Cinco preguntas cruciales que deja el acuerdo entre Gobierno y Farc sobre justicia

Septiembre 24, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Ossiel Villada | jefe de redacción de Elpais.com.co
Cinco preguntas cruciales que deja el acuerdo entre Gobierno y Farc sobre justicia

De izquierda a derecha: presidente Juan Manuel Santos; Raúl Castro, presidente de Cuba, y Rodrigo Londoño alias Timochenko, jefe máximo de las Farc.

En medio del entusiasmo de unos y el escepticismo de otros quedan interrogantes concretos que definirán cambios de fondo en el país. Este es el panorama de lo que viene en el proceso de paz.

¿Qué tan positivo para el país es el acuerdo sobre justicia transicional para la guerrilla? ¿Habrá o no habrá impunidad? ¿Los responsables de los grandes crímenes, secuestros y desplazamientos que han desangrado a Colombia durante medio siglo irán a la cárcel? Después del anuncio del Gobierno y la guerrilla de las Farc sobre justicia transicional, los colombianos están llenos de preguntas.

Si bien la fijación de una fecha límite para la firma de un acuerdo final entre las partes representa un avance concreto para el proceso, los nueve puntos de acuerdo revelados ayer dejan todavía grandes interrogantes hacia el futuro.

Quizá los más inquietantes son los que tienen que ver con cómo se juzgarán los crímenes cometidos por los miembros de la guerrilla durante un conflicto que, según cifras de las mismas autoridades, contabiliza más de 300.000 muertos y millones de familias afectadas.

El comunicado leído ayer por las partes indica que se creará una jurisdicción especial. La misma contará “con salas de justicia y con un Tribunal para la Paz”, organismos que se encargarán de juzgar a los combatientes y decidir el tipo de pena que pagarán por sus delitos.

También se dice que esos dos órganos “estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos”.

La pregunta es, ¿cómo se elegirá a los encargados de impartir justicia para los guerrilleros? ¿Será una decisión exclusiva del Gobierno o la guerrilla tendrá derecho a designar a los que serán sus propios jueces? Y aún más crucial: Si uno de los objetivos centrales del proceso de paz es reparar a las víctimas, ¿tendrán éstas la posibilidad de contar con representantes en ese tribunal?

Ni el acuerdo revelado, ni las declaraciones posteriores del presidente Santos y el líder máximo de las Farc, alias ‘Timochenko’, permiten avizorar cómo se resolverá el asunto.

Sin embargo, José Mario Aguilera, Ph.D. en Sociología Jurídica, dice que “lo primero que hay que destacar es que las Farc aceptaron un acuerdo de Justicia Transicional, porque en un principio no aceptaban enfrentarse a ninguna pena con cárcel. Ahora ya pagarán con penas restrictivas de la libertad por crímenes de lesa humanidad y también si no contribuyen con la verdad”.

El abogado penalista Iván Cancino sostiene que "el acuerdo tiene claridad en el tema de condenas y penas, ahora se debe establecer el cuándo, cómo y dónde se pagarán las condenas. Lo que no era negociable es que no se expidieran penas".

El acuerdo entrega varias respuestas a la pregunta crucial que se venían haciendo los colombianos sobre si, al final del proceso de paz, los guerrilleros de las Farc serían indultados y cobijados por un régimen de ‘perdón y olvido’.

A la luz de lo revelado ayer no habría impunidad al final del proceso, al menos en teoría. Esto porque el acuerdo establece que los guerrilleros solo recibirán indulto por delitos políticos y conexos. Y que “no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual”.

Pero las dudas surgen en torno a cómo se sancionarán en la práctica esos otros delitos de lesa humanidad, que son los que han marcado el accionar de la guerrilla durante más de tres décadas en Colombia.

Según el texto, de entrada todos los guerrilleros de las Farc pagarán penas que oscilarán entre los 5 y los 8 años.

Sin embargo, el acuerdo también señala que “…la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas, mediante la realización de trabajos, obras y actividades”.

Y precisa que “quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales”.

Dos grandes interrogantes se plantean al respecto. Por un lado, ¿cómo se definirá cuáles delitos fueron graves y cuáles no? ¿Y cómo se justificarán tales decisiones ante las víctimas?

Por otro lado, no será fácil, en un país que ha presenciado los actos más atroces de parte de las Farc, convencer a la sociedad de que la reparación a las víctimas se hará por la vía de penas alternas como “trabajos, obras y actividades”.

El desarrollo práctico de este punto será crucial para la credibilidad de los acuerdos de paz en el futuro, pues por esa vía podría colarse la temida impunidad para responsables de graves crímenes.

Al respecto, Vicente Torrijos, jurista, analista y docente de la Universidad del Rosario, advierte que “alternatividad penal no significa cárcel, así que fácilmente se pueden inventar unas canchas vacacionales con toda clase de lujos, y entonces la sociedad tendrá que aceptar eso, de manera que no será un castigo, sino un premio, y en realidad una burla”.

Pero José Gregorio Hernández, ex magistrado de la Corte Constitucional y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana, sostiene que “contra lo que muchos pensaban, no se consagra la impunidad, pues habrá procesos que se adelantarán por la mencionada jurisdicción, y con penas que fluctuarán entre 5 y 8 años para quienes reconozcan sus crímenes, se sometan a la jurisdicción y colaboren con ella, pero que podrán llegar hasta 20 años, previo juicio contradictorio ante el Tribunal, para quienes no lo hagan o lo hagan en forma tardía”.

Según el Coronel en retiro Carlos Alfonso Velásquez, “si bien no va a haber las sanciones penales que algunas personas esperarían por crímenes atroces o de lesa humanidad, de todas maneras no va a haber impunidad. Por ejemplo, el delito de secuestro no va a quedar impune y mucho menos delitos más graves como las masacres”.

Más allá de ese punto, muchos colombianos se preguntan cómo es posible que se apliquen penas de apenas entre 5 y 8 años, para acciones tan graves como las que las Farc han cometido a lo largo de su historia.

Frente a ese interrogante, el el exvicefiscal y abogado penalista Francisco José Sintura explica que las penas acordadas “son bajas en comparación a los delitos por los que deben responder”. Pero a renglón seguido aclara que "aunque son penas poco significativas, son válidas para este tipo de justicia".

Y el ex fiscal general Guillermo Mendoza Diago agrega que hay que entender que “se va a emplear una herramienta especial para solucionar este tipo de conflictos, que tienen muchas aristas”. “Si los integrantes de las Farc se someten al sistema penal, nunca van a salir de la cárcel, pero si se van a desmovilizar y se acogen a la justicia transicional, es una forma de hacer justicia desde un punto de vista diferente", sostiene.

No solo los guerrilleros serán juzgados por el tribunal que se creará a la luz de los acuerdos anunciados ayer. La justicia transicional también se aplicará para los agentes del Estado, lo que abre al menos un gran interrogante: ¿qué pasará con los militares que han sido o están siendo procesados por los casos de ‘falsos positivos’?

Y más allá de ese hecho puntual, ¿cómo asumirá el Gobierno la responsabilidad que le cabe por la comisión de esos delitos?

Este es uno de los más espinosos asuntos que deberá encarar el Gobierno en los próximos meses, como quiera que dentro de las filas de las Fuerzas Militares hay una fuerte polarización en torno al proceso de paz.

Otro gran interrogante que se deberá resolver en el futuro inmediato es el relacionado con la dejación de armas y la forma como se logrará “la transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal”.

El analista Ancísar Marroquín destaca que “la dejación y posterior entrega de armas muestra que este es un proceso político, en el cual los guerrilleros están dispuestos a dejar las balas por discursos en el congreso”.

Pero el académico Vicente Torrijos considera que el acuerdo de La Habana está lejos de asegurar ese camino. “Las Farc no asumieron ningún compromiso en materia de armas, lograron que se hable solo de dejación, pero no asumieron ningún compromiso en términos de renunciar a la violencia como método político, por eso también afirmo que el acuerdo quedó muy cerca de la impunidad y así las cosas, la que pierde es la democracia”.

Además de las dudas puntuales, hay otros grandes interrogantes sobre lo que viene para el proceso de paz. Las palabras clave de esas preguntas son refrendación e implementación.

En primer lugar, el Presidente se comprometió a que serán los colombianos los que digan la última palabra y decidan, por medio del voto popular, si ratifican o no lo que se pacte en La Habana.

Es decir que, a pesar del alborozo que generó el acuerdo de este miércoles, el proceso todavía debe pasar la prueba de fuego de una votación popular, en un país que muestra aun altísima polarización frente al tema de la paz. ¿Se logrará?

Y, por otro lado, el Gobierno debe asegurar que todo lo que se acordó tenga respaldo en la Ley. Para lograrlo presentó la semana pasada al Congreso un proyecto de acto legislativo por medio del cual se crea una Comisión Legislativa para la Paz, que tendrá la misión de darle las bases jurídicas al acuerdo con la guerrilla.

Si bien el Gobierno tiene mayorías en el Congreso, sus tiempos para sacar adelante el proyecto son estrechos. Si la fecha límite para la firma final del acuerdo fue fijada para el 23 de marzo del 2016, eso significa que el Congreso deberá trabajar a fondo para sacar adelante la iniciativa y tenerla lista antes de que se llegue a los acuerdos finales. Octubre será un mes casi perdido para la actividad legislativa, por ser el último tramo de la campaña electoral para alcaldía y gobernaciones, y en diciembre usualmente solo se trabajan 15 días en el Congreso. Así, solo queda el mes de noviembre y pocos días del 2016 para poner a andar la Comisión Legislativa. ¿Qué se hará para lograrlo?

Con todo, los expertos creen que aún quedan por delante grandes desafíos para el país. Myriam Jimeno, Ph.D. en antropología y experta en temas de violencia, paz y reconciliación, sostiene que “es innegable que este es un paso firme en el proceso de paz y hace ver con optimismo el fin de las negociaciones”.

Pero advierte que “la experiencia en procesos a lo largo del mundo muestra que lo que viene es muy complejo. Por ejemplo, en Centroamérica para llegar a la paz hubo altas cargas de impunidad y también se vio un incremento de la criminalidad”. Por lo cual recomienda: “La sociedad tiene que trabajar en sentimientos colectivos de reconciliación. Los victimarios deben encarar a sus victimas y estas a su vez deben estar dispuestas a perdonar, todo teniendo en cuenta que lo que se busca es una reconciliación social”.

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