Derechos de las víctimas de las Farc no se garantizan con la JEP: Herbin Hoyos

El representante de las Federación de Víctimas de las Farc, Herbin Hoyos, le aseguró este jueves a la Corte Constitucional algunas preocupaciones con respecto del Acto Legislativo 01 de 2017 que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición (Sivjrnr), que se conforma con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La Federación, que representa 77 mil víctimas directas de las Farc inscritas, señaló que los derechos de estas no son garantizados en este mecanismo integral, debido a los beneficios que se les están otorgando a los integrantes de las guerrillas.

“No es compatible con el Estado Social de Derecho que se discriminen a las víctimas para favorecer a los victimarios. Los derechos de las víctimas no están garantizados en el acto legislativo ni en el Acuerdo”, dijo Hoyos.

“El derecho a la verdad no se garantiza plenamente. La JEP tiene como fundamento el reconocimiento de responsabilidad, pero no es lo mismo la confesión plena y completa de la participación y conocimiento de las vulneraciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, el simple reconocimiento de los hechos que la JEP pueda llegar a probar a quiénes comparezcan”, aseguró.

De acuerdo con Hoyos, la revelación de todo lo que pasó en el conflicto debe ser obligatoria e incluir toda la cadena de mando y no hacerlo. Además, dijo que las amnistías e indultos no pueden incluir crímenes de lesa humanidad y de guerra, sin excepción alguna.

“La excarcelación de cientos de responsables de crímenes de lesa humanidad, así como al suspensión de procesos penales, incluida la investigación y captura de perpetradores, constituye en la práctica una renuncia a la persecución penal por parte del Estado”, agregó.

Para las víctimas de las Farc, se deben aplicar sanciones efectivas contra los responsables y no restaurativas o simbólicas, a fin de no abrirle la puerta a la Corte Penal Internacional.