De cómo la paz quiere arrancar la coca y sembrar la esperanza en el Valle

De cómo la paz quiere arrancar la coca y sembrar la esperanza en el Valle

Marzo 21, 2018 - 04:15 p.m. Por:
Olga Lucía Criollo / Reportera de El País
Coca Cocaína Cultivos

Habitantes de Los Limones, en la zona alta de Cisneros, se comprometieron a ‘limpiar’ 75 hectáreas de coca.

Raúl Palacios / El Pais

No representan al Gobierno ni a las Farc, pero sin duda están escribiendo la página 311 del ‘Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’.

Solo que no lo están haciendo en La Habana y ni siquiera en los pasillos del Congreso de la República, donde aún no se discuten varias de las normas que se requieren para implementar la Paz.

Su escenario está ubicado en la parte más alta de Los Limones, una vereda del corregimiento de Cisneros, en los límites entre Dagua y Buenaventura, donde los extraños llegan tras sobrevivir a tres horas y media de caminata por terreno escarpado.

Solo entonces, a casi mil metros sobre el nivel del mar y en medio de un bosque tropical en el que resaltan las orquídeas silvestres, es posible entender por qué estos hombres y mujeres sin cartón de bachillerato hablan con tanta propiedad de la Reforma Rural Integral y de la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas a los que se refieren los puntos 1 y 4 del Acuerdo con las Farc.

Las suyas son palabras de ilusión y convencimiento que toman forma en La Esmeralda, un predio del tamaño de media cancha de fútbol en el que arbolitos de yuca y cacao intentan robarle espacio a la mata que mata.
“Aquí estamos sustituyendo de forma voluntaria. A mí nadie me ha dado todavía un peso, pero yo dije: Ya no me interesa esto. Voy a ir arrancando, porque me la arrancan y me quitan la finca o la arranco yo y me pagan”, decía en diciembre pasado una voz grave ya reconocida entre quienes habitan en los alrededores del cañón del río Dagua.

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Es Carlos Antonio Hurtado Rentería, un integrante del Consejo Comunitario que hace tres años empezó a soñar con Cimarrón Stereo, la emisora que desde ya casi un año intenta mantener al aire, al menos un rato al día, las ilusiones de los sanciprianinos.

“Su eslogan es ‘La emisora que te libera’”, dice con orgullo mientras aclara que, aunque se reconoce líder, no ha buscado a nadie para que se sume a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. “Cuando la gente me escuchó diciendo de este programa, vinieron y me dijeron: ‘yo quiero participar’”.

Ya con el micrófono en off, don Carlos se sienta en un tronco de madera afuera de una desvencijada casucha que alguna vez pudo ser el centro de acopio de la hoja de coca para contar que fue un soldado, Alexánder Túquerres, del Programa Fe en Colombia, quien les habló por primera vez de que no tenían que esperar a que el Gobierno o la Fuerza Pública llegara a erradicar a su manera los sembrados prohibidos.

Desde entonces debieron pasar al menos 24 hojas del calendario y suceder ya nadie recuerda cuántas intensas reuniones en las que 70 familias de Cisneros, La Siria, Sombrerillo, Planada, Nueva Ola, El Oso, Triana y Popamba escucharon, preguntaron, refutaron, reclamaron y prometieron...

Muchas más fueron, no volvieron o siguen yendo, pero esas 70 firmaron en agosto del 2017 un acta de compromiso con la Alcaldía de Dagua, la Gobernación del Valle del Cauca y la Unidad de Lucha contra las Drogas para recibir en época del Niño Dios dos millones de pesos como boleto inicial para dejar atrás la página de la ilegalidad.

No pierden la fe

Que los pagos anunciados para diciembre por el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Pnis, solo hayan llegado el 15 de febrero ha impedido que también se logre erradicar la desconfianza.
Pero incluso así, don Carlos y los otros cuatro propietarios de Los Limones parte alta no renuncian a su sueño de exportar montañas de cacao.

Y también es cierto que aquella extraña mezcla de incertidumbre y esperanza ha echado otras raíces. Una de ellas es la Asociación Triple A La Cristalina, dedicada a la siembra de peces ornamentales, según cuenta Alberto Cabrera, un nariñense de 33 años que en el 2004 se cansó de hacerle ‘el quite’ a los paramilitares en su tierra y se vino a probar suerte en Buenaventura.

Habitante del corregimiento Triana, tiene la suerte de ser vecino de la Carretera Cabal Pombo, así que no tendrá que esperar a que el Gobierno haga realidad la parte de los Acuerdos de Paz que ‘construye’ vías de acceso.


Sin embargo, reclama por otros 25 hogares de su gremio: “Acá no se había hecho nada por desistir de esos cultivos porque como campesinos no hemos tenido oportunidades. No es que quede mucha plata (de la coca) y tampoco es que sea un trabajo fácil, pero de ahí al menos sale el sustento”.

Ahora, por cuenta de lo firmado en La Habana, tiene la esperanza de que las familias más alejadas de la ‘civilización’ no tengan que esperar un año para cosechar un racimo de banano por el que nadie les pagará más de cinco mil pesos, cuando por un bulto de peces pueden recibir hasta un millón.

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Alberto sabe, claro, que hay riesgos. Que hay “gente” a la que no le agrada el entusiasmo con el que muchos lugareños hablan de los Acuerdos, que el ELN merodea por las montañas aledañas y que “como líderes, estamos en la boca del cañón”, pero para quien también es representante de la Mesa de Víctimas de Dagua, además de notificar a la Personería y encomendarse a las oraciones de su esposa, la única opción es seguir adelante.

Casi no llegan

Con la misma convicción habla Ferney López, quien lleva un cuarto de siglo soñando con que la vereda El Salto, sobre la vía a Buenaventura, se convierta en el mejor balneario para los vallecaucanos, lejos de la violencia, la falta de infraestructura y la yerba a la que una veintena de familias recurrió dos décadas atrás “en medio del desespero, para darle educación a los hijos”.

Una convicción que casi desapareció al ver amanecer el 2018 sin que llegaran los dineros anunciados, pero a la que alentaba el hecho de que las actas de preinscripción al Pnis no solo estuvieran firmadas por Alcaldía, CVC y Personería sino también por un excombatiente de las Farc que mandaban en la zona. “Todos los garantes son clave”, dice el papá de una niña de cinco años a la que anhela lejos de la droga.

Ese anhelo de futuro distinto lo respiran igualmente 61 familias que pueblan otras lomas, a las que se llega 30 kilómetros desde el casco urbano de Tuluá. Allí el líder es Brito Cardenio Apraez, quien, vaya paradoja, vive inmerso en La Coca, no porque la planta todavía ‘peleche’ en su suelo, pues asegura que los nuevos cafetales ya la estrangularon, sino porque así se llama la vereda donde ve salir el sol.

Cuenta que los cultivos ilícitos llegaron en el 2006, luego de una cruenta página de violencia que desoló la región y que siete años después allí se padecieron los estragos de la erradicación forzada. Capturas y temores que, tras las buenas nuevas llegadas de La Habana, impulsaron a muchos, el 30 de octubre del año pasado, a darle el sí a la sustitución voluntaria.

Lo cierto es que, según cifras oficiales, cerca de 1500 familias vallecaucanas ya están escribiendo su propia página del Acuerdo. Pese a la incredulidad, la zozobra y los incumplientos, ellas han entendido que matar la mata que mata es la tarea que tienen en el sueño colectivo de construir una paz estable y duradera.

Según Fabio Cardozo, secretario de Paz del Valle, la sustitución de cultivos ilícitos en el departamento es modelo nacional, porque no ha registrado la violencia que se ha generado alrededor de esa labor en otras regiones.

Alistan verificación

El próximo 3 de abril se iniciará la labor de verificación de las Naciones Unidas que determinará si en Dagua se ha cumplido o no con la sustitución voluntaria.

Así lo informó el encargado del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Pnis, en el Valle, José Diego Henao, quien explicó que es la condición para que quienes se acogieron a la iniciativa reciban el segundo desembolso, correspondiente a otros dos millones de pesos.

Tras la labor de la ONU, a cerca de 45 ‘raspachines’ de la zona se les entregarán la primera cuota.

Según lo pactado, todos recibirán esa cantidad bimensual hasta completar doce millones, además de $1.800.000 para proyectos productivos de ciclo corto este año.

Cifras comparativas

En la actualidad, el costo de la arroba de hoja de coca está a $40 mil y en la región hay capacidad para sacar 200 arrobas.

Un bulto de peces empacados en bolsas puede costar entre $800.000 y un millón de pesos.

Un bulto de banano no cuesta más de cinco mil pesos.

Nueve y diez millones recibirán los beneficiaros del programa en el segundo año, para consolidar sus proyectos productivos y garantizar que no tendrán razones para volver a los cultivos ilícitos.

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