Senador Motoa explica detalles del proyecto para reglamentar el trabajo en casa

Trabajo en casa y reforma a la salud. Esos son los proyectos que en mayor grado ocuparán este semestre la actividad legislativa del senador vallecaucano Carlos Fernando Motoa.

Como ponente del primero y coordinador ponente del segundo, el congresista por el Partido Cambio Radical, explica en El País los alcances de estas iniciativas.

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¿Cuál es la esencia del proyecto que reglamenta el trabajo en casa y que era votado anoche en el Senado?

Lo primero es actualizar la normatividad en Colombia e incluir la figura jurídica de trabajo en casa, que hoy no existe. Al comienzo de la pandemia se confundía el teletrabajo y el trabajo en casa.

El teletrabo, que se rige por la Ley 1221 del 2008, es un acuerdo entre el empleador y el empleado para desarrollar funciones específicas y tiene una temporalidad que establece el contrato, mientras que el trabajo en casa es mantener las condiciones laborales habituales del trabajador en términos de seguridad social, derechos sindicales y deberes, como si estuviera trabajando presencialmente.

Segundo, el trabajo en casa solo procede, según el proyecto, en circunstancias excepcionales u ocasionales, como sería la pandemia. El empleador habilita al trabajador para que desarrolle sus funciones desde la casa.

¿Se refiere más a lo tecnológico?
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Cuando hablamos de teletrabajo siempre se vincula a herramientas tecnológicas, cuando hablamos de trabajo en casa no necesariamente, porque la señora que hace la maquila o la confección no tiene que estar conectada para que se supervisen sus avances. Esa es la gran diferencia entre trabajo en casa y teletrabajo.

Fue una necesidad que evidenció la pandemia de Covid-19...
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Al comienzo de la pandemia, en junio, julio de 2020, había de dos a tres millones de colombianos que trabajaban desde la casa sin saber qué figura los cobijaba, si teletrabajo o trabajo en casa. El trabajo en casa establece que se debe respetar la jornada laboral.

El derecho a la desconexión laboral es un criterio que hemos defendido en este proyecto de ley, porque fue una de las críticas que recibimos, que al trabajador le mandaban mensajes en la mañana, tarde, noche, no se respetaban las horas de descanso.

Acá se establece que solo se deben dar instrucciones en el horario laboral. Ese es otro gran aporte, que fue consensuado con empleadores, trabajadores, los ministerios, el Congreso y la academia. Ya fue aprobado en Cámara y, al aprobarse en el Senado, pasa a conciliación. Un elemento importante es que los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos, sean servidores públicos o empleados privados, tienen derecho a un auxilio de conectividad para energía, equipos de cómputo o acceso a internet.

¿Quién pone los equipos? La idea es que sea un tema concertado entre empleado y empleador. Si no existe concertación, la responsabilidad es del empleador. ¿Y por qué concertado?
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Imagine una microempresa de tres o cuatro personas, de pronto para ella la opción de dotar a sus trabajadores no es viable. Podrían ponerse de acuerdo en qué pone la empresa y qué puede poner el empleado. Pero se mantienen todas las garantías, derechos y deberes de los trabajadores. No se afectan en nada las condiciones actuales de los trabajadores, es como si siguiera trabajando presencialmente.

El otro proyecto que usted lidera actualmente es la reforma a la salud. ¿Qué se le incorporó al proyecto radicado el año anterior?
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Dos elementos que impactan la crisis sanitaria que estamos viviendo. El primero tiene que ver con un capítulo de seguridad sanitaria, no solo para esta crisis sino a futuro. Hoy la crisis sanitaria se está llevando a cabo vía decretos y resoluciones del Ministerio de Salud, y eso no es lo adecuado.

Necesitamos una ley de la República que dé elementos fundamentales de seguridad sanitaria: qué les corresponde a los entes territoriales y qué a la Nación y a qué se comprometen las EPS. Lo segundo tiene que ver con las sanciones, que hoy solo se pueden establecer vía ley, no mediante decretos o resoluciones.

¿Por ejemplo en qué casos?
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Lo que sucede con quienes se están saltando los turnos de vacunación o supuestos errores en las vacunas que no fueron bien aplicadas. Igual, lo que ocurrió con la EPS que hizo toma de muestras para pruebas de covid y pasaba una semana y no iban, o que tomaban la muestra y pasaron 17 días para enviar resultados.

Con la vacunación tiene que existir un régimen sancionatorio para que no se pasen por la faja este tema fundamental para la reactivación económica del país. Así, establecimos un capítulo de sanciones en la reforma, que tiene prioridad por la pandemia y por tener mensaje de urgencia de parte del Gobierno, por lo que se unen las plenarias del Senado y Cámara para tramitarla.

¿Eso garantizará que esta vez sí sea aprobada?
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En el proyecto inicial se había incluido una reforma muy ambiciosa, se proponía eliminar las EPS, se establecían nuevos impuestos para poder alimentar los ingresos del sistema de salud, se unificaban el régimen contributivo y el subsidiado. Eso fue reduciéndose porque hacer un cambio en el modelo de la prestación del servicio de salud en Colombia en plena pandemia suena crítico, así que finalmente solo quedó un 30 % del proyecto original.

¿Y qué rescata de ese 30 %?
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Dos elementos: la medicina familiar, se quiere establecer la posibilidad de que exista un profesional de la salud que conozca las patologías, las preexistencias y que tenga confianza con los hogares para poder adelantar campañas de promoción y prevención. Es una nueva especialidad y me parece importante que Colombia la pruebe, a ver si el sistema mejora.

Lo segundo tiene que ver con mayor esfuerzo por parte del Gobierno como ente que regula y controla para evitar la tercerización laboral en los contratos de médicos y personal asistencial, que lo vimos en la pandemia: los médicos eran contratados en hospitales y clínicas por uniones sindicales o cooperativas, aquí no se salva ni público ni privado.

Ambos vulneran los derechos de los médicos, así exista una norma que dice que lo prohíba. Se establecen normas más precisas para que el Ministerio de Trabajo evite ese abuso y desconocimiento de los derechos del personal médico y asistencial.

¿También se habla de la elección de gerentes de hospitales públicos?
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Algunos proponen que se vuelvan a elegir por concurso. La verdad, la fórmula mágica no la tenemos, porque escuchamos varias veces de universidades de garaje haciendo el concurso de algún municipio. Pero que sean de libre nombramiento y remoción por el alcalde de turno tampoco genera seguridad a quiénes se están nombrando y si realmente son los mejores.

Por ejemplo en Cali. Uno no sabe si son buenos o malos, pero todos pertenecen al Partido de la U. Es una discusión a dar, cómo encontramos un punto intermedio que privilegie aspectos técnicos, pero que no sea oportunidad de negocio para universidades.

¿Y qué tiempos maneja usted con respecto a este proyecto?
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Si no se le da primer debate, de plenarias conjuntas de Cámara y Senado, antes de junio, pierde la posibilidad de convertirse en ley. Tendrá al menos tres semanas o cuatro de discusión para que pase a plenarias. Los temas son conocidos y aceptados, pero al interior de las comisiones existirán propuestas y redacciones diferentes, eso va a hacer que el trámite sea muy lento.

Además, los integrantes de la Comisión Séptima lo han dicho, no va a ser un proyecto ‘pupitrado’, sino que tiene que ser discutido de cara a la comunidad. Por eso, he insistido que las sesiones sean presenciales y ojalá se tome registro, que no se haga en virtualidad sino en el Congreso.

Pero ya se empezó a sesionar de manera semipresencial…
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Lo sigo diciendo: es lamentable que iniciemos sesiones ahora de manera mixta. Eso no existe en la ley, en la Constitución, pero además demuestra la falta de compromiso –lo tengo que decir así, lamentablemente— de algunos congresistas con el país.

Tenemos que estar en el Congreso, debatiendo. En algún momento los ciudadanos van a empezar a evaluar quiénes asistieron a las plenarias de Cámara y Senado que se convocaron y van a evaluar quiénes tuvieron sentido de pertenencia con el Congreso y de responsabilidad con el país.

¿Le preocupa que la discusión alrededor de la reforma tributaria enrede otros proyectos como el de la reforma a la salud?
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No, yo creo que el Gobierno ya lo ha evaluado. Yo he insistido en que se debe presentar una reforma laboral, porque Colombia tiene una de las tasas de desempleo más altas de la región y somos el país de la OCDE con más desempleo y de la Alianza Pacífico y tenemos que hacer algo para que esa informalidad comience a convertirse en empleo formal y eso necesita una reforma. Igualmente en el tema pensional, todas las instituciones serias han hablado de la necesidad de una reforma pensional en Colombia, que no necesariamente tiene que ver con ampliar la edad, no es el único camino, pero el Gobierno ha tomado la decisión de no presentarlas.

Seguramente el Gobierno está cuidando ese capital político que aún tiene para la reforma fiscal o tributaria, y me parece lamentable porque se pierden meses o años en situaciones dramáticas.

¿El Gobierno tiene aseguradas las mayorías para sacar adelante estos proyectos?
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No, no creo. Pienso que trabajo en casa sí, porque solamente se opuso el Polo Democrático, por algunas dudas que tenían con los reglamentos internos de trabajo, pero de la reforma a la salud hay que presentar la discusión, los debates y convencer a los partidos. No puedo asegurar que tengamos las mayorías de nuestro lado.

"Es lamentable que iniciemos sesiones de manera mixta. Eso no existe en la ley, en la Constitución, pero además demuestra la falta de compromiso –lo tengo que decir así, lamentablemente— de algunos congresistas con el país", Carlos Fernando Motoa, congresista por el Partido Cambio Radical.