Seguridad
“El país no aguanta 40 años más de desangre”
“No montamos una red de sapos”, dice Martha Lucía Ramírez. El objetivo es darle a la subversión
golpes contundentes en lo militar y en lo económico”, agrega la Ministra de Defensa.
Archivo / El Pais |
| Para Martha Lucía Ramírez, la ayuda que le están brindando al país los Estados Unidos es fundamental para resolver el problema del terrorismo. Por eso considera injustificadas las críticas por la presunta injerencia norteamericana en el retiro del general Gabriel Díaz.
Cada vez que el Gobierno considere que el interés nacional requiere la salida de un oficial de las Fuerzas Militares o de Policía, o de cualquier servidor público, tomará sin vacilar esa determinación.
Así lo asegura la ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, quien niega que los Estados Unidos hayan presionado el retiro del general Gabriel Díaz, comandante de la II Brigada del Ejército.
Ramírez, eso sí, admite que la colaboración con los EE.UU. es muy estrecha y se queja de "ingratitud con quien nos tiende la mano".
Aunque reconoce el valor de buscarle una salida negociada al conflicto, dice que la suerte del país "no depende de ningún proceso" de paz con los grupos armados irregulares.
Se ha criticado mucho por estos días la supuesta injerencia de EE.UU. en temas de seguridad colombianos. ¿Hasta dónde llega la influencia de Washington en esa materia?
La participación de los Estados Unidos ha sido muy positiva para Colombia, especialmente a la hora de apoyar el Estado de Derecho y para combatir el narcotráfico y el terrorismo. En Colombia a veces somos muy dados a responder con ingratitud a quien nos tiende la mano. Yo creo que toda la ayuda internacional que venga, tanto para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo como también para cualquier proceso con los grupos armados, tenemos que valorarla. Tenemos que utilizarla en la medida que nos convenga; si no, pues no la tomamos.
¿Los Estados Unidos pesan a la hora de definir la continuidad de un general?
La verdad en el caso que encendió esta polémica, el del general Gabriel Díaz, la hemos dicho desde el comienzo: se le retiró del servicio por la facultad discrecional que tiene el Gobierno. Cada vez que el Gobierno considere que es necesario hacer cambios en determinados niveles de las instituciones, invocará esa facultad discrecional. Yo no sé nada sobre la incautación de un cargamento de cocaína, más allá de lo que han dicho los medios de comunicación. Lo importante ahora es que la Fiscalía y la Procuraduría investiguen, y señalar que el caso nunca fue una razón ni una causal para el retiro del general Díaz.
Estados Unidos acaba de expresar su apoyo a los diálogos con las AUC. ¿Cómo ve ese proceso?
Creo que ese, como los procesos que se puedan adelantar con otros grupos, puede darle al país mucha esperanza. Pero por fortuna no estamos dependiendo de un proceso de paz con ningún grupo. Tenemos claro que un diálogo de esa naturaleza contribuye a lograr la salida política del conflicto, pero mientras no haya un proceso en firme, unas negociaciones, seguiremos todos los días fortaleciendo el Estado de derecho con más acciones de la Fuerza Pública
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340 policías y militares han sido retirados del servicio activo este año por disposición del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. | | ¿A poco menos de un año de la llegada de Álvaro Uribe al poder, qué balance hace de la estrategia de Seguridad Democrática?
Es positivo. Hemos logrado, con el liderazgo del Presidente Uribe, que el país defina realmente la seguridad como un objetivo de la Nación. No solamente como una obligación de la Fuerza Pública, sino como una prioridad nacional que es posible siempre y cuando todas las instituciones trabajen coordinadas y los ciudadanos las apoyen.
Así hemos logrado también convocar el apoyo internacional. Es que durante muchos años fue el Estado colombiano el que se encontró permanentemente en entredicho, y los grupos terroristas eran los que gozaban del beneficio de la duda y del favor de mucha opinión internacional. ¿Qué explica esta nueva actitud de la Fuerza Pública, que hasta hace menos de un lustro parecía apenas reaccionar ante los actos de la guerrilla?
La Fuerza Pública entiende cada vez más claramente que éste es el momento de terminar esta guerra, que no podemos seguir otros 40 años dejando que se desangre el país. El objetivo es darles a los subversivos golpes tan contundentes en lo militar y en lo económico -acabándoles el narcotráfico- que podamos devolverles la seguridad a los colombianos. En estos tres años que quedan de Gobierno, ese golpe debe ser tal que las organizaciones terroristas no tengan ninguna alternativa distinta a sentarse a negociar.
¿Está satisfecha con los resultados?
Todavía no es suficiente. Pero es positivo ver una tendencia declinante en todas y cada una de las modalidades delictivas que más afectan a los ciudadanos. La labor de la Fuerza Pública, apoyada por los colombianos a través del pago de los impuestos de Conmoción Interior, ha logrado reducir el secuestro en un 33%; la tasa de homicidios en más de un 20%...
La idea del Gobierno de involucrar más a los colombianos en la estrategia de seguridad recibió muchas críticas. ¿Cree que eso ya se superó?
Mientras sigan existiendo homicidios, secuestros y masacres, habrá motivo para las críticas. Pero el escepticismo que había al comienzo ha cedido. Es que hay un balance positivo en materia de resultados, pero también se han dado cuenta de que no se trata de un Gobierno que esté obligando a los ciudadanos a colaborar, sino de uno que está motivando a todos los nacionales a comprometerse con el trabajo de sus instituciones. Esto no es una red de sapos, como llegaron a denominarla, sino un plan de cooperación voluntaria y responsable.
¿Está dispuesto el país a darse la pela de aprobar normas que han sido duramente cuestionadas en el exterior, como la aprobación de facultades de Policía Judicial para los militares?
La reacción del Estado colombiano contra el terrorismo no tiene que ser solamente a posteriori. Debe ser preventiva. Lo que deben hacer nuestras autoridades no es perseguir a quien cometió el crimen, sino evitar ese crimen. Además del Estatuto estamos trabajando en una ley antiterrorista para definir nuevos tipos penales, nuevas sanciones y un nuevo procedimiento especial y abreviado para los hechos de terrorismo.
Tenemos que anticiparnos a los hechos. Muchas veces, se conoce de la ubicación de los terroristas, pero no hay cómo neutralizarlos porque no hay una orden judicial. Y no se nos puede olvidar que hoy existen más de 250 municipios sin fiscales y sin jueces. Por eso necesitamos las facultades especiales.
Pero, ¿qué garantiza que no se van a presentar abusos?
Tenemos que realizar allanamientos, registros y capturas sin necesidad de autorización judicial, pero siempre condicionados a que esos procedimientos sean notificados a un juez de garantías.
"Exijo porque se necesita"
La Ministra reconoce que las relaciones con la cúpula militar no fueron las mejores, pero dice que los roces ya fueron superados.
¿Cómo andan sus relaciones con la cúpula militar?
A veces la gente se guía más por las cosas de forma que de fondo, se deja llevar por cosas absolutamente nimias. A veces dicen "es que la ministra pelea mucho", y no. Lo que pasa es que la Ministra exige, porque cree que el país necesita más resultados.
Pero ha habido roces...
Creo que simplemente es una experiencia nueva para ellos y para mí, y toda experiencia nueva requiere un ajuste. Creo que he hecho un esfuerzo grande de entender esta cultura militar, de asimilar sus valores, de promover en todo el país el respeto y el compromiso por nuestras Fuerzas Militares y nuestra Policía.Hace unos meses las relaciones no eran tan fluidas, pero esas son dificultades totalmente superadas.
¿Cómo le ha ido 'gerenciando' a las Fuerzas Militares?
La verdad es que no es fácil, porque por su naturaleza se maneja independientemente en muchos aspectos. En materia de austeridad hemos tenido ahorros muy significativos en cosas elementales como el teléfono: nos hemos economizado $600 millones. En el manejo del parque automotor hemos logrado ahorros de más de $2.000 millones.
Redacción de El Pais. Bogotá.
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