“Aquí no hay Estado fallido ni Justicia colapsada”

Francisco Lloreda, Embajador de Colombia en La Haya e interlocutor ante la Corte Penal Internacional, explica el efecto de la entrada en vigencia plena de ese tribunal.

Hoy vence la salvaguarda que Colombia estableció hace siete años y que le impedía a la Corte Penal Internacional, CPI, intervenir en la investigación de Crímenes de Guerra cometidos en el país. Eso significa que desde hoy mismo la Corte, y no sólo la justicia colombiana, podrá conocer y, eventualmente juzgar, los crímenes de guerra que se cometan en Colombia o por un nacional.

Para precisar lo que es la Corte Penal, su relación con Colombia y el significado del vencimiento de la salvaguarda, El País habló con el Embajador de Colombia en los Países Bajos, Francisco José Lloreda Mera, interlocutor del Estado ante la CPI, con sede en La Haya.

¿Colombia está siendo investigada por la Corte Penal?

No lo está. La Corte adelanta investigaciones en cuatro países: Uganda, Congo, República Centroafricana y Sudán. Los tres primeros, porque los Estados le refirieron el caso, y en el caso de Sudán, por referencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Pero Colombia está bajo observación desde el 2005, ¿por qué?

Colombia, junto a otros nueve países está bajo análisis preliminar, debido a que la Fiscalía de la Corte considera que se estarían cometiendo crímenes atroces de su eventual competencia. El análisis preliminar no es equivalente a una indagación preliminar. Es un monitoreo al Estado y su sistema judicial.

¿Qué debe ocurrir para que la Corte abra una investigación formal?

Que además de la ocurrencia de crímenes de su eventual competencia, el Estado, con su sistema de justicia, no cumpla con la obligación de investigar y juzgar genuinamente a los responsables de Genocidio, Lesa Humanidad, y ahora Guerra.

Pero, ¿con todo lo ocurrido en los últimos en materia de derechos humanos en el país -- los falsos positivos, por ejemplo-- no hay razón para que la Corte abra una investigación?

No la hay. Pese a las dificultades y los desafíos de la justicia doméstica, no existe una razón para que el tribunal abra una investigación en Colombia en la actual coyuntura. Hay procesos judiciales en marcha, y el Estado tiene la capacidad y disposición para juzgar.

¿Qué significa para el país el fin de la salvaguarda?

Que a partir del primero de noviembre la Corte Penal tendrá competencia plena en Colombia. Desde 2002 la tiene para Crímenes de Genocidio y Lesa Humanidad. Ahora la tendrá también para los de Guerra. Amplía su espectro. Ahora su jurisdicción es plena.

¿Qué implicaciones tiene el fin de la salvaguarda frente a las Farc?

Se le acabó el último cuarto de hora. Lo dilapidaron por soberbios y autistas. A partir de noviembre no solo la justicia sino la Corte Penal los tendrá en la mira por crímenes de genocidio y lesa humanidad, y por crímenes de guerra.

¿Eso cierra las puertas de una negociación de paz con ellos?

No se cierran las puertas a un diálogo. Pero la época en que los acuerdos de paz giraban en torno a las amnistías para los responsables de crímenes atroces terminó. Cualquier negociación tendría que darse bajo otra lógica; bajo un modelo similar a justicia y paz.

¿Qué información específica ha pedido la Fiscalía de la Corte sobre casos en Colombia?

Ha solicitado información sobre los jefes paramilitares y los de la guerrilla, sobre el vínculo del sector político con grupos armados ilegales, crímenes cometidos por la fuerza pública, y relacionada con el apoyo externo o de otros gobiernos a los grupos armados.

¿Los llamados falsos positivos podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad por su magnitud?

El criterio para calificar si son crímenes de lesa humanidad no es su magnitud sino, si los actos son parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento del ataque. La justicia lo determinará.

Los ex jefes paramilitares están todos en la cárcel y contrario a lo que se dice, colaboran más desde que fueron extraditados. Si decidieren no colaborar, peor para ellos; se les aplicaría la pena de 40 a 60 años, además de la pena que purguen del exterior.

Sobre los casos judiciales que implican a gobiernos de países vecinos como el computador de Reyes, ¿la Corte Penal ha pedido información?

Sí. Hace varios meses y por requerimiento de la Fiscalía de la Corte Penal hice entrega de un contenido sobre el particular originado en la Fiscalía General de la Nación. Se recibió y entregó como material de carácter probatorio.

Si fracasa el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares podría darse una gran dosis de impunidad y una ausencia de verdad. ¿La CPI ha manifestado algo al respecto? ¿Podría investigar a futuro el proceso?

En el marco del análisis preliminar que adelanta la Fiscalía de la Corte está el proceso de Justicia y Paz, que pese a sus complejidades, está funcionando. Por eso no tiene sentido hablar de un hipotético fracaso y menos de qué pasaría si ello ocurriera.

¿Cómo decir que funciona si los jefes paramilitares fueron extraditados y no están siendo juzgados allá por los delitos cometidos en Colombia?

El hecho de que en Estados Unidos estén siendo juzgados por delitos relativos al narcotráfico no significa que los procesos contra ellos en Colombia por los delitos cometidos aquí no continúen. Esa es una falacia que ha hecho carrera.

Pero no están colaborando con Justicia y Paz…

Los jefes paramilitares están en la cárcel, aquí o en el exterior, y contrario a lo que se dice, colaboran más desde cuando fueron extraditados. Y si decidieran no colaborar peor para ellos; se les aplicaría la pena ordinaria de 40 a 60 años, además de la del exterior.

¿A los políticos que se les prueben nexos con los grupos paramilitares y con sus crímenes atroces los podría juzgar la Corte Penal Internacional?

Si no lo hace la justicia colombiana. Pero a juzgar por el trabajo realizado por la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, ese escenario no se dará. Esa sería una buena noticia para el país, sin desconocer la importancia de la Corte y su capacidad de ayudar a combatir la impunidad.

¿Por qué sería una buena noticia?

Significaría que nuestra justicia está cumpliendo con su deber. La impunidad de crímenes atroces no se acaba transfiriéndole a otros las responsabilidades inherentes a los Estado salvo que existan razones contundentes para ello, como que la justicia fracasara.

¿Y, si está cumpliendo con su deber?

Sí. Los cabecillas de la guerrilla están condenados, los máximos jefes ‘paras’ encarcelados y confesando, y los miembros de la Fuerza Pública que equivocaron el camino respondiendo. Aquí no hay un Estado fallido, tampoco una justicia colapsada.

¿Para qué sirve la CPI?

¿Cuál es la misión de la Corte y para qué le sirve a Colombia?

En el propósito universal de combatir la impunidad de los crímenes que la humanidad ha considerado como atroces, en la primera línea de combate están las justicias nacionales y en la retaguardia, la Coste PenaI Internacional.

¿Qué significa estar en la retaguardia?

La Corte es un tribunal de último recurso, es decir, de reserva. Sólo se activa en casos excepcionales y en especial cuando las justicias de los Estados que la conforman no investigan, o carecen de capacidad o disposición para hacerlo.

¿Cómo se activa la Corte Penal?

Por tres vías. Cuando uno de los Estados Parte le refiere un caso, cuando lo hace el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o cuando el Fiscal de la Corte, previa autorización de una sala preliminar, considera que debe investigar.

En pocas palabras

“Los cabecillas de la guerrilla están condenados, los máximos jefes ‘paras’ encarcelados y confesando”. Francisco josé lloreda, Embajador de Colombia en La Haya.