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Amnistías para las Farc se definirán con ley especial: Humberto de la Calle

El Jefe negociador del equipo del gobierno insistió en que no habrá amnistía ni indulto para delitos como genocidio, graves crímenes de guerra, entre otros.

16 de diciembre de 2015 Por: Elpais.com.co | Colprensa

El Jefe negociador del equipo del gobierno insistió en que no habrá amnistía ni indulto para delitos como genocidio, graves crímenes de guerra, entre otros.

Los negociadores del Gobierno en la mesa con las Farc, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, precisaron este miércoles que temas como las amnistías para los guerrilleros que se desmovilicen y los beneficios judiciales para los agentes del Estado, se darán con leyes que se tramitarán el año entrante.

Lea también: "No habrá venganza ni cacería de brujas, pero tampoco impunidad": De la Calle.De la Calle y Jaramillo aclararon, en una rueda de prensa, dudas sobre temas que no quedaron claros durante la declaración que se dio el martes, en La Habana, cuando se hizo público el acuerdo sobre víctimas.

“Me atrevo a decir que si estuviéramos cruzando un río estamos más allá de la mitad y que sería más difícil devolvernos”, sostuvo el jefe negociador Humberto de la Calle. Indicó que será en el próximo ciclo, que inicia en enero, el cual se prevé se haga de forma permanente y sin descanso, donde se discuta de fondo lo relacionado con el punto de la terminación del conflicto, temas fundamentales como el cese al fuego bilateral, la dejación de armas y precisión de temas sobre la forma en que las Farc podrían empezar a hacer política luego de que dejen las armas. Con respecto al juzgamiento que se les aplicará a los desmovilizados de la guerrilla recordó sus tres niveles. En el primero, en donde llegarán quienes acepten ante el tribunal especial de justicia sus responsabilidades, inician su reparación y quienes tendrán una restricción de sus libertades. Ésta se precisará tanto en el próximo punto (enero) como por el mismo tribunal que definirá su aplicación. El segundo nivel es para quienes se demoren en aceptar sus delitos, a quienes se les plantea una pena de cárcel entre cinco y ocho años; y el tercero, para los que no acepten, tendrán de 15 a 20 años de condena. Sin embargo, precisó que será una ley de conexidad la que defina en qué casos aplicar la amnistía; insistió que no será para delitos como crímenes de guerra, toma de rehenes, tortura, desaparición forzada, reclutamiento y desplazamiento. Dicha ley que determinará la conexidad será discutida por el Congreso de la República en el momento en que entre a operar la llamada Comisión Legislativa Especial, la cual en la actualidad se tramita para su creación y que en términos de tiempo operaría después de julio de 2016. Un punto más que se aclaró por parte del Gobierno fue el de las zonas de concentración. El Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, sostuvo que ese punto se discutirá en enero para determinar la forma en que operará, pero sí fue claro en decir que “no hay espacio para Caguanes o Ralitos”. Esto con referencia a que las zonas de concentración se darán previo y durante la dejación de las armas, lo cual se plantea sea luego de la firma del acuerdo final de paz. Sobre la participación en política de los máximos jefes de las Farc, indicaron que el objetivo del Gobierno es dar las mayores garantías y posibilidad que hagan política sin armas, incluso no descartaron que en lo que quede de discusión se pueda definir la asignación de curules temporales en el Congreso. 

“El telón de fondo del fin de un conflicto de esta naturaleza es la amplia participación política de quienes se han alzado en armas, ese es el propósito aquí y en cualquier lugar, es mejor que estén echando lengua que echando bala”, dijo Humberto de la Calle, en Blu Radio este miércoles. Igualmente, los negociadores rechazaron nuevamente que el modelo de justicia planteado abra el paso a que en el caso de terceros responsables de actos violentos se pueda incluir a expresidentes. En tal sentido, señaló el Gobierno, su forma de juzgamiento no se tocó y se mantiene tal cual, es decir que su juez inicial es el Congreso de la República. 

Frente al Tribunal Especial de Justicia, precisaron que sus integrantes no se van a asignar a dedo por la mesa, y menos por determinación propia de las Farc, sino que por el contrario se hará un proceso profundo y con seriedad para garantizar que sus decisiones no se fundamenten en la impunidad. El Alto Comisionado señaló también que esta jurisdicción especial no podrá beneficiar en nada a las bacrim, como se ha dicho de forma equivocada, “están excluidas de este sistema transicional, deben estar en un proceso de sometimiento”.

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