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    "Esperamos aguarle la fiesta a los corruptos": Fernando Carrillo

    Enero 22, 2017 - 12:00 a.m. Por:
    Por Alfonso Ospina- Editor de Colprensa

    Fernando Carrillo, Procurador General.

    Fernando Carrillo Flórez llegó esta semana a  la Procuraduría General de la Nación. Y lo hizo en el momento exacto en que Colombia está sacudida por escándalos de corrupción, el último de ellos por los sobornos de la empresa  Odebrecht para ganar contratos de obras públicas.

    Por eso, su primera acción apuntó a ese caso. De manera simultánea anunció que presentará una acción popular, creó una comisión de alto nivel en la entidad de control y advirtió que ninguna acción judicial puede servir para esconder actos ilícitos.

    Sobre este caso, sobre otros escándalos, como el del detrimento en Reficar, de las ideas que tiene para modernizar la acción de la Procuraduría y acerca del legado que recibe de su antecesor, Alejandro Ordóñez, Carrillo habló con Colprensa.

    En qué consistirá  la comisión especial que usted anunció para investigar el caso Odebrecht…

    En primer lugar, es una muestra de la voluntad decidida para encontrar resultados inmediatos, porque uno puede emplear mucha retórica, pero lo importante es que haya resultados fehacientes. En la comisión de investigación y sanción van a estar dos procuradores delegados, el nuevo director de la Oficina de Investigación Especial de la Procuraduría, que es un fiscal con mucho kilometraje, y los más importantes procuradores judiciales y asesores de la entidad, para ver si en una semana tenemos muy claro cómo debe ser el mapa para actuar en el ejercicio de la función disciplinaria. 

    Eso tendría dos vertientes: una, la de todas las investigaciones disciplinarias en el caso de acciones de servidores públicos que hayan intervenido en la preparación o ejecución de este soborno; lo segundo, que es mucho más importante, es la defensa del patrimonio público, porque la seguridad jurídica no se hizo para proteger a los corruptos. No se puede acudir a la justicia, ordinaria o arbitral, para proteger acuerdos de voluntad o contratos con objeto ilícito y que, por supuesto, obedecen a actos de corrupción. Todo esto, sin perjuicio de que ya tomamos una determinación de actuación inmediata y es la presentación de una acción popular en defensa de la moralidad y el patrimonio público.

     ¿Cómo se aplicaría esa figura de la acción popular?

    Una acción popular pone de por medio un interés colectivo, en este caso la defensa del patrimonio público. Aquí no es únicamente el daño que se hizo en virtud de un contrato, sino el daño patrimonial que se le está causando al Estado. Cuando elaboremos la acción veremos qué es lo que vamos a pedir, específicamente en relación con ese contrato.

    ¿Cuáles serán los tiempos de acción disciplinaria de esa comisión  para el caso Odebrecht?

    Como usted sabe, ha transcurrido mucho tiempo, pero habrá que determinar, en el marco de las decisiones penales, de la confesión y de los acuerdos a los que se haya llegado con la Fiscalía, de qué manera cabría todavía una acción de carácter disciplinario, porque la prescripción es de cinco años. Habría que ver, primero, quiénes son; segundo, las conductas que han puesto en entredicho el ordenamiento jurídico y ahí tomaremos la determinación de asumir las acciones disciplinarias.

    ¿Por qué debemos confiar en que esta comisión dará resultados?

    El compromiso que hemos asumido es ofrecer resultados inmediatos. Espero que en una semana realmente podamos mostrarlos. Entiendo que hay mucho escepticismo, entiendo la falta de legitimidad que tienen las instituciones del Estado, y eso solo puede contrarrestarse con resultados y acciones. Eso es lo que esperamos hacer esta semana.

    Lea: Retos que esperan por Fernando Carrillo en la Procuraduría General

    Causa desilusión que se haya empezado a destapar la corrupción de Odebrecht no por trabajo del Estado colombiano, sino por el de la Justicia de EE. UU. y  de Brasil…

    Es un tema de concientización, de denunciar. Pero también hay que ver que muchas denuncias y pruebas vienen de la cooperación internacional, como usted lo dice, porque en este caso de Brasil podrán venir más testimonios y más pruebas y buena parte, casi la mayoría, del material que existe está en Estados Unidos.

    Creo que lo que hay que hacer es convencer a la gente de que vale la pena denunciar; las denuncias tienen sentido en la medida en que se traducen en condenas y en sanciones, que es en lo que la gente no cree, por la burocratización del aparato de justicia o de las instituciones de control, a eso hay que ponerle fin.

    En su despacho  están estos dos temas de los que hemos hablado, más investigaciones a los exministros Luis Felipe Henao y Tomás González, así como a actuales ministros. ¿Cómo decidirá cuáles casos va a priorizar?

    Estoy acabando de armar mi equipo y estamos diseñando un programa de acción de los cien primeros días de la Procuraduría, para contarle a la opinión pública cómo va a ser el orden de esas acciones. Sí le quiero decir que ninguna investigación va a pecar por negligencia; por supuesto, hay algunas que tienen mucho más ruido, pero sería muy irresponsable entrar en uno y no en otros casos. Ese criterio de selectividad va a venir de una herramienta de planeación que pusimos en marcha durante el empalme con la Procuraduría saliente y que  anunciaré en su momento.

    ¿Qué  hacer para que la ola anticorrupción no se quede en  una moda por el escándalo de Odebrecht?

    Eso está en nuestras manos, en las instituciones de control, en que el Poder Judicial muestre resultados y está en manos del sector privado, que colabore en cerrar las puertas a este tipo de conductas y está en manos también de la sociedad entera. La indignación y la ira de la ciudadanía tienen que mantenerse, porque eso se constituye en un elemento de veeduría sobre las entidades de control.

    Entiendo perfectamente esa desconfianza, ese descontento sobre que haya resultados de la justicia, pero esperamos aguarles la fiesta a los corruptos, ese es el compromiso que tenemos todos los entes de control.

    No es una coincidencia que en esta semana me haya encontrado al Fiscal y al Contralor tres veces.

    Hay una voluntad de trabajar conjuntamente como no se vio en el pasado, eso es esencial, engranar las acciones penal, disciplinaria y fiscal. Necesitamos también a la empresa privada, a la sociedad entera y por supuesto a los medios de comunicación, denunciando y atentos a   la evolución de estos casos.

     En concreto, ¿qué espera de la empresa privada?

    Antes de posesionarme contacté a los gremios. Hay una conciencia de que hay que hablar, porque el sector privado tiene una responsabilidad muy grande. Lamentablemente, en Colombia se ha pensado que la corrupción es netamente pública y resulta que también es privada, esa es la discusión que se ha planteado en relación con el financiamiento de las campañas políticas; la única solución no es que haya solo financiamiento público, también tener una justicia electoral que funcione, reducir los costos de las campañas, hay toda una batería de instrumentos, eso está inventado. Me parece, además, que el rol del sector privado tiene que ver con la forma con la que, de aquí en adelante, hay que fomentar la integridad como valor empresarial.

    EL POSCONFLICTO

    ¿Cree que es verdad esa premisa de que superada la guerra con las Farc, la nueva lucha del Estado es contra la corrupción?

    Sí. Hoy el enemigo de la democracia no es la guerra, sino  la corrupción. Ya no tenemos forajidos armados, sino corruptos ofreciendo coimas y sobornos; de pronto, el humo de la guerra no nos dejó ver lo que está pasando, todas esas cosas relacionadas con la falta de ética. 

    ¿Cuál será la tarea que desarrollará la Procuraduría durante este momento de posconflicto?

    Debe ser veedora y garante de los acuerdos, sobre todo frente a la ciudadanía. Ese rol de defensa de los intereses de la ciudadanía y de la implementación de los acuerdos es una gran tarea para la Procuraduría.

    En esa obligación de defensa, la Procuraduría debería asumir la protección de los líderes de paz y de Derechos Humanos que están siendo asesinados sistemáticamente…

    Sin duda alguna. En eso estamos pensando con la Procuraduría Delegada de Derechos Humanos. Vamos a tener un plan para evitar que se cometa un exterminio como el de la UP. El proceso del posconflicto tiene que enfocarse en proteger la vida, especialmente de quienes están jugándosela para que el proceso de paz tenga éxito. La paz depende de la preservación de la vida de todos esos líderes, de los que ha habido ya víctimas, y del cumplimiento de los acuerdos por parte de la guerrilla. Que se abra la puerta a un exterminio de dirigentes de la oposición sería el peor augurio y un golpe definitivo a la consolidación de los acuerdos.

    ¿Quién los está matando?

    No sé. No tengo elementos de juicio aún. Con pruebas y con la ayuda de otros entes investigadores, vamos a determinar de qué manera se pueden montar esquemas de protección que sean efectivos para ese grupo de dirigentes. En buena hora se decidió que hay que entregarles los escoltas a quienes los necesitan y no a quienes les sobran y en ese sentido es importante que la Procuraduría trabaje en un esquema de supravigilancia de las acciones del Estado para proteger la vida de estos dirigentes.

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