Analistas auguran un año difícil para la gobernabilidad del Presidente

Por Sofía López / reportera de El País

Un escenario difícil para el trámite de las reformas sociales del Gobierno Nacional en el Congreso, la elección de la nueva fiscal general, varios cambios en el gabinete ministerial y tensión entre el Ejecutivo y los mandatarios regionales es el panorama político que se advierte en Colombia para este 2024.

Si bien el oficialismo celebró en diciembre que la reforma a la salud se aprobara en la Cámara, se ha señalado que su paso por el Senado estará lleno de ‘baches’; además, la laboral, la de Educación y la pensional no contaron con la misma suerte y tendrán que seguir ‘batallando’ este año.

“Desafortunadamente para el Gobierno, el arrastre de impopularidad que ha tenido le va a restar cada vez más capacidad de maniobra en el Congreso, porque, de por sí, el desgaste que le ha significado el debate de la reforma a la salud va a mermarle mucho las posibilidades de poder negociar las otras reformas”, señala el consultor político Álvaro Benedetti.

Para él, la Casa de Nariño tuvo un error de cálculo al haber discutido primero esa iniciativa, porque “si bien fue la más polémica, pudo esperar un poco de tiempo para haber sacado otras más estratégicas, como la pensional o la laboral, que, aunque tampoco reformaba mucho, hubiese sido más sencillo tramitarla sin generar tanta conmoción en el ambiente político”.

Además, augura que en el segundo semestre legislativo, si el panorama mantiene ese rumbo, muchas de las bancadas que hoy están como independientes se podrían declarar en oposición, generando que el presidente Gustavo Petro pierda más peso político, “lo cual lo llevaría a una caída libre de gobernabilidad para el 2026″.

En ese sentido, otra situación que también podría surtir algún efecto en la imagen del Mandatario es la elección de la próxima fiscal general de la Nación, que deberá ser votada antes del 13 de febrero, cuando termine el período de Francisco Barbosa.

Como se sabe, se iba a elegir a la ganadora entre las ternadas Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez, el pasado 7 de diciembre, pero la agenda se aplazó para este año, ya que ese día se posesionó un magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, y la plenaria estaba incompleta.

Lo cierto es que ganará quien reciba el voto de al menos dos terceras partes de los 23 magistrados que conforman la Sala Plena y, aunque ha habido mucha reserva de lo que podría ser esa decisión, a diferencia de otras ocasiones, hay un nombre que ha sonado por ser el el menos polémico.

“Camargo es la que menos ruido genera en los distintos círculos políticos, especialmente en los de la oposición, y posiblemente, de cara a que no haya un cisma tan fuerte en el marco institucional, pues la Corte se vaya por la fácil y la elija”, anota Benedetti.

Cambios en el gabinete

Es evidente que el presidente Petro saca de su equipo a quien no le marcha como quiere y conserva, sin importar el costo, a quienes son fieles a sus propósitos, como lo han demostrado, los dos ‘remezones’ que ha tenido el gabinete desde el 7 de agosto del 2022.

Al respecto, analistas coinciden en que, en la medida en que existan problemas en la ejecución del gasto y en la manera de coordinar las agendas, especialmente en el Congreso, y si los sectores sienten que el Ejecutivo pierde tracción en el discurso, eso lo impulsará a tomar decisiones que permitan tener todos los cables alineados en cada una de las carteras.

“Evidentemente, va a haber cambios por una razón muy sencilla y es que esa es la manera que tiene Petro de aceitar su maquinaria gubernamental, la cual cada vez va a tender mucho más hacia lo ideológico”, analiza Benedetti.

Además, como es conocido, en este momento hay algunos funcionarios que le están generando costos altos a la Casa de Nariño, tales como el canciller, Álvaro Leyva, que, por no concertar con la empresa que ganó la licitación de los pasaportes, Thomas Greg & Sons, que fue declarada desierta estando ella como único oferente, sometió al Estado a una demanda por $117 mil millones.

Asimismo, los ministros de Salud y del Interior protagonizaron varias ‘peleas’ con congresistas de la Alianza Verde, partido de gobierno, generando que sus miembros consideraran la idea de declararse en independencia, posibilidad que aún está latente.

A ellos se le suma la jefe de la cartera del Deporte, Astrid Rodríguez, quien está en el ojo del huracán luego de que esta semana saliera a la luz que Barranquilla ya no será la sede de los Juegos Panamericanos 2027, porque el Ejecutivo no entregó los recursos para que se realizara el evento.

Tensión con los nuevos mandatarios

“Puede que el Gobierno no logre consensos con los nuevos mandatarios, especialmente los de las principales ciudades, como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, quienes no son de la línea política del Presidente, generando que esas diferencias ideológicas hagan que las negociaciones queden en un punto muerto”, dice el director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, Carlos Charry.

También considera que “habrá que ver la capacidad de negociación del Ejecutivo con los principales departamentos en términos poblacionales, como Atlántico, Bolívar, Santander, Antioquia, Valle, Cundinamarca, y, por cuestiones de orden público, con los gobernantes de Orinoquía, Amazonía, Chocó y Nariño, donde, si no se logran establecer vasos comunicantes sólidos, puede hacer que, de nuevo, la gobernabilidad de Petro se vea afectada”.

De acuerdo con él, Benedetti añade que “en el segundo semestre veremos pulsos a raíz de las solicitudes de recursos de inversión para los territorios, en donde seguramente aquellos gobiernos locales que no son afines a Petro van a ver frenadas algunas iniciativas y eso generará un escenario de discusión política”.

De otro lado, Charry advierte que la inflación y el deterioro de la capacidad de ingresos de los colombianos también puede volverse un tema de agenda política que afecte la gobernabilidad del Jefe de Estado.

“El costo de vida puede volverse un tema crítico y de manera mucho más neurológica por el ajuste de los precios del diesel, porque eso puede generar que, si no hay sincronía y entendimiento entre los ministerios de Hacienda y Minas con las diferentes agremiaciones de transportadores, haya un efecto político en boomerang para el Gobierno”, indica.

Y explica que “los camioneros han demostrado, y lo hicieron en el paro nacional, que tienen la capacidad organizativa no solo de bloquear ingresos a las ciudades, sino en las grandes arterias viales y comerciales del país”.