Francia Márquez le reclamó al ministro de Defensa por la salida de su jefe de protección, quien está en la mira por su fortuna injustificada

En las últimas horas, se conoció el polémico caso de la salida de la Policía del teniente coronel Jorge Enrique Hurtado Bermúdez, encargado hasta hace poco de la seguridad de la vicepresidenta, Francia Márquez, quien fue señalado de incrementar de forma injustificada su patrimonio personal en 9 mil millones de pesos.

Sobre este escándalo, la revista Semana reveló la carta que le envió directamente la vicepresidenta al ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien le reclamó por no ser notificada de la situación previo al relevo de Hurtado.

“De manera atenta le informo que, por medio del señor teniente coronel Jorge Enrique Hurtado Bermúdez, coordinador de protección vicepresidencial, he sido informada de que le fue notificado el llamamiento a calificar servicios mediante correo electrónico, situación que debió ser manifestada previamente a la suscrita a través de su despacho, con el fin de prever su relevo”, dice la carta de la vicepresidenta.

Cabe recordar que el coronel Hurtado, fue el encargado de darle a la vicepresidenta el transporte en helicóptero y una ambulancia las 24 horas.

Y es que en esta carta con fecha del 7 de septiembre de 2023, Márquez le dice al ministro de Defensa: “Le solicito disponer, con quien corresponda mantener en el ejercicio de sus funciones, al señor teniente coronel, previo al cumplimiento de los actos administrativos a que haya lugar, hasta que se surta el reemplazo por un funcionario de mi entera confianza”.

Además, aseguró que el ministro es el responsable de cualquier hecho que le pueda suceder sobre su seguridad. “Por lo anterior, demando que se me informe con anticipación las decisiones que afecten mi seguridad y la de mi familia. En este sentido, lo hago responsable de cualquier suceso que ponga en riesgo mi vida e integridad”, dice la carta enviada por Márquez.

Cabe mencionar que, además del tamaño de su fortuna, las autoridades buscan establecer cómo es que Hurtado Bermúdez logró incrementar su patrimonio entre 2020 y 2021, periodo durante el cual adquirió 11 bienes inmuebles, ubicados en Bogotá, Tuluá y Santa Marta.

La lupa de la Policía apuntó hacia el teniente coronel en retiro tras conocerse de una “queja grave” conocida por Semana, que alertaba sobre el incremento inusitado de sus bienes.

“Este oficial, tenemos conocimiento, ha incrementado su patrimonio económico en la institución de una manera ilegal, puesto que, con el sueldo de oficial de la Policía, jamás podría acumular el monto de propiedades que actualmente posee, que se estima aproximadamente en más de nueve mil millones de pesos”, dice la denuncia conocida por Semana.

“Este funcionario, incumpliendo con la ley y evitando la vigilancia de las autoridades tributarias, ha dejado de declarar su renta por más de 6 años, con el fin de ocultar dinero que ilegalmente ha obtenido, en provecho de los cargos que ocupó en la Policía”, dice.

Por otro lado, la denuncia anónima dice que el oficial ha logrado ocultar el valor comercial de sus bienes.

“Este señor oficial tiene bienes inmuebles entre casas y apartamentos que ascienden a más de cinco mil millones de pesos, valor que ha ocultado, ya que su valor comercial debe ser mayor. De igual manera, posee una camioneta Haylux (sic) de más de 300 millones de pesos, y un vehículo Audi de más de 200 millones de pesos. También tiene un tracto camión de más de 300 millones de pesos”, señala la denuncia.

“En el año 2021 y 2022, sería bueno que revisaran los ingresos recibidos por el señor coronel, quien laboraba en el puerto de Santa Marta y adquirió bienes por valor de 2 mil millones, producto de pagos de favorecer el paso de droga y contrabando”, dice la denuncia.

Además, advierte que “la gran mayoría de bienes los tiene a nombre de testaferros, que son su esposa, hijos y hermanos. De igual manera, gran parte del dinero que posee lo consiguió cuando se desempeñaba también en el área de erradicación de cultivos ilícitos, quien daba órdenes para que no se realizaran los operativos de erradicación manual y aspersión, recibiendo pagos mensuales por parte de un grupo de narcotraficantes”.