Judicial
756 años de condenas por masacre de Jamundí
Redacción de El País
Condena. Durante la lectura del fallo, los militares se mostraron tranquilos. Cuatro oficiales vistieron su traje de honor. Al inicio de la sesión abrazaron a sus familiares.
Fotos: Álvaro Pío Fernández / El País |
| Quince soldados pasarán el resto de sus vidas en la cárcel por la muerte de diez policías y un civil en Jamundí.
A 54 años de prisión fue condenado el coronel (r) del Ejército Bayron Carvajal Osorio por ser el determinador de la muerte de diez policías de la Dijín y un civil, en hechos ocurridos el 22 de mayo del 2006 en el corregimiento de Potrerito, Jamundí.
Por el mismo hecho fue sentenciado a 52 años de cárcel el teniente Harrison Eladio Castro Aponte, mientras que el sargento Jaime Humberto Montenegro, el sargento José Aurelio Palacios Mosquera, el cabo Élver de Jesús Osorio y los soldados profesionales José Porras Mantilla, Luis Eduardo Carvajal, Wilson Pineda, Julián Pomeo, Mauricio Arcángel Ramírez, Paulo Emilio Riaño, Nelson David Posso, José Geiner Peñaranda, Carlos Fernando Erazo y Julio Cesar Rosero deberán purgar una condena de 50 años cada uno.
El caso Jamundí, un año después
Especial multimedia de Elpais.com.co después de un año de ocurridos los acontecimientos en los que murieron diez policías y un civil en Potrerito, Jamundí. Vea aquí los protagonistas y la reconstrucción de la tragedia.
Ver especial | | Así lo determinó ayer el juez Cuarto Penal Especializado, Edmundo López Guerrero, durante la lectura del fallo condenatorio en el Palacio de Justicia, dando así fin al sonado ‘Caso Jamundí’.
Durante la audiencia, que tuvo una duración de siete horas, el juez López concluyó que los quince militares del Batallón de Alta Montaña No. 3 actuaron con plenos conocimiento y convencimiento, aprovechándose del estado de indefensión de las víctimas.
Señaló que dada la hora en que ocurrió el hecho (5:50 p.m. - 6:20 p.m.) la luz del día era suficiente para observar y distinguir los vehículos en que llegaron los agentes del grupo Comca (Comisión de Cali) de la Dijín con el informante Luis Eduardo Betancourt a la finca La Cristalina, donde sucedieron los crímenes.
Además, los policías portaban chalecos con distintivos de la Dijín, lo que según el Juez, demuestra que los militares sí sabían quienes eran las personas a las que les dispararon.
“Los militares acostumbrados a enfrentar subversivos.... difícilmente podían haber sido sorprendidos bajo el pretexto de que no tuvieron tiempo para identificarlos”, manifestó.
Asimismo, subrayó que por la distancia en que la que se encontraban los policías (a 50 metros) “no se accionan armas sin saber a qué o a quién disparar”.
Para el Juez, también quedó desvirtuada la versión de una llamada ‘Misión táctica Ballesta’, a través de la cual los militares trataron de justificar su presencia en la zona, con el fin de evitar el secuestro de un ciudadano de origen español, según ha dicho Carvajal, y para repeler un ataque terrorista de las Farc.
Eso quedó evidenciado, según el Juez, en que el teniente Castro “usó fusiles y algunas granadas” para enfrentar una acción de la guerrilla. “Si estaba tan convencido, no resulta razonable tanta seguridad para eliminar al enemigo y no solicitar apoyo del grupo Antílope”.
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Para el Juez, fue un traspiés la afirmación del teniente Aponte: “No sabíamos con quienes nos enfrentábamos, asumimos que eran de las Farc”. | | En sus propias palabras
Justicia tenía que hacerse, estaba demostrado con las pruebas recaudadas, este juicio tenía que salir bien. Quedo tranquilo”. Manuel Rodríguez, padre subintendente Julián Andrés R.
El hecho
El caso se presentó el 22 de mayo del 2006 cuando diez hombres del grupo Comisión Cali (Comca) de la Dijín y un civil que les servía de guía fueron emboscados por catorce militares adscritos al batallón de Alta Montaña.
El ataque se presentó en el corregimiento de Potrerito, jurisdicción de Jamundí, justo en un callejón frente al hogar geriátrico Mi Casita, en la parcelación Cristales.
El combate duró 32 minutos, en los que se dispararon 150 balas, 114 de las cuales eran de los militares.
De acuerdo con la Fiscalía, los uniformados atacaron a los policías con armas largas y granadas.
Cayeron todos los atacados.
Lo que no se resolvió
La principal pregunta que en el polémico ‘juicio Jamundí’ no se resolvió fue el por qué los militares mataron a los hombres de la Dijín.
La hipótesis que más sonó fue la participación del narcotráfico, pero esta idea no fue comprobada durante el proceso jurídico.
Esa versión indicaba que los militares protegían una caleta llena de dinero propiedad del narcotráfico, más específicamente del ‘Indio William’, hombre de Diego León Montoya.
La condena más alta
Los 54 años que el juez Edmundo López impuso ayer a Bayron
Carvajal, por considerarlo el determinador del ataque en que murieron diez miembros de la Dijín y un civil, se convirtió en la condena más alta por homicidio que haya recibido un militar en Colombia. De acuerdo con el abogado Víctor Hugo Vallejo, en otras ocasiones se ha aplicado la máxima pena (60 años) a civiles e, incluso, además de cargos de asesinato se han sumado los de secuestro, por lo que se ha aumentado el castigo.
De otro lado, Vallejo explicó que las penas de Carvajal y los otros militares puede no ser cumplida en su totalidad, debido a los recursos de apelación. Además, por actividades como estudio y trabajo durante el tiempo que permanezcan recluidos en la cárcel, los uniformados podrían llegar a purgar tres cuartas partes de lo impuesto. En el caso de Carvajal, serían al menos 27 años efectivos de prisión.
La defensa apeló
“Vamos a interponer los recursos de ley, hay varios registros en los que el juez se equivoca. Insistimos en que no quedó demostrada la teoría del caso de la Fiscalía. Yo pedí 118 registros de audiencia y un gran número de pruebas. Son 130 páginas de la sentencia que tengo que verificar con cada registro de audiencia”, afirmó Yudy Castro, de la Defensoría Militar, quien le pedirá un mes al Tribunal Superior de Cali para verificar los registros de audio.
La abogada sostuvo que el perito de la Fiscalía Nelson Isaza Yepes no logró comprobar las intenciones criminales en los mensajes de texto entre el coronel Carvajal y el sargento Luis Mahecha.
Por su parte, Juan Carlos Carvajal, hermano del coronel (r) Bayron Carvajal, expresó que “esta condena es una cadena perpetua. Sabemos que esto no termina acá, sino que la lucha comienza, en unos años vamos a estar diciendo otras cosas, cuando magistrados den un fallo que revoque lo que el juez ha dicho. Aspiramos que haya más objetividad, porque la argumentación del juez fue llena de supuestos y no de certezas”.
De igual manera, los familiares de los soldados presos insistieron en la inocencia de sus seres queridos y en que primó la presión política en el proceso judicial.
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