Ley de Amnistía, al tablero en la Corte Constitucional

La Sala Plena de la Corte Constitucional iniciará esta semana el estudio de la Ley de Amnistía y su decreto reglamentario.

Se trata de la Ley 1820 de 2016 y del Decreto 277 de 2017, que constituyeron el primer expediente de paz que llegó al alto tribunal, pero cuyo estudio se suspendió para darle prioridad al análisis del Acto Legisalativo 01 de 2017, por medio del cual se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluía la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, con la intención de emitir decisiones armónicas en estos temas.

Pero como se sabe, el fallo relacionado con la Justicia Especial se produjo el pasado 15 de noviembre, por lo que la Corte ya está lista para estudiar la ponencia que sobre la Ley de Amnistía presentó la magistrada Diana Fajardo para emitir una decisión antes del inicio de la vacancia judicial, que comenzará el 20 de diciembre.

Y debe hacerlo con celeridad, dado que este expediente tiene términos para ser resuelto solamente hasta el 30 de diciembre próximo. A esto se suma que la Constitucional también lleva varias semanas estudiando el Estatuto de Oposición, proyecto de Ley Estatutaria que llegó el pasado 3 de mayo.

A su vez, el decreto que reglamenta la Ley de Amnistía será el primer expediente de paz que tendrá en sus manos como ponente el nuevo magistrado José Fernando Reyes Cuartas.

No obstante, todo indica que la decisión sobre este sí quedará para el año entrante, más si se tiene en cuenta que el plazo para dictar sentencia sobre él vencerá el 17 de febrero de 2018.

Además, cierto es que la agenda de paz de la Corte Constitucional está bastante apretada, puesto que de 43 expedientes (8 reformas y leyes y 35 decretos), ha fallado 26: dos reformas constitucionales (La JEP y el blindaje jurídico), la ley que avaló la vocería de las Farc en el Congreso de la R epública y 23 decretos de paz.

Después del decreto de Amnistía, el siguiente en la lista será el Decreto Ley 893 del 28 de mayo de 2017, que creó los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y que tiene plazo para ser fallado hasta mayo.

Pero el alto tribunal también tiene que pronunciarse sobre la reforma que permitió que la desmovilizada guerrilla pudiera crear su partido político, al tiempo que le asignó curules (Acto Legislativo 93 de 2017), así como la Ley 1865 de 2017, que avaló la ampliación de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección, UNP, tras la firma del Acuerdo de Paz y el Acto Legislativo 04 de este año, que reformó el sistema de regalías y aseguró recursos para financiar los proyectos necesarios para el posconflicto.

A esta lista de tareas de la Corte, se suma que todavía hace falta fallar doce decretos de paz, que también se habían suspendido para estudiar la JEP, y entre los que se cuentan el que reglamentó la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos; el que establece un tratamiento especial para miembros de la Fuerza Pública; el que permite poner habeas corpus por demoras en la aplicación de la Ley de Amnistía, y el que modifica la Fiscalía para el posconflicto y crea la Unidad Contra el Paramilitarismo.

Entonces, contando que la Ley Estatutaria que reglamenta la JEP llegue este año a la Constitucional, el estudio del caso podría tardar al menos cinco meses, si se tiene en cuenta el proceso de recolección de pruebas y la audiencia pública que seguramente se convocarán.

La agenda de la Corte Corte constitucional está bastante apretada: de 43 expedientes de paz (8 reformas y leyes y 35 decretos), ha fallado 26: dos reformas constitucionales (La JEP y el Blindaje jurídico), la ley que avaló las vocerías de las Farc en el Congreso y 23 decretos de paz.

Después del decreto de Amnistía, el siguiente en lista es Decreto Ley 893 del 28 de mayo de 2017 que creó los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial (Pdet) que tiene plazo para ser fallado hasta el 28 de mayo de 2018.

Pero, además, la Corte tiene que pronunciarse sobre reforma que permite a las Farc tener partido político y le asigna curules (Acto Legislativo 93 de 2017); así como la Ley 1865 de 2017, que permite la ampliación de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección para la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc y el Acto Legislativo 04 de este año, que reforma al sistema de las regalías y asegura recursos para financiar los proyectos necesarios en el posconflicto.

A esta larga lista de tareas para la Corte Constitucional, se suma que todavía hace falta fallar doce decretos de paz, entre ellos varios que estaban suspendidos por el estudio de la reforma de la JEP, como el que reglamenta la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, el decreto que establece un tratamiento especial para miembros de la Fuerza Pública, el que permite poner habeas corpus por demoras en la aplicación de la Ley de Amnistía; y el decreto que modifica la Fiscalía para el postconflicto y crea la unidad contra el paramilitarismo.

Así, contando que la Ley Estatutaria que reglamenta la JEP llegue este año la Corte, el estudio del caso podría tardar al menos cinco meses, si se tiene en cuenta el proceso de recolección de pruebas y la audiencia pública que seguramente se convocará.

El expresidente Álvaro Uribe dijo que acudirá a la movilización ciudadana para frenar al Gobierno en su propósito de “desconocer” que las circunscripciones de paz se hundieron en el Congreso.

”Aquí no hay 16 curules para las víctimas, sino 16 curules para las Farc. ¿Y que el Gobierno va a hacer ahora otra trampa? Se robaron el plebiscito, consiguieron que la Corte Constitucional aprobara que el Congreso cambiara por una proposición el resultado del plebiscito.

¿Ahora van a hacer esto? Alguien me llamó y me dijo: ‘No basta con el alegato jurídico, hay que prepararse en movilizaciones’, indicó el senador.
“... el lunes (hoy) tenemos que pensar cómo vamos a reaccionar, pero el país quedaría sumamente indignado con nosotros si no reaccionamos con toda la firmeza”, declaró desde Cartagena.