"Usted no puede hablar de entregar uno o dos millones, y creer que con eso indemnizó a una persona": Líder de las Víctimas en el Valle

“La reparación integral no es solo la indemnización de los afectados. Necesitamos una reparación donde esas medidas de asistencia, de generación de ingresos, de subsidio de vivienda y de acceso a estudio nos enriquezcan para salir de ese estado de vulneración”.

Con esas palabras la coordinadora de la Mesa de Víctimas del Valle del Cauca, Gloria Patricia Reyna, se refirió a los recursos que serían destinados a la Unidad para las Víctimas, según lo consignado en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) que el Gobierno Nacional puso a consideración del Congreso de la República.

Esto, luego de que Patricia Tobón Yagarí, directora de esa dependencia, dijera ante el Legislativo que “es fundamental que el Gobierno logre mayores recursos para atender la deuda histórica con las víctimas del país, que asciende a más de nueve millones de personas” y dejara en claro que las víctimas han pedido ajustar varias cosas de la Ley 1448, en lo que coincide con la vocera de las víctimas en este departamento.

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Para Tobón, "es necesario construir una ruta que muestre transparencia, participación y unas discusiones técnicas para avanzar en el mejoramiento de los requerimientos de quienes han sufrido a causa del conflicto armado en Colombia".

Sin embargo, Reyna enfatizó en que la reparación no debe ser solo monetaria, sino que debe ir más allá: “Usted no puede hablar simplemente de entregarle un millón o dos millones, y creer que con eso indemnizó a una persona. Eso no genera una reparación integral a la vulneración de derechos que la afectaron”.

Asimismo, la defensora en Derechos Humanos manifestó que no se está desarrollando apropiadamente la ejecución de la reparación de víctimas y que “las entidades del Gobierno trabajan como rueda suelta, cada una de manera independiente, y eso hace que no sea tan eficiente y tan efectiva la respuesta a las víctimas en sus medidas de reparación”.

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De otro lado, la vocera de las víctimas en la región denunció que se han presentado diversos casos de corrupción en la entidad a nivel nacional y comentó que “es común que algunas personas se hagan pasar por víctimas con el fin de recibir una indemnización. Se les ha girado dinero a beneficiarios que ya habían fallecido, y aun así han reclamado las garantías”.

Por otra parte, los días 23 y 24 de febrero, la Unidad de Víctimas se reunió con los voceros de las Mesas de Participación de todo el país, con el fin de fortalecer los procesos de intervención efectiva en medio de la construcción de paz que desea impulsar la entidad y socializar la presentación del Plan Nacional de Desarrollo que se hizo ante el Congreso.

“Lo que vimos fue un brochazo del Plan Nacional de Desarrollo, las bases y los indicadores, pero las estrategias para empezar a trabajar cada una de ellas no las vimos muy claras”, dijo Reyna y recalcó que “la indemnización administrativa es simplemente una pequeña parte de un todo”.

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Ante el Legislativo, Tobón Yagarí enfatizó en que el Estado tiene deudas y rezagos históricos con las víctimas del conflicto armado: “Encontré una entidad con muchos procedimientos y requisitos que en su rigidez se convierten en obstáculos para que las víctimas accedan a las medidas”, dijo y agregó que las rutas administrativas “pecan por el exceso de herramientas y generan una maraña de instrumentos en los que terminan perdiéndose las víctimas y dificulta que nuestra atención sea oportuna y eficiente”.

“En toda la implementación de la Ley 1448 se ha pagado $1,2 millones de indemnizaciones” y “la cifra no es significativa desde una mirada global, porque solo representa cerca del 13 % de víctimas que deben ser reparadas”, concluyó la Directora de la Unidad de Víctimas.