Senado refuerza medidas para evitar la violencia sexual contra menores de edad

Este lunes 4 de diciembre, la plenaria de Senado aprobó, en segundo debate, un proyecto que define en qué cargos, oficios o profesiones no podrá trabajar una persona que haya sido condenada por delitos sexuales contra menores de edad, como parte de la reglamentación del registro de abusadores sexuales que ya es ley de la República.

La ley, de autoría de la senadora por el Partido Conservador, Nadia Blel y que fue sancionada en 2018, impide que las personas que hayan cometidos abusos contra los niños puedan trabajar en cargos que tengan como responsabilidad el cuidado, la recreación, la protección o la educación de los menores, para evitar que tengan la mínima oportunidad de reincidir.

Con ese objetivo, se explicó, se creó un registro que deberá ser consultado por todas las entidades públicas y privadas antes de contratar a sus empleados. Sin embargo, la Corte Constitucional pidió que sea el Congreso de la República el que especifique los tiempos y los lugares de esta inhabilidad.

“Queremos darles a los padres la tranquilidad de que sus niños estarán en entornos seguros, cuidados y protegidos por personas idóneas. Por eso es necesario que el Congreso apruebe esta iniciativa, para que el registro pueda operar integralmente y con ello garantizar que aquellos que han dañado a nuestros menores no puedan volver a hacerlo”, afirmó la congresista.

Con este proyecto de ley se determina que la inhabilidad para las profesiones, artes u oficios industriales será de seis meses a veinte años, pero para aquellas labores que involucren una relación directa y habitual con menores de edad, será de diez a treinta años, contabilidad que comenzará al cumplir la pena a la que fue condenado.

Asimismo, los oficios y profesiones sobre los cuales aplicará esta inhabilidad serán los desarrollados en los ámbitos educativo, recreativo de cuidado, protección, asistencia, salud, nutrición, bienestar, cultural, artístico, deportivo, religioso y seguridad, que impliquen un trato directo y habitual con el menor de edad, sin importar que sean o no remunerados.

“Aquí se trata de proteger a nuestros niños y niñas, y de que sus derechos prevalezcan por encima de cualquier otro”, añadió la senadora conservadora.

Según datos de la Fiscalía General de la Nación, en los últimos cinco años más de diez mil personas han sido condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Muchas de ellas fueron conocidas o personas cercanas a los menores.

De igual forma, cifras de Medicina legal indican que solo en 2021 más de 18 mil menores de edad fueron valorados por abuso sexual. En este rango el mayor grupo corresponde de 10 a 14 años, con 9289 (41,09 %), seguido de 5 a 9 años, con 4174 (18,46 %).