¿Cómo es esperar la paz en una zona de guerra? En el Cauca lo saben

Aunque en el norte de ese departamento celebran la calma que el proceso de paz ha permitido, hay muchas dudas sobre lo que pueda suceder en el posconflicto.

La calma del silencio de los fusiles se mezcla con una cierta incertidumbre. La pregunta es simple: “¿Y ahora qué sigue?”. Se lo preguntan allí, en Caldono, en Corinto, en Caloto, en Toribío y también en Pradera y Florida, los municipios del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca más afectados por el conflicto armado. 

Desde el inicio del proceso de paz entre las Farc y el Gobierno en 2012, las bombas, los tatucos, las explosiones, los fusiles han cesado y el anuncio del acuerdo final entre ambas partes les ha permitido a los habitantes de esos pueblos soñar  que aquella calma es definitiva. Sin embargo, esa misma firma deja una estela de incertidumbres sobre lo que va a pasar, lo que se cumplirá y no se cumplirá y, fundamentalmente, sobre si el desarme por parte de la guerrilla  y sus milicianos será efectivo. 

Las dudas son naturales:  el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca han sido zonas estratégicas para las Farc, tanto por su presencia histórica como porque son áreas de producción de drogas y corredores para su transporte hacia el Pacífico. 

Como lo señala el último informe de la ONU, el área sembrada  de coca y de marihuana presentó notables crecimientos en el último año en todo el país y especialmente en el Cauca y, según los testimonios de varios campesinos, gran parte de esos cultivos son controlados por las Farc.

¿Qué va a pasar entonces? ¿Con el desarme dejarán el negocio del narcotráfico? ¿Quiénes continuarán con la producción de droga?

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¿Qué pasará con la marihuana?

Corinto y Toribío hacen parte de los municipios caucanos con mayor número de víctimas del conflicto armado.  Corinto, de acuerdo con  cifras de la Unidad de Víctimas, presenta un total de 6883 víctimas, mientras que Toribío, 6628. El Sexto Frente de las Farc se ha ensañado en ataques indiscriminados contra sus cabeceras municipales, que han dejado centenares de muertos y heridos. 

El secretario de Gobierno de Toribío, Mauricio Casas,  y el gobernador suplente del Cabildo Indígena de Corinto, Jorge Dicué, concuerdan en que la negociación ha permitido una tregua exactamente a eso: los hostigamientos, los explosivos lanzados contra la población, contra las estaciones de Policía, contra las iglesias. Una tregua al conflicto en sus dimensiones más crudas. 

“La calma se puede  palpar. Estas cosas que se ven ahora eran impensables hace cuatro años”, dice Mauricio y señala hacia un grupo de niños que juega fútbol en el parque central de Toribío.

 En Corinto, en la salida a la vereda La Cominera –donde funcionará un campamento transitorio para el desarme de las Farc–  Ómar Serna, un comerciante de  56 años, dice: “Nunca en mi vida había experimentado tanta paz como la que se vive ahora. Antes, uno siempre  vivía con el desasosiego de no saber en qué momento empezaba otro ataque”.

Sin embargo, Jorge Dicué dice que aquella calma se diluye cuando se piensa en lo que sucederá con los cultivos de marihuana que afectan a los dos municipios y que son controlados por milicianos de la guerrilla. 

El asunto se convierte en la causa de las principales dudas que tienen los habitantes de Corinto y Caloto respecto a la consolidación de una paz verdadera, porque el crecimiento de tales cultivos viene en ascenso y la presencia de grupos armados ligados a esa economía ilegal, también.

De hecho, en junio del año pasado varios líderes indígenas y miembros del cabildos fueron amenazados a través de llamadas telefónicas por parte de presuntos milicianos de las Farc, luego de que una cadena nacional de televisión presentara un informe sobre la producción de marihuana en Corinto.

“Es evidente que hay miembros de las Farc que controlan ese negocio y que, a pesar de los diálogos, lo quieren mantener. ¿Qué va a pasar? ¿Se desarmarán todos o quedarán milicianos haciendo parte de un conflicto por el control de la venta de marihuana?”, dice Dicué. 

Ahora bien, el tema no pasa solo por el control armado de la producción de marihuana, sino también por las alternativas para el desarrollo agrario que el Gobierno Nacional pueda ofrecer a quienes han vivido históricamente de los cultivos ilícitos. 

Mauricio Mesa, secretario de Gobierno de Toribío, dice que el asunto se torna más preocupante para los campesinos, pues la posible explotación con fines medicinales de la marihuana, que se presentaba como una alternativa de desarrollo, al parecer se va a entregar a una multinacional canadiense. 

“La licencia para la explotación del cannabis medicinal, según los planes del Gobierno, será dada a Pharmacielo, una multinacional canadiense. Eso significa que las iniciativas propias para aprovechar el cannabis medicinal se verían afectadas. Entonces, si la gente no tiene alternativas seguirá produciendo marihuana para consumo ilegal y la raíz social del conflicto se mantendrá”, dice Casas.

[[nid:571365;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/563x/2016/08/cauca.jpg;full;{Murales en alusión a las zonas de reserva campesina se pueden apreciar en casas localizadas en el casco urbano del municipio de Corinto, en el norte del Cauca.Foto: Bernardo Peña | El País}]]

 

Descargue aquí los acuerdos finales de paz entre Farc y Gobierno

¿Y la tierra?

Un grupo de hombres quemó cultivos, hierbas y dejó la tierra desnuda en el fragmento final de una de las varias haciendas  ubicadas entre Corinto y Caloto. El día después de anunciado el acuerdo de La Habana podían verse hombres arando junto a construcciones de guadua y plástico y, en  medio de todo eso, la que ha sido la bandera de las Farc ahora sin los fusiles cruzados que siempre ha llevado. 

Un hombre dice que aquello es una zona de reserva  campesina y que aunque esa tierra no es de ellos, no saldrán de allí. “O el Gobierno la compra y nos la entrega o sencillamente nos quedamos aquí”, dice. Karol José Jaramillo, exdiputado de la Asamblea del Cauca y habitante de Caloto, confirma que el tema de las reservas campesinas se ha convertido en otra causa de incertidumbre tras la firma de los acuerdos. 

 Según Karol, lo que se puede vislumbrar a primera vista es la posibilidad de que se genere una disputa por el dominio de territorios entre campesinos y grupos indígenas o afrodescendientes.

 Justamente la vereda La Cominera, que fue declarada como una zona transitoria para la verificación del desarme y desmovilización de las Farc, está siendo reclamada por los indígenas, pues, según afirma el gobernador Jorge Dicué, aquellos terrenos fueron despojados a los Nasa por el Sexto Frente de la guerrilla bajo órdenes de alias Zeplin, uno de los cabecillas de ese frente que fue  dado de baja en agosto de 2013 por el Ejército. 

 “Esos territorios en los que se levantará el campamento nos fueron entregados a los indígenas como reparación por la masacre del Nilo, pero con intimidaciones, amenazas e incluso homicidios, ‘Zeplin’ obligó a salir a las familias que estaban asentadas allí. Ahora, eso será un campamento para los desmovilizados y esa decisión nunca se nos comunicó”, reclamó Dicué.

El líder indígena es enfático en sostener que el primer acuerdo entre Gobierno y Farc, que tiene que ver con la tenencia de la tierra, puede desembocar en un conflicto en zonas claves como el norte del Cauca.

“Aquí ya mismo hay un conflicto, porque el Gobierno está comprometido desde hace varios años a entregar tierras a los indígenas como reparación por la masacre del Nilo, pero esos compromisos no se han cumplido y por eso los comuneros han decidido invadir haciendas como La Emperatriz y Miraflores. ¿Qué va a pasar cuando los campesinos empiecen a pedir el establecimiento de las zonas de reserva campesina?”. 

Esas situaciones, sin embargo, no solo se podrían presentar por el tema de las reservas, sino también por lo relacionado con la explotación minera en municipios como Suárez, Buenos Aires, Guachené y el mismo Caloto. 

Francia Márquez, líder afro del consejo comunitario de La Toma, en Suárez, sostiene que la entrega de títulos mineros sin consulta previa lesiona el derecho a la tenencia de la tierra de las comunidades.

Ella  ha denunciado en varias ocasiones que, precisamente, la entrega de esos títulos para explotación minera en La Toma ha provocado desplazamientos, amenazas e incluso homicidios y la “apropiación de territorios por parte de grupos armados al servicio de intereses de multinacionales. Todos queremos la paz, queremos que no haya más guerra, pero lo que no sabemos y nos genera incertidumbre es saber qué va a pasar en los territorios, donde hay tantos intereses en juego”, concluye Francia.

Occidente del CaucaVarios líderes comunales del municipio de El Tambo, en el occidente del Cauca, dicen que en esa zona se vive un “posconflicto de aumento de grupos de narcotraficantes y paramilitares”. El Tambo, justamente, es el municipio del Cauca más afectado por los cultivos  de coca, y según pudo constatar El País en una visita realizada el mes pasado, la presencia de grupos paramilitares se ha fortalecido a la par que los cultivos ilícitos."Esperamos que este acuerdo sirva para que el Gobierno ponga los ojos sobre esta región del Cauca,  que está viviendo una reaparición de grupos criminales ligados al narcotráfico y la extrema derecha”, dijo César Díaz, coordinador de la Mesa de Desarrollo Alternativo del Cauca.