Acuerdo sobre justicia, un rompecabezas que no termina de armarse

Octubre 04, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Olga Lucía Criollo | Reportera de El País.

Especulaciones sobre acuerdo de justicia transicional anunciado en La Habana seguirán hasta que se conozcan sus 75 puntos.

Once  días después de que Gobierno y Farc dieran a conocer el histórico acuerdo sobre justicia transicional de La Habana, muchos en Colombia siguen  tratando de  armar el rompecabezas que significaría su aplicación en el país una vez se firme la paz. Lea también: ¿Quién es el más beneficiado con los avances del acuerdo de paz? Lo que ya está claro es que  no son diez las fichas que hay que cuadrar sino 75, y que, tal como lo anunció el jefe del equipo negociador oficial, Humberto de la Calle, algunas de estas todavía no están listas para iniciar el ‘juego’. “Este texto fue suscrito por el Jefe de la Delegación del Gobierno (o sea él), haciendo clara manifestación escrita, mediante anotación en el texto, de que se trataba de un documento en desarrollo”, dejó en claro, luego de que su par en la guerrilla, ‘Iván Márquez’, dijera  que el documento está  listo y pidiera que sea publicado. Según  analistas, no se trata de que los negociadores oficiales quieran echar atrás el acuerdo sino que, como también lo dijo De la Calle, ante los anuncios hechos por las Farc y las primeras reacciones conocidas en Colombia sobre su contenido, “hay textos cuya interpretación posterior a su redacción sugiere un cierto grado de ambigüedad que debe ser precisado”. Lea también: Se alista el nuevo Ejército de Colombia para llegada de la paz. Pero mientras el grupo de juristas designado por las partes “debe terminar su tarea a la mayor brevedad”, expertos coinciden en que un aspecto fundamental para que los colombianos acepten las reglas de juego acordadas en La Habana será la conformación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y especialmente del Tribunal para la Paz, que será el que resuelva los casos más complejos. No será a dedo “No van a ser seleccionados de forma directa ni por el Estado ni por las Farc. Eso ya está acordado”, explicó el abogado de las Farc, Enrique Santiago en una entrevista con Anncol y  agregó que, aunque no se ha concretado, “es evidente  que sería el mismo mecanismo de la Comisión de la Verdad”.  Lea también: "Le van a entregar el país a la Farc, por meterme a mí a la cárcel": Uribe En ese caso, las partes conformarían una comisión que a su vez escogería a los magistrados  no solo del Tribunal sino de las otras salas cobijadas por la JEP y que, según el comunicado del 23 de septiembre, “serán principalmente colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos”. “Ese Tribunal debe tener una legimitidad social importante y generar confianza a las partes, pero sobre todo ante la sociedad, que sería la manera de evitar  que se hable de persecución  o de que le metieron más la mano a uno que a otro actor”, plantea Camilo Sánchez, investigador de Dejusticia. Lea también: Cinco preguntas cruciales que deja el acuerdo entre Gobierno y Farc sobre justicia. En su opinión, debe ser un proceso de selección muy amplio, que incluya participación de las víctimas y de la sociedad civil “para que todos los colombianos acepten lo que allí se decida”. A su vez, Eduardo Álvarez Vanegas, coordinador del Área de Conflicto Armado y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, precisa que  “más que con amplios conocimientos en derecho y jurisprudencia, como ha sido tradición, lo que se necesitará aquí son magistrados  entrenados en nuevas formas de negociación internacionales, que sepan mirar los delitos en contexto”. Según él, la presencia de extranjeros en la JEP servirá para blindar el proceso ante las cortes internacionales, dado que será la primera negociación de  paz que se firme bajo el Estatuto de Roma. También destaca que, pese a todas las críticas que puedan hacérsele a la Ley de Justicia y Paz que se creó para los paramilitares, muchos funcionarios de la Rama Judicial se entrenaron en el sistema de investigación de La Haya, lo  que servirá de insumo para el  Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado con las Farc, al igual que el trabajo adelantado por la Unidad Nacional de Análisis y Contextos creada por la Fiscalía en el 2013. ¿Sanción? ¿Restricción? “La sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas”. En un país acostumbrado a hablar de penas y cárcel, este  numeral 7 del comunicado también ha generado varios interrogantes. “Las condenas suelen ser aflictivas, es decir, que impriman castigo, dolor, pero eso no repara a las víctimas. Por eso, acá se habla de sanciones reparativas, que es, por ejemplo, construir una carretera, y si eso se hace en un horario impuesto, ya se está aludiendo a restricción de la libertad”, indica Sánchez. Por eso también, según  los analistas,  es difícil definir desde ya los lugares donde se recluirían los guerrilleros que sean condenados por el Tribunal, puesto que se ha sugerido que las condenas  también abarquen labores de desminado o de producción de alimentos, “lo cual requiere el desplazamiento de los sancionados hacia lugares donde se puedan desarrollar esas actividades”. “Lo que las Farc están planteando y es claro que el Gobierno no puede aceptar es que no haya un sistema de monitoreo de esos trabajos. Claro que el Gobierno tiene que tener un sistema de control, como lo tendría si estuvieran presos”, insiste el investigador. Así las cosas, para los expertos lo mejor que podría pasar es que pronto el país conozca los 75 puntos del acuerdo logrado en La Habana, de manera que la polémica no esté mediada por las especulaciones sino por pactos reales que le permitirían a cada colombiano decidir si aprueba el sistema de justicia convenido con las Farc o no. El sistema Además del Tribunal  de Paz, se ha conocido que la JEP estará integrada por varias salas, cada una conformada por sus propios magistrados.  La Sala  de Investigación  compilará toda la información sobre los crímenes cometidos en medio del conflicto, incluyendo los  procesos de la  Fiscalía. La de Reconocimiento  recibirá a las personas que quieran someterse al sistema de justicia transicional y decidirá si deben ser juzgadas o no.La de Definición  establecerá quiénes irán a juicio, haciendo énfasis en los máximos responsables.    Las sanciones para  quienes reconozcan delitos muy graves serán con restricción de libertad  de  5 a 8 años, y para las que lo hagan de manera tardía será igual pero en condiciones ordinarias. Los que se nieguen  a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenados a prisión hasta por 20 años, en condiciones ordinarias. Otras dudas Que los propios ministros del gabinete Santos se hayan contradicho en relación al acuerdo anunciado en La Habana evidencia el grado de desinformación que existe en cuanto a su contenido. Por ejemplo, el comunicado de diez puntos  no establece diferencias con respecto al juzgamiento de militares y guerrilleros, lo que se ha prestado para que los afectos a las FF..MM. digan que es un “irrespeto” tratarlos como iguales, en tanto que desde la otra orilla plantean que las penas deberían ser más fuertes porque incumplieron su deber constitucional de cuidar a los colombianos. Sobre la extradición, el  interrogante parece haber quedado despejado con la frase presidencial de “nadie va a  dejar las armas para venir a una cárcel en  EE. UU. durante 40 años”, al igual que el de si los alcances de la JEP estarían por encima del fuero presidencial, lo cual también fue desvirtuado por el propio Santos, pero igualmente tendría que ser precisado. El otro punto polémico a resolver es el de la conexidad entre narcotráfico y delito político.

 

VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad