La Registraduría tiene $3900 millones más para avalancha de firmas

La carrera presidencial para el periodo 2018 - 2022 ha reunido un número inusual de aspirantes que validarán su candidatura a través de firmas.

Vargas lleras, que empezó la recolección de rúbricas el 29 de agosto pasado, afirmó que ya reunió cuatro millones, mientras que Alejandro Ordóñez empezó el 22 de junio y dijo que ya tiene un millón.

Clara López hizo el respectivo anuncio el 7 de Julio y Gustavo Petro siete días después. Juan Carlos Pinzón hizo lo propio en agosto, y entregará sus firmas el 4 de diciembre.

El boom de la recolección de firmas por los precandidatos para validar su postulación a las presidenciales de 2018 representa no solo un reto para la Registraduría Nacional de Estado Civil, sino también presupuesto adicional para solventar los gastos producto de esta avalancha.

De acuerdo con el registrador Nacional, Juan Carlos Galindo Vacha, previendo la cantidad de firmas que se van a tener que verificar, se solicitó al Ministerio de Hacienda $3.900 millones adicionales para atender la revisión de los más de 10 millones de rúbricas que se tienen que analizar en la entidad.

Según el registrador, para las elecciones 2018 se hicieron 45 solicitudes para candidatura presidencial, 80 para Cámara de Representantes y 50 para ser elegidos en el Senado.´

Pero los gastos que genera el boom de las firmas no termina ahí, pues también hay que contar el trabajo que el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer por las consultas y reclamos que surgen de ese proceso, pues según el magistrado Novoa, ha llegado un número importante de quejas en cuanto a la recolección de firmas.

“La mayoría de estas quejas que generan investigaciones preliminares y que tienen que remitirse después a la Procuraduría son por la forma de recolección de las firmas, en las que la mayoría de reclamos que se han recibido son por la supuesta participación de funcionarios públicos que, según los reclamantes, recogieron firmas para Germán Vargas Lleras”, dijo Novoa.

El costo de la validación de las firmas y el número de grafólogos, de acuerdo a Richard Poveda, perito en grafología forense de Grafólogos Bogotá, puede ser menor de lo estimado, pues según el experto “la validación se ha convertido en un negocio que no hace un verdadero control, pues cada validación se hace en cuestión de segundos, apenas descartando uniprocedencia de las firmas, pues a los grafólogos se les paga por firma revisada. El gremio ha sugerido mejores controles, como el uso de huellas digitales”.