Unión Patriótica | 5:36 p.m. | Ampliación
Estado reconoce responsabilidad en asesinato de ex Congresista
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"Aun faltan más responsabilidades por esclarecer tanto de agentes del estado como de paramilitares" , dice Iván Cepeda Castro.
General (R) Harold Bedoya, señalado por Iván Cepeda como supuesto participante en el crimen, aseguró que señalamientos son "infundios y calumnias movidos por intereses sucios y recónditos" .
Manuel Cepeda Vargas
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| Aunque el Gobierno colombiano, en un hecho sin precedentes, admitió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad de agentes del Estado en el homicidio del dirigente de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas, el litigio llegará a su últimas consecuencias para establecer los responsables intelectuales del crimen perpetrado en Bogotá en 1994.
El hijo del inmolado dirigente del Partido Comunista, Iván Cepeda Castro, así lo advirtió al señalar que ese reconocimiento del Estado –el primero en la historia- que busca una "solución amistosa", de todas formas será llevado a las últimas instancias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica.
El propósito de Cepeda Castro, quien con sus propios medios ha encabezado la investigación para esclarecer el homicidio de su padre, es que el tribunal internacional establezca no solo la responsabilidad de altos oficiales del Ejército y de grupos paramilitares, sino que se condene al Estado por este episodio.
Desde Estados Unidos, Cepeda aceptó el reconocimiento hecho por el Estado colombiano de haber omitido la protección a su padre y haber cometido el crimen en cabeza de miembros de las Fuerzas Militares, pero señaló que aún faltan muchas responsabilidades por esclarecer.
"Tenemos la presunción de que detrás del asesinato de mi padre hubo altos mandos militares como el general Ramón Emilio Gil Bermúdez, en su momento comandantes de las Fuerzas Militares, y el general Harold Bedoya Pizarro. Pero también estaría comprometido el jefe paramilitar Vicente Castaño y el ‘Grupo de los Ocho’, mencionado por Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, que serían los que ordenaban los asesinatos selectivos" .
Al enterarse de las declaraciones de Cepeda, el general en retiro Harold Bedoya aseguró que el defensor de derechos humanos tendrá que presentar en los estrados judiciales "las pruebas que dice tener".
Bedoya recordó que desde diciembre de 1993 hasta diciembre de 1994 se encontraba en Washington como jefe de la delegación de Colombia ante la Junta Interamericana de Defensa, adscrita a la OEA. "Estaba desempeñando el cargo de agregado de defensa y por lo tanto, ¿qué responsabilidades podría tener de ese hecho si me encontraba en el exterior?", dijo el retirado oficial.
Sobre la presunción que afirma tener Cepeda en su contra, Bedoya dijo que son "infundios y calumnias movidos por intereses sucios y recónditos" y no descartó una demanda penal por injuria.
"El que calumnia y el que miente lo tendrá que demostrar y seguramente en los estrados judiciales tendrá que aportar esas pruebas que debe tener para decir estas mentiras" , manifestó Bedoya.
"Paras, involucrados”
Cepeda Castro, quien pudo encontrar al principal testigo en el caso de su padre y que condujo a la condena de dos suboficiales del Ejército, los sargentos Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador, pertenecientes a la Brigada 9 con sede en Neiva, dijo que los paramilitares estarían comprometidos en el crimen y señaló que ellos "nunca actuaron por cuenta propia sino que respondían a intereses muy poderosos del país" .
"El caso de mi padre estaba en el contexto del exterminio de una colectividad política, por lo que para emprender una acción de esas dimensiones implica unas estructuras que comprometen con fuerza a varios sectores del país", manifestó este martes Iván Cepeda.
No es la primera vez que el Estado colombiano trata de evitar que el homicidio de Manuel Cepeda Vargas llegue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el 2000 ya había propuesto una solución amistosa en el caso general de la Unión Patriótica, la cual fue rota en 2005 de forma unilateral por las organizaciones que representan los intereses de los familiares de los dirigentes de izquierda asesinados o desaparecidos.
Un crimen con pocas respuestas
El senador comunista de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas, fue asesinado en la mañana del martes 9 de agosto de 1994, dos días después de la posesión del presidente Ernesto Samper, por varios sicarios que se movilizaban en un vehículo Mitsubishi.
El crimen ocurrió al suroccidente de Bogotá cuando el dirigente político del Partido Comunista acababa de abandonar su residencia con destino a su oficina del Senado. Eran las 8 y 20 de la mañana y Cepeda viajaba en un vehículo Montero, de color azul y placas BBZ 824, en compañía de un escolta y su conductor, Eduardo Fierro.
A la altura de la avenida de Las Américas con carrera 74, un vehículo Mitsubishi de color blanco los alcanzó y de inmediato sonaron los disparos.
Fierro, el conductor del dirigente, al escuchar las detonaciones, aceleró el vehículo pero se detuvo metros más adelante cuando el cuerpo sin vida de Cepeda cayó encima de él. La ventanilla del lado de Cepeda, con vidrios polarizados, estaba a media altura, lo que tal vez facilitó la acción de los sicarios que lograron huir.
Iván Cepeda aseguró en su momento que su padre le había comentado que existía un plan denominado "golpe de gracia" destinado a asesinar a dirigentes de izquierda.
A la investigación fueron vinculados Carlos Castaño Gil, como autor intelectual del homicidio, y como coautores Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga, en ese entonces suboficiales activos del Ejército.
El 16 de diciembre de 1999, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a Medina y a Zúñiga, adscritos a la Novena Brigada con sede en Neiva, como coautores del crimen. Esto marca en buena parte la responsabilidad del Estado.
El mismo tribunal absolvió de responsabilidades al desaparecido jefe paramilitar Carlos Castaño al no encontrar pruebas convincentes y fehacientes en su contra, decisión ratificada por la Corte Suprema de Justicia posteriormente.
Castaño, en su libro "Mi Confesión" , reconoció su participación en el crimen de Cepeda. En uno de los apartes dice que "(...) el nueve de agosto de 1994 viajé a Bogotá y dirigí el comando que ejecutó al senador Manuel Cepeda Vargas. Ordené su muerte como respuesta a un asesinato cobarde que perpetró las Farc, fuera de combate. Luego envié la siguiente razón al secretariado: ‘Señores, vamos a matarnos, pero en guerra’" .
Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, argumentó que esta prueba no posee fundamento legal y no fue oportunamente presentada al proceso por lo que ratificó la absolución a Castaño.
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