Así fue la elección que tiene en problemas a 11 concejales

Cabildantes de entonces estaban advertidos de que el candidato a Contralor tenía una inhabilidad.

El proceso disciplinario que anunció esta semana la Procuraduría General de la Nación contra los once concejales de Cali (periodo 2004-2007) que eligieron contralor a Miguel Eric Piedrahíta estando inhabilitado es, literalmente, la crónica de una sanción anunciada.Más de un mes antes de que el Concejo eligiera el remplazo de Jorge Portocarrero, quien se retiró de contralor para aspirar a la Alcaldía, magistrados, juristas y columnistas advertían a los cabildantes sobre las sanciones que enfrentarían si escogían a Piedrahíta, quien para entonces ya andaba por los pasillos de los tribunales haciendo lobby para que lo incluyeran en la terna.Sin embargo, por razones que este jueves 20 de enero deberán explicar ante el Procurador General de la Nación, Christian Garcés, César Tulio Delgado, Jaime Gasca, José Fernando Gil, José Luis Pérez, Piedad Varela, Carlos Urresty, Fabiola Perdomo, Fernando Tamayo, Clementina Vélez y el destituido gobernador Juan Carlos Abadía ignoraron todas las alertas y se lanzaron, según analistas, en una aventura que podría enterrar políticamente a cada uno de ellos.Incluso, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle emitió un concepto días antes de la elección en el que señaló que Miguel Eric Piedrahíta estaba inhabilitado para ocupar el cargo de contralor por haberse desempeñado como subcontralor de Cali entre el 3 de febrero del 2003 y el 18 de septiembre del 2006.El magistrado Óscar Valero, quien presidía para entonces ese tribunal, fue una de las personas que advirtió de las sanciones que conllevaría la elección de Piedrahíta en el cargo.“La posición del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle siempre fue coherente y sólida en el sentido de que estaban inhabilitados quienes laboraban en la Contraloría. De eso nunca tuvimos duda y por eso se rechazó la postulación de cerca de diez personas”, aseguró el magistrado Valero.Ese pronunciamiento llevó a los padrinos políticos de Piedrahíta a desistir de postularlo por el Tribunal Contencioso y matricular su aspiración por el Tribunal Superior de Cali, que en principio dijo que estaba inhabilitado y poco después, por medio de una acción legal lo ternó, junto a Javier Vásquez Neira.El País intentó conocer la versión de la magistrada Ana Luz Escobar, quien presidía el Tribunal Superior de Cali de la época, pero a través de su secretaria hizo saber que no hablaría del tema.Sin embargo, uno de sus compañeros magistrados, quien pidió la reserva de su nombre, indicó que esa sala sabía que quien fue elegido a la postre Contralor estaba inmerso en una inhabilidad.“Nosotros pedimos un concepto al Tribunal Contencioso que nos ratificó que el señor Piedrahíta estaba inhabilitado y por eso casi la mitad de los magistrados salvamos nuestro voto, porque el problema se veía venir”, dijo el magistrado del Tribunal Superior de Cali. “Ya en el tema de los magistrados cada uno deberá responder ante el Consejo Superior de la Judicatura, que es nuestro juez natural”.Los cambios repentinosHasta un par de días antes de la elección del nuevo Contralor de la ciudad parecía que la discusión sobre la inclusión en la terna de Miguel Eric Piedrahíta pronto pasaría al olvido, toda vez que la coalición ya contaba con los votos necesarios para elegir a Gilberto Hernán Zapata.Al menos así lo refrendaron verbalmente todos los miembros de esa mayoría durante una reunión realizada dos días antes en la casa del concejal conservador Carlos Arturo Urresty, donde también parecía un hecho que el nuevo presidente del concejo sería Orlando Chicango.Pero en la puerta del horno se quema el pan. La supuesta minoría, comandada por el entonces ex presidente del Concejo, Juan Carlos Abadía Campo, a última hora logró desarmar la coalición y sumar dos votos que fueron cruciales en la elección de Miguel Eric Piedrahíta.Fuentes cercanas al proceso le aseguraron a El País que Juan Carlos Abadía logró revertir la decisión durante una reunión celebrada un día antes de la elección en Ciudad Jardín, concretamente en la casa del desaparecido Eiser Santacruz quien días después fue nombrado Secretario General de la Contraloría.El éxito de la nueva mayoría radicó en los beneficios que se ofrecieron a los concejales Christian Garcés, a quien se le dio la Presidencia del Concejo, y los puestos otorgados a Carlos Arturo Urresty, “quien se quedó con buena parte de la tajada burocrática en la Contraloría y de la Personería de Cali”, según ex funcionarios de esos organismos de control que fueron retirados y hoy tienen varias demandas ante los tribunales de la ciudad.Igualmente, supo El País, que para evitar ‘voltearepismos’ de último momento los hoy implicados permanecieron en una especie de acuartelamiento en la lujosa residencia, de donde salieron directo a votar al siguiente día, tras una jornada de piscina, comidas y licor.El rifirrafe del ‘día D’Difícilmente se recuerda en el Concejo de Cali que haya existido una sesión que despertara tanto interés de los medios de comunicación como la de ese 5 de diciembre del 2006.Con las graderías llenas, se inició a las 3:30 de la tarde la plenaria con el pedido del concejal José Fernando Gil de pasar la elección del Contralor del tercero al segundo punto de la orden del día.Llamó la atención que el presidente del Concejo, José Luis Pérez, quien remplazó a Juan Carlos Abadía en el cargo luego de que renunciara para aspirar a la Alcaldía de Cali, interrumpió en dos oportunidades el llamado a lista para reiterar a los concejales “que el voto es secreto y los señores escrutadores deben garantizar que el voto no sea público”.Tras el conteo, fueron doce los concejales que votaron por Miguel Eric Piedrahíta y ocho por Gilberto Hernán Zapata. Julie del Pilar Reina no votó. Sin embargo, hasta el sol de hoy se desconoce quién de los doce se arrepintió de votar por Miguel Eric Piedrahíta a última hora, toda vez que hubo nueve constancias de salvamento de voto.El paso a la polémica lo dio Juan Carlos Abadía Campo, quien luego de tomar la palabra aseguró que ya la votación estaba terminada y que en adelante los organismos de control no tendrían cómo establecer quiénes fueron los doce concejales que votaron por Piedrahíta.“Me preocupa mucho lo que dicen mis compañeros (quienes dejaron constancia de que no votaron por Miguel Eric) ... Yo me acuerdo de un famoso cuento muy popular que dice: ‘Tira la piedra y esconda la mano... ¿Cómo comprueban que Pepito Pérez votó por alguien? ”, señaló Abadía.Por tal motivo, quienes votaron por Zapata empezaron a cantar su voto para dejar al descubierto, cuando llegaran a investigar los organismos de control, quiénes fueron los que eligieron como contralor a Piedrahíta. Acto seguido, se retiraron de la sala los concejales Carlos Pinilla, Milton Castrillón, Orlando Chicango, Néstor Raúl Soto, Piedad Echeverry, Albeiro Echeverry, Jorge Eliécer Tamayo y Carlos Andrés Clavijo.Finalmente, y luego de elegido Christian Garcés como presidente del Concejo, como rezaba en los acuerdos, el hoy secretario de Planeación del Valle dejó entrever que cambió de coalición porque la primera sólo le garantizaba seis meses en la Presidencia, mientras que el grupo liderado por Abadía, le daba un año.Sacado de la gavetaNo fue casual que pasaran cuatro años después de ocurridos los hechos para que la Procuraduría reabriera el proceso disciplinario contra los concejales que votaron por Miguel Eric Piedrahíta.El fallo de una sala de conjueces del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, y ratificado por el Consejo de Estado, declaró en abril del 2009 lo que siempre se advirtió: “Fue nula la elección como contralor de Miguel Eric Piedrahíta” porque estaba inhabilitado.Un fallo previo también le ordenaba a la procuradora regional, Gloria Edith Ramírez, iniciar investigación contra los concejales que lo eligieron, pero ella decidió archivar el proceso. Un hecho paradójico, que desembocó en una investigación contra la procuradora Ramírez, es que ella es la esposa de Julio César Martínez Payán, quien para esa época se desempeñaba como secretario general del ya gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía. Es decir, archivó el proceso contra el jefe de su esposo.Por tal motivo en julio del 2009 la Procuraduría General de la Nación ordenó indagación preliminar contra la procuradora Ramírez para que explicara la “posible obstrucción a la justicia y al debido proceso por la demora injustificada en las diferentes etapas procesales”. También pidió investigar el “presunto impedimento sobreviniente para la señora Procuradora que decidió el archivo dentro del expediente, por no declararse impedida al ser la esposa del Secretario General de la Gobernación, cuyo superior es el Gobernador, quien como concejal votó afirmativamente en la elección”.