'Vía crucis' de una reforma política que deja muchas dudas

A mediados de enero pasado, cuando el año apenas despuntaba, el presidente Juan Manuel Santos instalaba en la Casa de Nariño, en medio de académicos, expertos y uno que otro miembro de los partidos políticos, la Misión Electoral Especial, que era otro de los compromisos que un par de meses atrás había pactado su gobierno con las Farc para que dejaran las armas y se reincorporaran a la vida civil.

La Misión, que fue conformada por seis expertos, uno de ellos extranjero, como muy pocas, se ajustó a los tiempos de trabajo que le fijaron y a los tres meses exactos le hicieron entrega al Mandatario de una serie de recomendaciones que modernizarían los sistemas políticos y electoral.

Las mismas debían ir al Congreso de la República para que se tramitaran por el mecanismo del ‘fast track’ -vía rápida- y como reforma constitucional.

Y ahí fue cuando le empezaron los ‘peros’ a esa sonada reforma política, que de inmediato anticipó que no tendría un trámite tan fácil en su paso por el Senado y la Cámara de Representantes.

La ambiciosa propuesta hablaba de tres instituciones electorales: la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Electoral Colombiano, CEC -que reemplazaría al CNE- y la Corte Electoral, perteneciente a la Rama Judicial.

En lo electoral, los expertos propusieron eliminar el voto preferente para el Senado, mientras que en la Cámara de Representantes se planteaba un sistema proporcional personalizado con lista cerrada y que haya un candidato de cada partido por departamento y distrito.

El otro tema coyuntural era la financiación de la política, para lo cual se proponía la financiación mixta con una mayor proporción estatal, tanto directa como indirecta, a los partidos políticos y a las campañas electorales, y una disminución de la financiación privada.

Un mes después, a mediados de mayo, el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en una de sus últimas gestas, llevó al Congreso el articulado de la reforma para cumplir con el punto 2 del Acuerdo de Paz, referente a la participación en política.

El exministro Juan F. Cristo, quien radicó en mayo pasado el proyecto de reforma política, dijo que ahora se debe pensar en convocar una asamblea constituyente para hacer esta reforma y la judicial.

Seis meses después de la radicación del proyecto, el mismo no ha tenido un trámite legislativo ágil, porque se convirtió en motivo de enfrentamiento entre los partidos, ya que unos, como Cambio Radical y Centro Democrático, ven una norma para favorecer a unos pocos en particular, y otros sectores lo toman como un respiro para las elecciones del año 2018.

El senador del Centro Democrático Iván Duque asegura que “la reforma la terminaron convirtiendo en un mecanismo para favorecer intereses políticos de las coaliciones de gobierno de cara al debate electoral y eso obviamente debía salir mal”.

El analista político Jhon Mario González, quien acaba de evidenciar lo que él llama los ‘micos’ que tiene el proyecto en este momento, señaló que “hace seis meses dije que era inoportuna, y en particular la que hace tránsito en el Congreso ha sido improvisada, porque una reforma política que pretenda contribuir a arreglar el desorden de los partidos exige que el Gobierno tenga tres condiciones: la primera, que sepa qué es lo que quiere; dos, que tenga un inmenso músculo político para sacarla adelante, y, tercero, que no esté de salida y con el sol a las espaldas. El gobierno Santos no reúne ninguna de las tres condiciones”.

Esa improvisación de la que habla el analista es clara. Aunque se planteó en el articulado inicial la Corte Electoral, la misma ya no está, como tampoco el voto obligatorio, al igual que las listas cerradas desde el año 2022.

En cuanto a las listas, lo que se tiene en discusión en la plenaria de la Cámara es que estas sean desde el próximo año, es decir aplicarían para las planchas de Senado y Cámara de Representantes.

El proyecto no ha avanzado, entre otras razones, porque la Unidad Nacional -la coalición que apoya al gobierno de Santos- se rompió.
La salida de Cambio Radical no solo fue por el tema de la JEP, sino por la reforma política; en el liberalismo no hay unidad frente a la iniciativa, situación similar sucede con el Partido de la U, la colectividad del presidente Juan Manuel Santos, desde donde igualmente le cuestionan.
Los conservadores, de la misma forma, no se identifican con la enmienda constitucional.

“Lo que pretende el Gobierno es aprobar cualquier cosa para decir que cumple con la implementación de los Acuerdos de La Habana y eso es muy peligroso, porque del Congreso puede salir un Frankenstein legislativo, con una reforma que no logra la lista cerrada, pero sí incrementa el financiamiento desorbitado a los partidos políticos y el partido de las Farc y abre de nuevo la puerta a los partidos de garaje, como sucedió en los años 90”, sostiene González.

Sumado a que la reforma ya se ha ido recortando frente a la que se presentó en mayo, que no tiene las mayorías, ahora le acecha el fantasma del tiempo para que sean aprobadas algunas de sus normas, esto porque ya en la primera semana de noviembre se inicia el periodo de inscripción de candidaturas al Senado y Cámara.

El problema es que la reforma habilitaría la posibilidad de la coalición entre partidos para las listas al Congreso. Es decir que los partidos, sin importar su tamaño, se podrían unir y llevar lista conjuntas para el Senado y la Cámara, figura que desde el Partido de La U ya la han planteado para hacerla con el liberalismo.

Este tipo de coalición en el momento solo está habilitada por la Reforma del Equilibrio de Poderes para los partidos pequeños, pero la misma no ha sido reglamentada. De ahí que se haya profundizado el distanciamiento entre el ministro del Interior, Guillermo Rivera, y el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara.

Mientras el primero asegura que Lara ha dilatado de todas las formas esta discusión, el presidente de la corporación se defiende diciendo que esta reforma es un “mandado político” que le hace el Gobierno al exministro del Interior y ahora precandidato presidencial, Juan Fernando Cristo.

Se trata del que eleva desde $36.193 millones hasta los 120.000 millones la financiación anual para el funcionamiento de los partidos políticos, según González.

La discusión de la reforma política se espera que siga el martes, en la tarde, en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde tan solo se ha votado el informe de ponencia, pero no se ha entrado en la discusión de lleno del articulado.

Lo primero que hubo que resolver fueron los más de 50 impedimentos que presentaron congresistas por tener investigaciones en el Consejo Nacional Electoral y en la Corte Suprema de Justicia, y lo segundo es que no se ha consolidado el quórum para votar el proyecto.

Tanto así, que el representante Heriberto Sanabria, coordinador ponente del acto legislativo en la Cámara, dijo en entrevista con El País que “ha habido mucha indisciplina de las bancadas, ausencia de congresistas y eso ha hecho dispendioso y engorroso el estudio”.

Pero Sanabria fue más allá y aseguró que “el Gobierno debe reconocer que ya no tiene el control de sus propias bancadas, que no le asisten”, lo que ha llevado a que el trámite de la iniciativa se haya vuelto muy complejo.

Si la reforma logra las mayorías, al menos 85 votos positivos, pasará al Senado de la República, en donde por trámite legislativo tan solo estaría llegando hasta el primero de noviembre.

La reforma deberá entrar a la Comisión Primera de Senado, en donde se hará una audiencia pública, como paso inicial.

Luego se radicaría la ponencia, es decir no antes del 10 de noviembre del presente año.

La discusión y aprobación, según las cuentas del Gobierno Nacional, es que inicie en la semana del 13 noviembre y vaya hasta la última semana del mes.

La plenaria asumiría la discusión en la primera semana de diciembre, tiempo en el que para el Gobierno Nacional aún estará vigente el ‘fast track’, aunque hay quienes afirman lo contrario.

El analista John Mario González denunció un ‘mico’ en la reforma política y dijo que está en el parágrafo 1 del artículo 4 que pretende reformar el Artículo 109 de la Constitución.

El acto legislativo de la reforma política hace parte del paquete de proyectos pactados para la implementación del Acuerdo de Paz logrado entre el Gobierno y las Farc el año pasado.

La iniciativa, que inicialmente constaba de 22 artículos, pero que se han reducido, trae una serie de cambios significativos que esperaban ponerse en marcha en las próximas elecciones. Estos son algunos de ellos:

La reforma incluye medidas rigurosas para la financiación de las campañas políticas.

Para las elecciones del 2018 se planteaban las listas cerradas, pero estas solo regirán a partir de año 2022. Las abiertas seguirán vigentes en las próximas elecciones.

También proponía modificar la edad para aspirar al Senado y a la Cámara de Representantes, pero seguirá como está hasta ahora: 30 años para ser senador y 25 para representante.

En la ponencia que se debatirá en plenaria se introdujo crear la Comisión de Aforados para el juzgamiento de magistrados.

La iniciativa también toca al Consejo Nacional Electoral, CNE, que tendrá 9 miembros, que tendrán períodos de 4 años. La academia los postulará y los elegirá el Congreso de la República.