debe tener esa restricción. Ahora, en aras de construir un mensaje para el país, uno podría decir: después de cumplir la pena, habría una posibilidad, pero eso también implicaría que no se puede hacer solo para las Farc, porque me parecería muy grave, y yo no aceptaría que Salvatore Mancuso llegara al Congreso, ni ‘Popeye’. Entonces, creo que por coherencia, y es parte del proceso de reconciliación de esos cabecillas, que quienes tengan  responsabilidades por crímenes de lesa humanidad sepan que el costo de construir la paz es que su aspiración personal se tiene que sacrificar en aras de construir algo mucho más grande para la Nación. Usted escribió doce tuits en contra de la forma cómo se escogerán los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. ¿Qué opina  de que a la Corte Suprema de Justicia le hayan pedido que ponga un candidato?      Que le dan el contentillo de la jurisdicción ordinaria, pero la pregunta es: ¿cómo funciona el choque de jurisdicciones’ Por ejemplo, ¿a los de la justicia especial para la paz se les aplica el régimen especial para tutela? Para el proceso de paz con los paramilitares también se creó un tribunal especial, el de la Ley de Justicia y Paz, pero se hizo dentro de la estructura del sistema judicial colombiano, se manejó el mismo derecho probatorio y las mismas garantías procesales. Podía haber circunstancias más expeditas, pero se manejó dentro de la  institucionalidad y era aplicable a cualquier grupo armado ilegal, sin incidencia en la escogencia de sus jueces.  Me preocupa es que la justicia especial para la paz que se ha propuesto va a ser muy dura frente a las Fuerzas Militares y  mucho más blanda con la estructura general de las Farc. También queda en una situación muy débil el civil que sea llamado a comparecer frente a esa jurisdicción. ¿Pero no sería mejor esperar a saber cómo van a funcionar los tribunales? Yo no estoy haciendo crítica, estoy haciendo preguntas... Ya se están ensillando las bestias diciendo cómo se van a escoger los jueces, pero el país no conoce todavía la instrumentalización detallada de esto. Y lo peor es que vamos a someter al país a un plebiscito sin conocer esos detalles, que tienen que ver con la institucionalidad del Poder Judicial. Se supone que esos detalles se deben conocer antes de que se vote el plebiscito... No creo, ahí es donde están las fisuras. Hay cosas que están en los acuerdos y otras que están a mil pies de altura. Los aterrizajes de esos acuerdos, en teoría, se van a dar en la implementación, y entonces la pregunta es si se va a crear una jurisdicción especial  con todos esos interrogantes bajo un proceso expedito donde,  en horno microondas, entre Cámara y Cámara, se  reforma la Constitución en tan solo cuatro semanas... Espero que el Vaticano no acepte (la invitación a nombrar los magistrados de la JEP), porque ¿bajo qué criterio un estado que no tiene ninguna tradición jurídica más allá del derecho canónico va a recomendar jueces para un estado como el colombiano? ¿No será que fueron consultados previamente al respecto? Este Gobierno a veces comete esos errores. Y me atrevo a decir que dudo que el Vaticano acepte. Jugar con una justicia hechiza, atípica, sustitutiva, lo único que puede eventualmente y a futuro es abrir fisuras para que esos acuerdos pueden ser cuestionables por generaciones venideras. ¿Al insistir en que se replanteen los acuerdos, el Centro Democrático está dispuesto a asumir el costo histórico que implicaría que las Farc vuelvan a la guerra?  Si la única opción que se quiere para el país es el Sí, pues entonces han debido poner una sola casilla, pero si el Gobierno nos invita a un plebiscito y da la opción del Sí y el No, debe tener absolutamente claro qué pasa si gana el Sí y qué si se impone el No. ¿Qué hemos dicho nosotros? Esto no es un paso maniqueo paz o guerra. Nos están invitando a que nos pronunciemos sobre un todo o nada frente a unos acuerdos y si frente al todo tenemos reclamos porque consideramos que atentan contra el Estado de Derecho en Colombia, lo que esperamos es que se corrija... Creo que el peor costo histórico que podría tener el país es construir un acuerdo sobre una base que el día de mañana no sea sostenible o que sea partera de nuevas violencias. El error del Gobierno fue sentarse a una negociación sin representar lo que opinaba todo el pueblo colombiano, porque el 74 % rechaza que no haya cárcel y el 76 % que haya elegibilidad política. Si el Gobierno hubiera modificado esa postura, hubiera sido mucho más fácil. Mucha gente cree que el mayor riesgo del plebiscito es que se asimile a la labor del gobierno Santos, así que si uno vota sí, implícitamente le está dando un aval al Presidente... La forma de aislar esa circunstancia es que se entienda como algo cívico donde, más que primar los colores políticos, prime es la convicción del ciudadano, pero como  el propio Presidente asumió la vocería del Sí y ha apostado toda su obra de gobierno a eso, habrá ciudadanos que también examinarán cuál es la persona que está promoviendo esa campaña. Su compañero de partido Carlos Holmes dio a entender que quedó satisfecho con el acuerdo de  zonas de concentración y dejación de  armas... Yo tengo  diferencias con Carlos, a quien respeto mucho. Él fue comisionado de Paz de Ernesto Samper y eso condiciona su visión. Siempre creí que debían ser menos zonas y más restringidas territorialmente, que tuvieran la posibilidad de tener un censo de los militantes de las Farc para tener la plena certeza de que están concentrados en su totalidad, pero como han sido presentados hasta ahora, hay bastante dudas sobre si esos elementos se van a cumplir, entre otras cosas porque no va a haber presencia de la Fuerza Pública en esas zonas ni del aparato judicial.  Son 31 zonas con influencia histórica de las Farc, con cultivos ilícitos y cordones de minería ilegal, entonces hay dudas sobre si esas zonas van a ser la panacea que algunos piensan. El Gobierno asegura que no van a durar más de seis meses. ¿Le cree? Siempre he tenido un temor y es que esas zonas pueden ser mutantes, que van a empezar a ser zonas de concentración, después terrepaz y luego de reserva campesina y por ende zonas con jurisdicción especial electoral para consolidar allí representación política y que desde allí aprovechen la particularidad normativa para darle vida a un discurso populista agrarista y de confrontación a la inversión extranjera.

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