El caso Andrés Felipe Arias prende el debate sobre doble instancia, estas son las posiciones

La llegada del exministro Andrés Felipe Arias a Colombia, luego de ser extraditado desde los Estados Unidos, ha despertado nuevamente el debate por la conveniencia de la segunda instancia en el país.

Este mecanismo judicial es una garantía universalmente reconocida que establece que cualquier persona que sea condenada tiene derecho a que su sentencia sea revisada por un juez superior. En el caso de Arias no aplicaría por su condición de aforado.

La doble instancia existe desde el 2018, tanto para los sometidos a la justicia ordinaria como para los aforados, por lo que no alcanzó a cobijar al exministro, cuya condena se dio en 2014.

Hay varias posiciones sobre la viabilidad de un proyecto de reforma constitucional que busca la retroactividad de esta ley y que, para algunos, favorecería al exfuncionario.

Retroactividad, recursos humanos y físicos, congestión en la Rama Judicial y desgaste legislativo son algunos de los factores que se deben resolver antes de que esta propuesta jurídica sea puesta en marcha.
Bajo el panorama de la retroactividad se podrían presentar casos desde 1991. Según las cifras de la Corporación Excelencia a la Justicia, desde ese año a la fecha hay por lo menos 232 condenas.

En el listado de aforados constitucionales figuran nombres como Iván Moreno Rojas, condenado por el carrusel de la contratación; María del Pilar Hurtado, culpable por el tema de las chuzadas; Lucas Segundo Gnecco, procesado por corrupción; Vicente Blel, responsable de nexos con grupos paramilitares, y el propio Andrés Felipe Arias, por las irregularidades en la implementación del programa Agro Ingreso Seguro, que le valieron una pena de 17 años de cárcel.

Dos expertos de la justicia, el exfiscal General Mario Iguarán y Alfredo Sierra, expresidente de la Corte Constitucional, dan su punto de vista sobre este tema, que ha empezado a ha generado una nueva discusión en el país.

¿Es la doble instancia necesaria para el país?
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El proyecto debería pasar dentro de un Estado Social de Derecho, porque la doble instancia es una garantía procesal señalada en ordenamientos jurídicos con tradición jurídica y respetuosa del debido proceso.

Colombia es de los países o de los ordenamientos jurídicos que no cuenta con la doble instancia, por eso debería pasar.

¿Debe ser retroactiva?
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Se aplicaría sin ningún límite. Solo habría un límite que es que esté surtiendo efectos, no se aplicaría a alguien que fue condenado y ya cumplió su pena. O fue condenado y murió. Pero mientras esté siendo o cumpliendo una pena impuesta en una decisión que no permitió la doble instancia, podría aplicarse la revisión o doble instancia.

¿Existen los recursos para aplicarla?
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Exige recursos humanos y físicos impresionantes. Frente a las realidades presupuestales para la administración de justicia no sería muy optimista. Vendría una avalancha de recursos para que se revisaran esas decisiones y eso va a significar una congestión.

¿Por qué se daría esa congestión judicial?
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Generaría una congestión porque hay condenas y procesos emblemáticos. Sobre la revisión, desde el punto de vista práctico de realidad probatoria, tendrían muchas dificultades, pero hay que recordar que la segunda instancia no permite un tema probatorio. Es discutir o revisar sobre las consideraciones jurídicas o las valoraciones que se hicieron de las pruebas. Sería una valoración sobre las mismas pruebas que sirvieron de base para fallar o que no se tuvieron en cuenta para fallar en el proceso.

¿Es una ley con nombre propio?
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No debería dársele nombre propio, porque son muchos los interesados en que se haga esta reforma. Decir que es para el exministro Andrés Felipe Arias, pues seguramente él sería uno de los primeros, pero también de esa oportunidad procesal harían uso centenares de condenados.

¿Es la doble instancia necesaria para el país?
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El proyecto es altamente inconveniente en este momento. Si se concede, no puede ser un simulacro de segunda instancia, tiene que ser una segunda instancia con todo lo que significa ella. Debe estar revestida de seriedad como garantía.

¿Debe ser retroactiva?

Debe ser a futuro, no para los que ya tuvieron fuerza de cosa juzgada, que implica certeza jurídica y eso es lo que estaría en juego en este caso.

Si el sentido del proyecto es el de hacer retroactiva la doble instancia al momento en que se pronunciaran las sentencias, lo que quedaría sería claro es que eso implicaría que quedan sin efecto de cosa juzgada todas las sentencias proferidas durante la vigencia de la Constitución Política de de 1991.

¿Qué implicaciones económicas tendría esta norma de entrar a regir?

En los casos en los que la sentencia fuera revocada, se podría decir que produjo unos efectos que causaron perjuicios y luego vendrían unos procesos de indemnización. Esto sería bastante alto si se presentan esas demandas debidamente sustentados en contra del Estado.

¿Aumentaría la congestión judicial?
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Lo que creo es que la Corte Suprema de Justicia tendría que entrar a resolver sobre esa segunda instancia todos esos procesos y eso se sumaría al trabajo que ya tiene.

¿Considera que es una ley con nombre propio?
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Indudablemente que tiene nombre propio incluso, absolución anticipada porque una de las personas que apoya el proyecto habló ya de que el exministro Andrés Felipe Arias es inocente.

Si la retroactividad se aplica desde 2014, podrían pedir su doble instancia Luis Gustavo Moreno Rivera, exfical Anticorrupción condenado por corrupción; el exfiscal seccional de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, condenado por engavetar procesos; el exsenador cordobés Martín Emilio Morales Diz, responsable de alianzas con bandas criminales, y Miguel Maza Márquez, el exdirector del DAS procesado por el crimen de Luis Carlos Galán.

Si ese beneficio se iniciaría desde 2009, aparecen nombres como Salvador Arana Sus, Álvaro Araújo Castro, Hernando Molina Araújo, Mario Uribe Escobar y, de nuevo, Guillermo León Valencia Cossio.

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