Justicia
Aplicarían máxima condena a militares involucrados en 'falsos positivos'
Elpais.com.co-Colprensa
En los juzgados municipales de Soacha (Cundinamarca) se lleva a cabo la audiencia de imputación de cargos contra 6 de los 49 militares involucrados en el reclutamiento y desaparición de 11 jóvenes de este municipio, cuyos cadáveres aparecieron en Ocaña, Norte de Santander.
Los cargos que les imputaron al mayor Marco Wilson Quijano; el teniente Diego Aldair Vargas Cortés y los soldados profesionales Richard Contreras Aguilar, Ricardo García Corso, Carlos Antonio Zapata Roldán y el cabo primero Carlos Manuel González son homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y desaparición forzada agravada a título de coautores.
Adicionalmente se les imputa el delito de falsedad ideológica en documento público solamente al mayor Quijano y al teniente Vargas por presentar informes y organigramas falsos.
Frente a la imputación, los defensores señalaron que no aceptan los delitos de homicidio agravado porque “la víctima (para este caso, Leonardo Porras) estaba armada y tampoco el de desaparicion forzada porque no existe la probabilidad y la víctima no fue obligada a trasladarse sino que lo hizo por voluntad propia” .
Ninguno de los militares aceptó los cargos y por lo tanto continúa la investigación.
Al inicio de la audiencia, la defensa le solicitó al juez municipal del caso, Fernando Sarmiento, nulidad de competencia porque los hechos fueron cometidos en actos del servicio y “deben ser juzgarlos por la justicia penal militar” .
Esta petición fue negada tanto por el procurador delegado como por el mismo juez municipal, pues consideraron que el mismo juez de instrucción militar sustentó que no asumía el caso porque por los hechos, no le compete a esta justicia.
Ante esta decisión no procede recurso de apelación.
El juez Sarmiento señaló que la petición le pareció injustificada y que espera que “la solicitud se haya hecho por desconocimiento y no por temeridad” .
60 años podría ser la condena
En caso de que no acepten los cargos imputados y se compruebe su vinculación con los hechos, sólo por el delito de desaparición forzada, los sindicados podrían pagar una pena de 60 años de cárcel.
El fiscal explicó que por este delito la pena mínima es de 40 años, 480 meses, y la máxima de 60 años, que equivalen a 720 meses.
Por el otro de los delitos que se les acusa, homicidio agravado, la pena mínima sería de 33,3 años, es decir 400 meses, y la máxima también de 60 años.
Por concierto para delinquir para cometer delitos de desaparicion forzada y homicidio, la pena mínima sería mínimo de 8 años y de 27 años la máxima.
Y por el delito de falsedad en documento público sólo para los dos oficiales, la pena de prisión mínima es de 5 años y 3 meses, es decir 64 meses, y la máxima de 12 años, que equivalen a 144 meses.
Sin embargo, el juez de conocimiento es quien debe individualizar las penas.
LOS HECHOS...
El Fiscal delegado explicó la manera de operar de los militares frente a la desaparición de los jóvenes de Soacha. Señaló que tenían toda una estructura para reclutar, transportar y asesinar a las víctimas.
“Para conseguir las potenciales víctimas tenían un acuerdo propio y una estructura organizada para, además, dar los resultados de los 'falsos positivos'. Ellos mismos tenían un fondo para subsidiar el transporte y la alimentación de las víctimas, al igual que para la consecución de las armas que después les eran colocadas a las víctimas en el lugar donde se perpetraban los hehos” .
De acuerdo con la investigación, luego de que los reclutaron, a través de engaños y ofreciéndoles trabajo en otra zona del país, los llevaban a un hotel o a la casa de uno de los militares para hospedarse por una noche y no los dejaban salir.
Al día siguiente los llevaban hacia el supuesto lugar del trabajo y luego de que les quitaban los documentos de identidad, según la Fiscalía, para no dejar rastro, montaban un falso retén.
“La excusa de los militares para dejarlos detenidos era que no poseían papeles; cuando estaban en sus manos, los trasladaban hacia otro lugar donde les darían la muerte” , dijo el fiscal encargado del caso.
Para justificar esta muerte, en los informes militares los presentaban como NN y muertos en combate, además les ponían armas y munición para soportar la supuesta misión que dio lugar a ese operativo.
Según estableció la Fiscalía, los reclutadores cobraban 200 mil pesos y por presentar a cada uno de los supuestos muertos en combate, los altos militares cobraban una recompensa de 1 millón 500 mil pesos.
El Fiscal citó el caso del reclutado y luego asesinado civil Leonardo Porras, en septiembre de 2008, para explicar uno de los hechos por los que se inculpa a los militares.
Explicó que la víctima apereció muerta en combate y reportada con un arma y una pistola sin identificar, según el Ejército.
“Esta persona apareció con una pistola 9 milímetros en la mano derecha, siendo surda” , precisó el Fiscal delegado.
Argumentó que esa víctima fue presentada en los informes como “el bobo” o el “bobito” , porque presentaba una discapacidad que lo inhabilitaba en un 53 por ciento para desempeñar actividades laborales.
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DERIAN / CALI COLOMBIA
ES ESTE PAIS EL QUE ESTA EN CONTRADE URIBE ES GUERRILLERO Y POR ESO LOS MATAN NO ACEPTAN QUE PUEDE HABER GENTE QUE NO ESTA A FAVOR DE UIRBE Y NO ... (Ver Más)
Caleño Preocupado / Cali
Llamemos a las cosas por su nombre; no son falsos positivos, es homicidio en primer grado y lo que es peor: con las armas que le suministró la patria para defendernos. ... (Ver Más)
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