Esto dicen analistas sobre la ley antivandalismo que presentará el Gobierno

Luego de dos meses de paro nacional, con jornadas en las que se evidenciaron actos de vandalismo, violencia y bloqueos que dejaron miles de millones en pérdidas, el Gobierno Nacional anunció que prepara un proyecto de ley para regular estas vías de hecho que afectan los derechos colectivos de los colombianos.

Según el presidente Iván Duque, se trata de un proyecto de ley antidisturbios y antivandalismo que presentaría el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, el próximo 20 de julio, en el inicio del tercer año del actual Legislativo.

“Hoy tenemos que rechazar con claridad la violencia y el vandalismo, y por eso invito a todos los miembros del Congreso de la República a que trabajemos en la próxima legislatura para que tengamos en Colombia una ley moderna antivandalismo y antidisturbios, para que no pretendan, quienes promueven esas prácticas, pasar impunemente por soslayar los derechos de los colombianos”, expresó el Mandatario.

En efecto, sobre la seguridad y el orden público en las ciudades, afectadas por los bloqueos y los disturbios en medio del paro, Duque advirtió que la responsabilidad también recae sobre gobernadores y alcaldes, pues las jerarquías funcionan como “una especie de pirámide institucional, que empieza desde lo local hasta el comandante supremo, pero donde ninguno puede relativizar nuestra competencia y nuestro deber de proteger la vida, honra, derechos y libertades”.

Por ello, sostuvo: “Actuar donde se presenten disturbios y vandalismo es un deber y no puede ser ni soslayado ni eludido, ni mucho menos se pueden presentar en el territorio actitudes conniventes ni indiferentes de mandatarios locales frente a esos fenómenos, porque se estaría asistiendo a un incumplimiento del deber”.

El Presidente aprovechó la ocasión para ratificar su apoyo a la Fuerza Pública, reiterando el llamado a los colombianos a que respeten la autoridad: “Como sociedad, debemos hacer una clara exigencia en que ningún ciudadano tiene el derecho a agredir la institucionalidad, de agredir a quien protege a la ciudadanía”.

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Asimismo, Duque sostuvo que se debe rechazar toda estigmatización, pero dijo que urge “llamar por su nombre a quien transgrede la ley y a quien atenta contra la ley”.

“Es muy importante también diferenciar entre lo que debe ser una expresión pacífica y lo que es vandalismo, terrorismo urbano de baja intensidad, destrucción de la infraestructura o violentar los derechos de la ciudadanía”, aseveró.

Por su lado, el alto consejero para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, indicó que la ley antivandalismo es prioridad: “El vandalismo no es protesta, es delito, no es un derecho protegido por la Constitución, sino un delito que la Constitución ordena perseguir a través de fiscales y jueces. Hay que fortalecer instrumentos del Estado Social de Derecho para proteger la ciudadanía del vandalismo”.

Sin embargo, según algunos expertos en seguridad, preguntas quedan en el aire ante la ley antivandalismo anunciada por el Ejecutivo, puesto que, hasta ahora, se desconocen los pormenores del contenido de la propuesta que se presentaría al Congreso.

Analistas consultados por El País señalaron que una iniciativa de esa naturaleza no prosperaría y sería inconveniente.

El consultor político Andrés Mejía Vergnaud aseveró que no es una ley necesaria, ya que ni una sola de las conductas vandálicas o violentas que se han visto durante el paro nacional es legal o está permitida.
“Si aun estando prohibidas o penalizadas quedan impunes, hay que buscar el problema en otra parte, porque no está en la ley”, anota.

Además, dice el experto, presentar dicha ley es una mala movida política para el Presidente. “Inecesariamente se expondría al señalamiento constante de que quiere restringir el derecho a la protesta, y se expone muy fácil -y sin necesidad- a una derrota en la Corte Constitucional”, señala Mejía Vergnaud.

A su turno, Pablo Uribe, experto en seguridad y políticas públicas, sostuvo que el problema no está en la ley, sino en la falta de aplicación de la misma.

“En la falta de investigación y judicialización efectiva, de buenos procedimientos policiales para judicializar a quienes están infringiendo las leyes. El tema es fortalecer los organismos de seguridad y justicia, hacerlo más efectivos. Las leyes ya existen. Salir a hacer un debate de esos en este momento es gastar más capital político y crispar más los ánimos en Colombia”, dice.

Con ello estuvo de acuerdo el experto en seguridad Jairo Libreros, quien recalcó que el Código Penal colombiano es el tercero más extenso del mundo, pues tiene tipificados todo tipo de delitos que ya sirven para actuar contra los desmanes que afectan la protesta pacífica y la democracia.

“Hay delitos de todo: si se toman un bus del SITP, pues para eso está el delito del secuestro, daño en bien ajeno, afectación a servidor público, tentativa de homicidio, lesiones personales… No necesitamos para nada crear más tipos penales y mucho menos buscar fórmulas de ‘mano dura’ como ocurrió en Guatemala (ver recuadro), porque generalmente son declaradas inconstitucionales, no dan resultados y estigmatizan a los jóvenes y la protesta pacífica. Colombia no necesita ese tipo de legislación”, afirmó en Caracol Radio.

Según explicó el analista político Jairo Libreros, en países de la región como Argentina, Chile, Guatemala y El Salvador, ya ha habido legislaciones similares a la que pretende tramitar el Gobierno, sin que dichas experiencias fueran exitosas.

“Tuvieron muchos problemas porque buscaban caracterizar jóvenes como causantes de los disturbios”, explica.